Arranca la convención europea
No hay duda de que el acuerdo de la cumbre de Laeken de convocar una convención que genere propuestas para impulsar la culminación del proceso constituyente de la Unión Europea, dotándola de una Carta Magna, ha roto con el método exclusivamente intergubernamental, un método que se había revelado incapaz de ser el instrumento eficaz para conseguir avanzar decididamente hacia la plena democratización de la Unión.
La convocatoria de la convención abre nuevas expectativas en el proceso de integración europea y en el reconocimiento del protagonismo participativo de los ciudadanos. Pero el resultado final dependerá, por una parte, de la capacidad del conjunto de los miembros de la convención, y por otra, de los estímulos que sea capaz de generar activamente la sociedad.
Un recuento de los españoles que estarán en la convención da un balance muy favorable a los miembros del PP
Se han dado ya los primeros pasos en la constitución de la convención, es decir, en designar o elegir a los miembros de pleno derecho por parte de los gobiernos, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los parlamentos estatales, así como de los observadores, entre los que están los miembros del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social.
En la cumbre de Laeken los presidentes de los 15 gobiernos acordaron designar como presidente de la convención a Valéry Giscard d'Estaing y como vicepresidentes a Guliano Amato y Jean-Luc Dehaene. Hay que recordar que la presidencia fue asignada en detrimento de la candidatura de Jacques Delors, que muchos europeístas hubiésemos preferido, tanto más cuanto que los primeros pasos de Giscard d'Estaing se relacionaron con reivindicaciones económicas desproporcionadas. Por otra parte, hemos presenciado cómo, pese a la presencia del italiano Amato como vicepresidente, Berlusconi exigió e impuso la presencia de su ministro Fini, de bien conocida filiación política.
El Parlamento Europeo ha elegido ya sus 16 miembros titulares y los 16 suplentes, una delegación en la que están representados prácticamente todos los grupos parlamentarios, presidida por el español Íñigo Méndez de Vigo, militante del PP, y que no cuenta entre los 16 titulares con ningún representante de los socialistas españoles.
Un recuento de los miembros españoles que participarán en la convención con voz y voto da un balance muy favorable a los miembros del PP, que contará con la eurodiputada Ana Palacio, en representación del Gobierno de Aznar; Íñigo Méndez de Vigo, que presidirá la delegación del Parlamento Europeo; Gabriel Cisneros, que representará al Parlamento español, y como observador, en representación del Comité de las Regiones, Eduardo Zaplana. En cambio, todos los otros partidos con representación parlamentaria, salvo el PSOE, que contará con la única presencia de Josep Borrell, no tendrán ocasión de participar directamente en la convención.
Ante este panorama y si tenemos en cuenta que uno de los objetivos definidos en la Cumbre de Niza, que habrá de ser tratado en la convención, es el papel de las regiones en el proceso de elaboración y aplicación de las políticas europeas, no debiera causar extrañeza a nadie que algunos de los partidos catalanes representados en el grupo de la Entesa Catalana de Progrés en el Senado, con sentido de responsabilidad política, hayan reclamado hacer oír su voz a la hora de elegir como representante en la convención a Josep Borrell, miembro de un partido con el que tienen una alianza y, por lo tanto, compromisos mutuos en el grupo parlamentario.
Lo que sí parece sorprendente es que un comentarista tan inteligente como Francesc de Carreras haya considerado las tensiones surgidas entre los partidos comprometidos en la Entesa como fruto de 'un extraño negocio' y que base sus simplificadores argumentos en aplastantes razones de aritmética electoral -sin tomar en cuenta que la democracia es también respeto a las opiniones minoritarias- o que reduzca la dimensión política de la cuestión a gestos de cortesía parlamentaria.
Nadie debería dudar de los valores políticos que adornan a Josep Borrell, pese a que después de su triunfo en las primarias despertara dudas entre los barones de su propio partido. Pero de lo que se trata en esta ocasión es de que su presencia en la convención, ejercida desde una visión de Estado, debería intentar responder también a las aspiraciones plurales que representan las autonomías españolas; en consecuencia, su elección es una cuestión que concernía también a los partidos catalanes, que tienen además una alianza en el Senado con su propio partido.
Contemplar el resultado final de la designación de los representantes españoles en la convención no permite ser excesivamente optimistas sobre su contribución a una solución justa del papel de las regiones en el engranaje democrático de las instituciones de la Unión Europea. Pero la convención, con ser muy importante, no es en sí misma el único instrumento para impulsar dicha participación democrática de las regiones. La opinión pública en Cataluña ha comenzado ya a generar una dinámica de compromiso con la construcción europea y son muchos los encuentros en que, desde el compromiso con el proyecto global europeo, se afirma la voluntad de participación con el valor añadido que supone nuestra identidad nacional. Todos estos actos representan, sin duda, la parte motriz de un proceso que debe llevar al conjunto de la sociedad catalana a manifestar su europeísmo en una convención nacional catalana por una Constitución europea que recuerde con la fuerza de la movilización que, más allá de los legítimos votos de los representantes elegidos o designados, la construcción europea es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los políticos.
Antoni Gutiérrez Díaz es miembro de ICV.
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