De plazas y perfiles lingüísticos

La cuestión educativa anda revuelta últimamente: la reválida, la siempre anunciada ley de Calidad, las sucesivas declaraciones de la consejera de Educación acosando a un sector del profesorado que no tiene perfil lingüístico o calificando de 'terrorismo institucional' alguna propuesta educativa del Gobierno central, los exabruptos del delegado del Gobierno en el País Vasco, por no remitirnos a los tristes acontecimientos alrededor de la provisión de una cátedra en la UPV. No quisiera contribuir a un deterioro de la situación ni a elevar el índice de crispación, que ya resulta insoportable. Pero no queda más remedio que salir al paso de dos cuestiones que afectan fundamentalmente a aspectos de gestión de personal de la enseñanza pública no universitaria, tratando de aportar un poco de rigor.

En su comparencia de octubre, al poco de acceder a la consejería de Educación, Anjeles Iztueta presentó unas cifras que contradicen las que ha manejado posteriormente en la prensa, cuando hablaba de buscar ubicación y 'salidas dignas' a 925 docentes que no tienen acreditado el perfil lingüístico. Esta cifra, de tanto repetirse, se puede convertir, como ocurre con las mentiras reiteradas, en algo que se dé por cierto. Pero no es rigurosa. En la mencionada comparecencia aportó datos del curso 1999-2000 referidos al profesorado 'estable', que ella cifraba en 15.510 docentes en la red pública. Pues bien, según sus propios datos 9.643 profesores (62%) tienen acreditado el PL2 (que habilita para la impartición de euskera o para ejercer la docencia en euskera), 1.389 ( 9%) tienen una capacitación básica que les permite relacionarse en euskera (el llamado PL1) y 4.478, (29%) no tiene perfil acreditado. Esta última cifra no cuadra con la que ella está manejando a la hora de hablar de posibles salidas -nunca presentadas en mesa de negociación alguna- a un colectivo que, mucho me temo, es superior cuantitativamente al que menciona. Tampoco cuadra esta cifra con el Informe sobre la situación de la Enseñanza en la CAPV ( 1994-2009) publicado el 27 de mayo de 2001 por el Consejo Escolar de Euskadi; en uno de sus anexos se nos proporciona una tabla, la número 65, titulada Profesorado de la red pública. Perfiles lingüísticos, evolución 1994/95 al 1999/00, en la que son 12.063 (70,9%) los profesores con PL2, 1.269 (7,5%) con PL1 y 3.672 ( 21,6%) con PL cero. En este caso tampoco son 925. Y eso es así no sólo por lo expuesto hasta ahora, sino porque a esa cifra oficial y aportada por la propia consejera en el Parlamento habría que añadir la del personal no estable, es decir, la de los interinos y eventuales que es preciso contratar y que aumentan la plantilla de funcionamiento de los centros de la red pública hasta más allá de las 20.000 contrataciones anuales. Por tanto, para abordar un problema, si es que se puede considerar tal tener en el sistema profesores sin perfil, lo primero que se debe hacer es cuantificarlo.

Días antes de decidir unilateralmente realizar una oferta pública de empleo de 1.352 plazas para los docentes, la consejera había anunciado en la prensa que la cifra que manejaba era de 1.500, que se vería complementada con otras medidas de estabilidad, rejuvenecimiento de plantillas. Se calcula que 4.934 interinos docentes ocupan una plaza vacante de todo un año en este curso 2001-2002. Con esta diferencia, ¿cómo dar por buena la cifra de 1.352 plazas para la OPE anunciada, y cuando sólo dos semanas antes la misma consejera se comprometía a ofrecer 1.500?

Se trata de una OPE que, por su carácter extraordinario, al ser la tercera y última de la LOGSE y cuya convocatoria se ha demorado durante 8 años, debe permitir que los profesores que se han ido incorporando a la docencia en ese periodo puedan acceder a la función pública docente sin restricción alguna, salvo la de titulación. Para ello, de entrada, hacen falta más plazas y que ninguna especialidad quede desierta; esto es posible si se incorporan las plazas que la misma consejera ha anunciado para una próxima OPE o se tienen en cuenta las cubiertas de manera estructural por funcionarios de carrera que se encuentran en servicios de apoyo.

En segundo lugar, es preciso tener en cuenta el perfil lingüístico de las plazas en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros y considerar que, hallándonos en una situación excepcional de la que es responsable -no único, pero sí último- el departamento, se debe permitir que el porcentaje de plazas de PL1 y PL2 se acompase a la situación real en que se imparten las clases. Porque si bien es cierto que la matrícula en los modelos B y D sube, también lo es que esto ocurre en los niveles iniciales (Infantil y Primaria) y que, a medida que avanza la escolarización, aumenta el peso de modelo A o el X; que en la Educación de Personas Adultas la mayoría de la oferta es en dicho modelo, que lo mismo ocurre en Formación Profesional y en las Enseñanzas de Régimen Especial (Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de Música de grado medio y Escuela de Artes).

En el caso de la Formación Profesional, la niña bonita del departamento, donde en estos momentos recala ya casi el 50% del alumnado que ha acabado la Secundaria o están en programas de Iniciación Profesional -oficial y negativamente llamados de Garantía Social-, es evidente que el boom que se ha producido desde 1994 se ha dado fundamentalmente en castellano, esa es la realidad. A pesar de que la normativa establece que para acceder a las listas de sustituciones se debe tener el PL1 o el PL2, se ha tenido que contratar a un profesorado sin perfil, porque si no, los centros de la red pública no podían ofrecer los ciclos formativos. Ahora nos encontramos con una situación un tanto kafkiana, porque estos profesores sí pueden ser interinos, pero no se pueden presentar a oposiciones por no tener perfil. No es justo. Como no lo es que tampoco puedan acogerse a los compromisos de estabilidad con todas las garantías. Se debe considerar esta situación de flagrante injusticia aunque para ello cuente el departamento con el apoyo de STEE, ELA y LAB y se haya cometido la torpeza de reflejar esos criterios en un Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en 1998. En todo caso, un decreto se cambia con otro, si hay voluntad política de arreglar el entuerto; eso nunca debe ser un obstáculo para quienes están instalados en la permanentemente solicitud de cambios jurídicos más ambiciosos.

Por tanto, se hace preciso aumentar el número de plazas en esta OPE, por su carácter extraordinario, posibilitar el acceso con carácter universal, sin más límite que el de la titulación, y arbitrar otra medida para que quienes no accedan al funcionariado tengan un horizonte de estabilidad laboral.

Javier Nogales es secretario de Acción sindical y Política Educativa de CC OO Irakaskuntza.