La Junta y el Ejecutivo central sellan el acuerdo de financiación autonómica

El acuerdo que establece el nuevo modelo de financiación autonómica para el periodo 2002-2006 se gestó en verano y acabó de definirse en septiembre, pero no fue firmado hasta ayer. Tras las intensas y prolongadas negociaciones, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, no tuvieron empacho en coincidir al calificar de 'día histórico' la fecha de la rúbrica de este texto. No en vano, el acuerdo del Gobierno con las 17 comunidades autónomas permitirá a Andalucía elevar sus ingresos en 6.000 millones de euros durante este quinquenio.

La firma del acuerdo de financiación autonómica significa además la eliminación de la principal fuente de conflictos entre el Gobierno y la Junta desde que, en 1996, el PP tomó el poder en la Administración central. El Ejecutivo andaluz, al igual que Castilla-La Mancha y Extremadura (todas comunidades gobernadas por los socialistas) decidieron no aceptar el modelo que propuso el PP para el quinquenio 1996-2001 al no actualizar el dato de población (se utilizaba el padrón de 1988), la principal variable para repartir el dinero.

La Junta calculó que la negativa del Gobierno a actualizar el censo, la aplicación de un índice de evolución distinto al que se usó para las comunidades que sí estaban en el modelo 1996-2001, el impago anual del 2% (el Gobierno lo retenía por la situación alegal de Andalucía) habían hecho perder a la comunidad más de 4.600 millones de euros (770.000 millones de pesetas) entre 1997 y 2001. Unas pérdidas que llevaron a la Junta a recurrir ante el Constitucional el Presupuesto General del Estado todos esos años.

La percepción del nuevo modelo de financiación autonómica es totalmente distinta. Andalucía arrancó del Gobierno central que equilibrara su posición respecto a las autonomías que habían estado en el modelo anterior con 570 millones de euros (95.000 millones de pesetas). Además, como recordó ayer la consejera de Economía en la conferencia de prensa posterior a la firma se introdujo un dato de población más reciente (1999) para calcular el reparto del dinero y 'el Gobierno se compromete a actualizar anualmente' ese dato.

El nuevo modelo se basa fundamentalmente en ampliar de manera muy importante la capacidad financiera de las comunidades con la cesión de varios impuestos: el 33% del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de los impuestos sobre alcohol, tabacos e hidrocarburos y el 100% del impuesto de matriculación, de electricidad y del nuevo impuesto minorista sobre hidrocarburos.

La cesión del tributo minorista sobre hidrocarburos dificultó a última hora el acuerdo entre comunidades y Gobierno. Con este impuesto, el Ministerio de Hacienda sube en dos céntimos de euro el precio del litro de gasolinas y dejaba a las comunidades la opción de utilizar un tramo autonómico para escalonar una subida idéntica durante los próximos tres años. Hacienda introdujo este impuesto para hacer frente al coste del traspaso de las competencias sanitarias a varias comunidades. Andalucía, como otras comunidades socialistas, no rompió el acuerdo aún estando en contra de esta medida pero anunció que no aplicaría el tramo autonómico. 'La posición de la Junta no ha cambiado', recalcó ayer Álvarez.

La recaudación de estos impuestos (en algunos también se cede la capacidad de cambiar tipos y cuotas) se complementa con un fondo de suficiencia en el que se incluyen variables como superficie, dispersión geográfica, población relativa o población mayor de 65 años que, en general, benefician la aportación andaluza.

Álvarez indicó que no habrá modificaciones en el Presupuesto de 2002 (que registra 1.346 millones de euros más que en 2001 por el modelo de financiación autonómica) y aseguró que había reclamado al ministro de Hacienda la devolución del 2% retenido en los últimos años y el pago de la deuda histórica (120 millones de euros al año).