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La batalla contra el Plan Hidrológico llega a las organizaciones empresariales

El trasvase es un factor clave en las elecciones a la Cámara de Tortosa

Los empresarios de las comarcas del Ebro libran una intestina pero silenciosa batalla política con el trasvase y el Plan Hidrológico Nacional (PHN) como telón de fondo. El pasado jueves por la noche la patronal, la Asociación de Empresarios de las Tierras del Ebro, decidió por un ajustado 64 votos a favor frente 48 en contra, integrarse en el Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro, organismo creado por el PHN que debe gestionar las compensaciones por el trasvase. La decisión se tomó tras una agitada semana, con manifestaciones y cartas de la plataforma a los empresarios.

La batalla tiene visos de librarse nuevamente en las elecciones en la Cámara de Comercio de Tortosa. El sector contrario a entrar en el consorcio, encabezado por el presidente de la patronal y ex dirigente dimisionario de CiU, Rafael Lluís, salió derrotado de una asamblea que registró una altísima concurrencia (votaron más de la mitad de los afiliados). Una alta participación que, según fuentes empresariales próximas a Lluís, es atribuible a un 'desembarco masivo' del empresariado afín a PP y CiU, valedores del consorcio. El presidente, que asumirá la representación de la patronal en el organismo, trató de limar asperezas en tono diplomático: 'No se dio una gran diferencia y tampoco se votaba trasvase sí o no'.

La votación de la patronal tenía un significado relevante tras el rechazo generalizado al consorcio expresado por la gran mayoría de agentes económicos y sociales (sindicatos, entidades y partidos de izquierdas) de las comarcas del sur de Cataluña frente al apoyo recibido por los organismos e instituciones controladas por CiU y PP.

La invitación para la integración en el consorcio no fue dirigida directamente a la Asociación de Empresarios de las Tierras del Ebro, sino a la patronal de las comarcas de Tarragona, lo que levantó las suspicacias de los sectores antitrasvase del entorno de Lluís, quien el pasado mes de mayo dejó sus cargos en CiU por su desacuerdo con el apoyo de los nacionalisras catalanes al PHN.

Finalmente, la patronal de las comarcas de Tarragona optó por ceder la decisión a los empresarios del Ebro. Pero, lejos de arrojar la toalla, los empresarios antitrasvase tienen previsto plantear batalla el próximo abril en las elecciones a la Cámara de Comercio de Tortosa, ente que bajo la presidencia del abogado Valentí Faura, también integrante de la junta de la patronal, se manifestó desde un primer momento ferviente partidario de entrar en el consorcio.

Lluís, que figuró en una lista opositora en los anteriores comicios, ha descartado volver a presentarse frente a Faura pero 'anima' a los empresarios a presentar candidaturas a las vocalías para 'enriquecer el debate' y ganar representatividad territorial.

Otras fuentes empresariales van más allá y defienden la necesidad de copar el máximo número de vocalías para 'modificar el rumbo vertical y presidencialista' del ente, que consideran no ha tenido en cuenta la opinión mayoritaria del empresariado, especialmente el mediano y el pequeño, en el momento de decantarse a favor del consorcio.

Pleno en L'Aldea

El consorcio sigue siendo fuente de conflicto a escala municipal. El pleno del Ayuntamiento de L'Aldea aprobó el pasado jueves, con la abstención de CiU, su rechazo al organismo y el inicio de un proceso legal en su contra. El consistorio presentará la próxima semana un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Tarragona para impugnar la invitación que la ejecutiva ha remitido a todos los municipios para escoger sólo dos con menos de 10.000 habitantes y dos más entre las localidades de mayor población, de forma 'arbitraria', según fuentes municipales.

'Vulnera una norma de rango superior, el PHN, que en su décima disposición adicional afirma que el consorcio estará integrado por todas las administraciones locales de la zona', señalan las mismas fuentes.

Con argumentos similares, el consistorio presentará ante el Gobierno de CiU un recurso de revisión de los estatutos del ente. El director del consorcio y dirigente del PP, Joaquín Fabra, acusó al alcalde de L'Aldea, el independiente Francesc Blanch, de 'actuar de mala fe' y auguró el fracaso de las acciones judiciales.

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