Los populares se desentienden de los cobros de dietas de los cuatro ex concejales del GIL en Estepona

El presidente del PP malagueño, Joaquín Ramírez, dijo ayer que su partido no responde de las cuentas pendientes que puedan tener los cuatro ex ediles del GIL de Estepona que a finales de octubre pasado se enrolaron en las filas de su partido y que ahora forman parte del equipo municipal de gobierno del Partido Popular en la localidad.

'El PP no se hace responsable de la etapa del GIL en Estepona, pero si alguien ha cometido alguna irregularidad tendrá que afrontarla', dijo Ramírez en referencia al escándalo que ha desatado un informe del interventor municipal de este ayuntamiento.En ese informe, correspondiente al ejercicio de 1999, se detalla que entre 1995 y ese año, etata de gobierno del GIL, se llegaron a pagar 1.200.000 euros (200 millones de pesetas) de la caja pública a los miembros de las comisiones de coordinación de empresas municipales en concepto de asistencia a las comisiones a pesar de que, según el interventor, las sociedades 'no funcionaron nunca'. Entre los beneficiarios de los supuestos pagos figuran los ediles Juan José Zapico, Lorenzo Guerra, Víctor Sánchez Pinacho y José López, ahora miembros del equipo de gobierno popular.

A pesar de que la presidenta regional del PP, Teófila Martínez, ha pedido que se abra una investigación para conocer el fondo del asunto, Ramírez restó ayer importancia al caso. 'Es un intento frustrado del PSOE de Estepona, aunque legítimo, de deslegitimar un gobierno que funciona y que tiene el apoyo de la ciudadanía', afirmó.

Respecto a la petición de Martínez a los ediles del PP en Estepona de que 'hagan las averiguaciones pertinentes', Ramírez insistió en que 'no hay nada que investigar, aunque si hay alguna irregularidad está todo el mundo a disposición'. El presidente del PP malagueño aseguró que 'aquí no hay nada que no supiéramos del pasado, no se produce ninguna participación más allá de lo razonable de los concejales'. También llamó la atención sobre el hecho de que los informes de la intervención municipal correspondientes a ejercicios anteriores a 1999 hubieran sido aprobados por los ediles socialistas pese a que las dietas por asistencia a las comisiones eran mucho más abultadas.

El presidente del PP de Estepona, Manuel Sánchez Bracho, fue aún más contundente en la defensa de los cuatro ediles afectados y aseguró que 'no se ha cometido ninguna irregularidad'. 'El dinero se repartió en cuatro años y no en 1999 como señala el informe, y en total fueron 30 personas entre concejales y personal municipal las que percibieron distintas cantidades', dijo Sánchez Bracho, quien añadió que disponía de 'información suficiente' para descartar cualquier irregularidad y recordó que los ex ediles del GIL declararon en su día ante el juez cuando se declaró la quiebra de las sociedades municipales 'sin que se detectara ninguna anomalía'.