Cardenal permite al fiscal de Baleares pedir que se impute a Matas por supuesto delito electoral
El PP logró la inmensa mayoría de votos de residentes ausentes llegados a Formentera en 1999
La Fiscalía General del Estado, que dirige Jesús Cardenal, comunicó ayer a la Fiscalía de Baleares que 'puede proceder con libertad de criterio' para solicitar al juzgado que investiga el caso Formentera -la supuesta compra de votos con dinero público por parte del Gobierno balear presidido en 1999 por Jaume Matas, hoy ministro de Medio Ambiente- el traslado de la causa al Tribunal Supremo. Los fiscales de Baleares defienden que se cite como imputado a Matas por su supuesta responsabilidad en los hechos que se investigan.
Tres días antes de las últimas elecciones autonómicas celebradas en Baleares, las fuerzas progresistas de Formentera descubrieron un número de votos de residentes ausentes procedentes de los municipios argentinos de Santa Fe y Santo Tomé que no tenía precedentes en otros comicios. Las formaciones de izquierdas sospecharon, sin conocer todavía a qué partido fueron destinados esos sufragios, que alguien quería perpetrar un pucherazo en una isla clave para el futuro del Gobierno balear. En Formentera se juega un escaño que resulta definitivo para inclinar el Ejecutivo hacia el PP o hacia las formaciones de izquierda y nacionalistas. Los 74 votos registrados desde las localidades argentinas favorecieron a la Agrupación Independiente Popular de Formentera, vinculada al Partido Popular. Pese a este apoyo casi unánime, el escaño en litigio fue hacia las fuerzas progresistas, que gobiernan desde entonces en Baleares por 31 escaños a 28. Tres días antes de las elecciones, la coordinadora de asociaciones progresistas (PSOE, IU, Els Verds) presentó una denuncia 'contra quien fuere' por un supuesto delito electoral. El PP atribuyó la pérdida del escaño en Formentera a la campaña que las organizaciones de izquierda desarrollaron sobre un supuesto delito electoral en contra de los populares.
Campañas institucionales
Las investigaciones del juzgado de Ibiza competente sobre este caso revelaron que el Gobierno autónomo había organizado fuertes campañas institucionales de apoyo a los residentes ausentes en Argentina. Algunos documentos de la Administración balear que afloraron tras la investigación inducían a pensar que esas campañas institucionales perseguían la captación de votos a favor del PP.
Tras casi dos años de instrucción judicial, la Fiscalía de Baleares intentó, en abril de 2001, que el caso Formentera se trasladase al Supremo ante la necesidad de tomar declaración como imputado a Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, devolvió la petición a la Fiscalía de Baleares para que siguiera investigando y pidiera la declaración de otros dirigentes del Gobierno autónomo antes de llegar al que fue presidente del Ejecutivo. En los últimos meses, se cumplieron las condiciones de Cardenal. Se tomó declaración a un ex consejero del Gobierno balear y los fiscales volvieron a decidir que era necesario solicitar la imputación de Matas y el traslado del caso al Supremo.
Al recibir esta información, la Fiscalía General del Estado ha decidido no poner nuevas condiciones y autorizar a la Fiscalía de Baleares para que resuelva si debe trasladar el caso al Tribunal Supremo.
En la comunicación dirigida a la Fiscalía de Baleares, Cardenal recuerda que adopta esta postura 'sin perjuicio de que, en esta fecha, pudiera estar superada la afirmación del instructor, en auto de 31-10-2001, que dice que 'las investigaciones relativas a la comisión de estos posibles delitos, o a su inexistencia, están todavía, a pesar de la profusión de diligencias ya practicadas, en una fase preliminar y en todo caso incompleta, por lo que procede profundizar convenientemente hasta conseguir, en lo que de este instructor dependa, aclarar definitivamente la verdad material de lo sucedido'.
El ministro de Medio Ambiente tenía, hasta ayer mismo, dos causas judiciales que podían afectarle por su gestión durante dos años como presidente de Baleares. Una de ellas, relacionada con el supuesto espionaje electrónico a un dirigente socialista, ha sido archivada por el juez.
'Ruido y publicidad'
Respecto al caso Formentera, el PP y el propio Matas lo consideran 'ruido, publicidad, montaje, ridículo, nada, desprestigio, calumnia que algo queda, y la prueba de la desesperación del PSOE'. El asunto de la supuesta manipulación del censo y los votos de emigrantes en Argentina lleva ya dos años y medio de investigación judicial y mereció una comisión parlamentaria balear que condenó a Matas.
El ministro de Medio Ambiente, que siempre se ha mostrado convencido de su inocencia en este caso, atribuye a los socialistas una 'forma de hacer política' fruto de 'la frustración y el fracaso'.
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