Vizcaya se queda sin respaldo legal para el nuevo impuesto de carburantes

Las Juntas Generales de Vizcaya rechazaron ayer, por segunda vez en diez días, la aprobación de la ley que da cobertura al nuevo impuesto de carburantes. La norma, impulsada a finales del pasado año por el Gobierno central para financiar la sanidad, fue también de nuevo desestimada por el PP, quien negó 'urgencia' para aprobarla y abogó por un debate profundo. PNV y EA, los grupos del equipo de gobierno, que fueron los únicos que apoyaron la nueva tasa, aludieron a la 'inseguridad' existente con un impuesto que se cobra efectivamente desde el 1 de enero.

Esta tasa supuso el aumento de cuatro pesetas por litro en todos los carburantes y la potestad de cada autonomía de aplicar otro incremento de entre una y cuatro pesetas a partir del segundo semestre del año. Dada la soberanía fiscal del País Vasco, las Juntas Generales tienen que aprobar normas forales para darle cobertura legal al nuevo impuesto. En Navarra, su Consejo Consultivo dictaminó hace dos semanas que la tasa 'no rige' en la comunidad y que, para su cobro, deberá aprobarse una ley foral o incluir el nuevo impuesto en la negociación en curso del Convenio Económico.

Las tres diputaciones pactaron aprobar la norma en la última reunión del Órgano de Coordinación Tributaria -el foro en el que las instituciones forales y el Gobierno vasco ponen en común y pactan medidas fiscales en desarrollo del Concierto Económico- y Vizcaya ha sido la primera en tramitarla. Sin embargo, tanto en la comisión de Hacienda del pasado día 18 como en el pleno de ayer quedó rechazada con los votos de toda la oposición (PP, PSE, Batasuna y Grupo Mixto).

Urgencia

Carlos Olazabal (PP), que cuantificó en 42,6 millones de euros anuales la recaudación prevista en Euskadi por esta tasa, reprochó a la Diputación la tramitación de la norma 'por vía de urgencia, cuando no la tiene'. 'El PNV tiene prisas inusitadas por meter este dinero en el bolsillo del Gobierno vasco', añadió. Olazabal abogó por un debate para destinar lo recaudado al medio ambiente en Vizcaya y que la norma se apruebe cuando se aborde la Ley de Aportaciones.

El portavoz del PNV, Ina Etxebarria consideró un 'sinsentido' que el PP se mostrara favorable a la norma en el Órgano de Coordinación Tributaria (a través de la Diputación alavesa) y 'luego esté en contra, sólo para levantar la cabeza. Tendrán que explicar su voto. Se están oponiendo a lo mismo que está tramitando' Álava. Agregó que el planteamiento de los populares de trasladarlo a las modificaciones de la Ley de Aportaciones demoraría hasta junio la aprobación de la ley y se preguntó qué ocurrirá hasta entonces. 'Esa inseguridad es su responsabilidad', argumentó.

Eugenio Iriondo, de EA, incidió en que esta materia se acordó en el foro de coordinación y enfatizó que la tasa se destinará a la salud y al medio ambiente, 'en definitiva, a mejorar la calidad de vida'.

La socialista Maite Arana justificó su voto negativo 'tanto en el fondo como en las formas' y calificó la tasa de 'injusta'. Afirmó que su partido, que ha presentado en Madrid un recurso contra el impuesto, lo define como una muestra de una política 'insolidaria y errónea'. Endika Garai, de Batasuna, censuró que este impuesto influirá negativamente en sectores como la agricultura y pesca y se lamentó de que estar 'regalando al Estado español no sé cuántos millones de euros'. José Luis Conde, del Grupo Mixto, dijo que las rentas más bajas son las más 'perjudicadas'.