Los fiscales de Baleares piden imputar a Matas en el 'caso Bitel'

La Junta de Fiscales de Baleares cree que hay indicios 'suficientes' para que el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, declare como imputado ante el Tribunal Supremo por el supuesto delito de revelación de secretos e interceptación de telecomunicaciones en el caso Bitel, en el que está presuntamente implicado como ex presidente del Gobierno balear. La junta ha enviado un informe al fiscal del Estado, Jesús Cardenal, en el que se pronuncia de forma unánime por elevar la causa al Supremo.

Ésta es la segunda vez que los fiscales de Baleares se manifiestan a favor de imputar a Matas, ya que la misma decisión la adoptaron en el caso Formentera, por el supuesto incremento artificial del censo electoral en esa isla a iniciativa del PP para ganar las elecciones autonómicas de 1999.

El caso Bitel se inició en marzo de 2000 tras una denuncia presentada por los partidos de izquierda y nacionalistas que apoyan al actual Gobierno, que preside Francesc Antich (PSOE), por un supuesto espionaje al correo electrónico de un dirigente socialista, Francesc Quetglas, por parte del PP en el anterior Gobierno insular, que presidía Jaume Matas.

La acusación considera 'probado' que Matas empleó correos electrónicos dirigidos a Quetglas a través del 'pinchazo' del servidor de Internet durante 1998 y 1999, y que permitió al ex presidente del Gobierno de Baleares tener acceso a documentación 'privilegiada' en ese período de tiempo, según declaró el abogado de Quetglas, Antoni Diéguez.

Como ejemplo, el letrado detalla la lectura que Matas hizo de un documento de carácter reservado sobre los planes socialistas con respecto a ordenación del territorio en una sesión del Parlamento de Baleares, 'y que sólo pudo obtenerse a través de la copia de ese correo electrónico', según explica Diéguez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, que investiga el caso, Enrique Morell, ha citado a declarar en el curso de la instrucción a personas vinculadas a la secretaría de Matas, tanto en calidad de imputados como de testigos, y se han realizado pruebas periciales en ordenadores del Gobierno de Baleares.

El juez tiene asimismo en su poder dos peticiones de archivo de la causa, presentada por los abogados Rafael Perera y Diego Wencenblat, que defienden a ex colaboradores de Matas, ya que entienden que 'no se ha probado la comisión de delito alguno'. El consejero de Obras Públicas del Ejecutivo insular, Francesc Quetglas, y dirigente socialista supuestamente espiado en el caso Bitel, ha afirmado que 'es evidente la implicación de Matas en la causa', y precisa que 'debería dimitir para no pasar por el bochorno de declarar como imputado en el Supremo en su condición de ministro del Gobierno español'.

El Partido Socialista de las Islas Baleares difundió ayer un comunicado en el que califica de 'lógica' la imputación 'ya que el ministro Matas debe dar todas las explicaciones sobre este caso'. 'Confiamos en que no exista ningún problema en la Fiscalía General del Estado dada la unanimidad de los fiscales de Baleares. Esperamos que no se impida a los ciudadanos de las Islas Baleares averiguar toda la verdad'.

El abogado que representa al dirigente socialista supuestamente espiado había solicitado al juez de instrucción de Palma de Mallorca que se inhiba a favor del Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de Matas. Justificaba su solicitud reiterando que había indicios 'más que razonables' que probaban la existencia de un supuesto delito de espionaje electrónico cometido por el PP cuando gobernaba en la comunidad.

El portavoz del Partido Popular en Baleares, Joan Flaquer, por su parte, se mostró 'sorprendido' por haber conocido la decisión de los fiscales de Baleares a través de los medios de comunicación, al tiempo que expresó su malestar por lo que considera 'una marcada politización de la justicia en las islas'.