118 diputados podrán solicitar que la Asamblea les complete la pensión máxima

El acuerdo sobre complementos de jubilación, aprobado por la Asamblea de Madrid el pasado 18 de julio, se aplicará con carácter retroactivo a todos los diputados regionales que lo hayan sido en dos legislaturas desde 1983, año en que fue creada la Cámara madrileña. Mediante este acuerdo, la Asamblea pagará lo que le falte a un parlamentario para cobrar la pensión máxima (en torno a los 1.953 euros al mes). Según fuentes de los propios parlamentarios, los grupos del PP, PSOE e IU han empezado ya a avisar a antiguos compañeros suyos para que soliciten este complemento.

Los legisladores establecieron en su día duros requisitos para acceder a la pensión contributiva máxima (actualmente, 27.347 euros al año). A saber: haber cotizado 35 años y haber satisfecho la cuota máxima los últimos 15 de vida laboral. La base máxima reguladora está establecida en 428.472 pesetas mensuales. La empresa paga un 33,6% de esta base en distintos conceptos. Y a cargo del trabajador se cotiza el 6,4%. En total, unas 170.000 pesetas por 12 meses: unos 2 millones de pesetas al año.

De los cuatro millones de pensionistas de la Seguridad Social, sólo 70.000 gozan de la jubilación máxima. Pero los legisladores han puesto requisitos menos duros para sí mismos. En el caso de Madrid basta con haber sido diputado en parte o en la totalidad de dos legislaturas para acceder -me-diante un complemento- al máximo de la pensión. Los diputados madrileños se suman así a acuerdos parecidos del Congreso, el Senado y otras Cámaras regionales.

El acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid, adoptado el 18 de julio de 2002, establece: 'Con cargo al Presupuesto de la Asamblea de Madrid, pueda resultar complementada la pensión pública de jubilación de aquellos diputados y diputadas que lo hayan sido en dos legislaturas, hasta el límite máximo que para dichas pensiones fija la correspondiente norma anual presupuestaria. Dicho complemento será autorizado por la Mesa de la Cámara, previa solicitud de los diputados y diputadas afectados'.

Abonar la diferencia

El acuerdo supone que la Asamblea abonará a cada uno de los diputados la diferencia entre la pensión que le quede -o le haya quedado en el caso de quienes estén ya jubilados- y la pensión máxima que establece la Seguridad Social para los trabajadores que han cumplido todos los requisitos legales. Es decir, si a un diputado le quedaran 100.000 pesetas de pensión, la Cámara le abonaría otras 224.000 para llegar a la jubilación máxima mensual (actualmente 324.969 pesetas o, lo que es lo mismo, 1.953 euros).

La discriminación con el resto de los trabajadores es evidente si se tiene en cuenta que cualquier otro español que hubiera cotizado 35 años, pero hubiera sido despedido en los últimos años de su vida laboral y, en consecuencia, no hubiera cotizado el máximo, no tendría derecho a cobrar toda la jubilación.

Pero no es éste el acuerdo más positivo de los existentes en el parlamentarismo español. En Madrid, es la Mesa quien decide, a solicitud del diputado. En otras Cámaras se aplica automáticamente, con lo que puede suceder que personas en buena posición cobren, además, la jubilación máxima a cargo de su parlamento.

Los grupos políticos se han negado a informar a cuántos diputados afecta, ni si alguno ya ha pedido la pensión ni el coste que supondría para la Asamblea. Se han escudado en que ésta es una iniciativa que ya existe en otras comunidades. Sin embargo, el Parlamento vasco ha dado marcha atrás ante las críticas que ha suscitado una decisión semejante.

PP, PSOE e IU -que en este asunto han cerrado filas férrea-mente- tampoco han facilitado la vida laboral de sus diputados para poder calcular a cuánto ascendería el coste de este acuerdo. Fuentes de la Tesorería de la Seguridad Social han reconocido, además, que hay instrucciones de no dar ningún dato relacionado con el historial laboral de sus señorías.

Pero no todos los diputados están de acuerdo con lo pactado por la Mesa. Fuentes de la izquierda parlamentaria, que piden mantenerse en el anonimato, han mostrado su disgusto por no haber sido debatido este asunto en las reuniones del grupo. Alguno de estos diputados dice estar dispuesto a renunciar a este complemento.

Las mismas fuentes han señalado que no hay intención de dar marcha atrás y, en algún caso, a nivel particular, los grupos políticos han empezado ya a avisar a diputados de anteriores legislaturas para que soliciten el complemento de la pensión. Una posible solución para terminar con esta polémica consistiría en hacer una reglamentación que abarcara a alcaldes, diputados y sindicalistas.

El secretismo con que se ha llevado este asunto impide aclarar cómo se creará el fondo necesario para afrontar este gasto. En las empresas, en los casos de jubilación anticipada, por ejemplo, hay un seguro que garantiza a los afectados el cobro de este tipo de acuerdos.