El Gobierno retrasa ahora la transferencia de las políticas de empleo al segundo semestre de 2002

El Gobierno central dio ayer una nueva fecha para el traspaso de las políticas activas de empleo, una competencia que tres ministros de Trabajo del PP han dado por transferida de forma inminente desde 1998 sin que hasta la fecha hayan cristalizado los anuncios. El actual ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, comunicó ayer su intención de convocar de nuevo la comisión técnica que aglutina a la Administración central y la autonómica para ultimar el traspaso para que éste sea efectivo en el segundo semestre de 2002. La Junta da por cerrado el acuerdo desde marzo de 2001.

Esta transferencia, que incluye un amplio abanico de iniciativas para fomentar el empleo (escuelas-taller, servicios de intermediación o programas laborales en corporaciones locales), está enquistada desde 1998, cuando el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, anunció su traspaso para ese mismo año. Posteriormente, otros dos ministros de Trabajo del PP, Manuel Pimentel y Aparicio, también han dado por hecho que el acuerdo estaba cercano. Pero todos estos anuncios se han quedado en agua de borrajas.

De hecho, ayer mismo el Ejecutivo central volvió a dar una nueva fecha para el traspaso. Aparicio, que se reunió en el Senado con la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, y con representantes de los sindicatos y de la patronal de la comunidad, no se atrevió a dar una fecha exacta y apuntó 'como horizonte posible' para el traspaso el segundo semestre de este año. No obstante, añadió a continuación que esta fecha será posible 'siempre y cuando las cosas discurran con la necesaria normalidad y tranquilidad que requieren los procesos de negociación'.

El titular de Trabajo señaló que todavía existen 'algunas diferencias' con la Junta, extremo que la Administración autonómica niega, y apuntó su intención de convocar 'pronto' la comisión técnica que estudia el traspaso.

Tras la reunión, Teófila Martínez dijo sentirse 'muy satisfecha' porque los agentes sociales andaluces 'han podido comprobar que por parte del Gobierno no hay ningún problema en trabajar y coordinarse con Andalucía para llegar a un acuerdo de transferencia de las políticas activas de empleo como se ha llegado con otras comunidades autónomas'.

Menos satisfechos salieron de la cita los agentes sociales, que confiaban en que se iba concretar un calendario para el traspaso, algo que finalmente no ocurrió. El secretario general de CC OO, Julio Ruiz, dijo no estar 'muy eufórico' y apuntó: 'Lo que hemos sacado en conclusión es que hay ciertos desajustes'. Ruiz añadió que Aparicio se comprometió a dar 'cumplida información' de la reunión de la comisión técnica.

Mientras, el secretario general de UGT, Manuel Pastrana, comentó que los 'flecos' que aún quedan por cerrar se refieren al número de trabajadores y oficinas del Inem que serán transferidos, a las diferencias sobre el año fiscal de referencia y al AEPSA, el nuevo PER.

El pasado viernes, el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, recordó que Junta y Gobierno ya llegaron a un acuerdo sobre todos estos puntos en marzo del año pasado. Zarrías indicó que el acuerdo se cerró en 1.670 trabajadores; 190 oficinas del Inem, y que el principal escollo, el AEPSA, se había salvado con un acuerdo por el que ambas administraciones cogestionarían este instrumento.

'Inmediatamente'

Pastrana planteó a Aparicio la necesidad de convocar 'inmediatamente' la comisión técnica para establecer un punto de encuentro entre ambas partes, así como que los agentes sociales estén 'perfectamente al tanto' de como se desarrolla el proceso negociador. Pastrana abogó por acelerar la negociación para que el traspaso sea firme antes del segundo semestre de este año.

Por su parte, el todavía presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), hizo un llamamiento al Gobierno central y al andaluz para que 'no utilicen las transferencias como un tema de confrontación, sino que lleguen a un acuerdo lo antes posible por el bien de los andaluces'.