¿El principio de la impunidad?

El Tribunal Constitucional del Perú, máxima institución encargada de velar por las libertades públicas, ha aceptado un recurso de habeas corpus, ordenando la excarcelación de Luis Bedoya de Vivanco, quien apareció en un vladivídeo recibiendo 25 mil dólares de Vladimiro Montesinos. La sentencia del Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre la acusación de peculado que pesa sobre aquél, sólo sobre las formas del proceso, que, dice, violaron los derechos constitucionales del acusado, quien no debió ir a la cárcel mientras transcurría el proceso que determinará su inocencia o culpabilidad.

Para comprender las razones que han motivado la viva polémica desatada por el fallo del Tribunal Constitucional del Perú, es preciso conocer algunos detalles del asunto. Luis Bedoya de Vivanco es hijo de Luis Bedoya Reyes, un abogado y político peruano de gran prestigio profesional y de impecables credenciales democráticas, que, en su larga trayectoria cívica, sin mancha, se ha ganado el respeto de amigos y adversarios. (Estuvimos juntos en el Frente Democrático en 1990 y en mi libro de memorias El pez en el agua he dicho todo lo bien que pienso de él). Que el hijo del fundador y líder del Partido Popular Cristiano apareciese en un vídeo recibiendo dinero del genocida, torturador, ladrón y golpista número uno de la dictadura fujimorista causó una tremenda impresión en el Perú, pues mostró que la corrupción administrada por Vladimiro Montesinos había contaminado, incluso, a partidos que hacían oposición al régimen (Luis Bedoya de Vivanco era dirigente del Partido Popular Cristiano y su candidato a la alcaldía de Miraflores cuando el infamante vídeo), y al mismo entorno de figuras cívicas de irreprochable conducta democrática.

De otro lado, el Tribunal Constitucional es una institución que, hasta ahora al menos, gozaba de prestigio, pues tres de los magistrados que han aceptado el habeas corpus tuvieron una actitud muy digna cuando la dictadura fujimontesinista y fueron por ello destituidos y escarnecidos por la prensa vasalla del régimen. Esos periódicos, radios y canales de televisión que la mafia todavía controla -desde la sombra e, incluso, desde la cárcel- ha celebrado ahora, ni qué decir tiene, la excarcelación del ex-alcalde, como un gran triunfo de la justicia y la moral, y les faltan adjetivos para elogiar la entereza de esos magistrados que se han atrevido a enmendar, por primera vez, los atropellos que, en su sed de venganza cainita, comete el régimen democrático contra los antiguos servidores, cómplices y socios de Montesinos.

La insolencia con que el fujimontesinismo celebró el fallo del Tribunal Constitucional ha sido desmedida. En tanto que sus abogados demostraban que el excarcelado Bedoya de Vivanco podía reclamar y volver a ocupar la alcaldía que ganó (en elecciones fraudulentas, gracias a la intervención del dinero de Montesinos), sus órganos mediáticos anunciaban que los jueces y fiscales por cuya acción aquél pasó cerca de nueve meses entre rejas serían denunciados y enjuiciados por delitos que podrían llevarlos a la cárcel. Y, por supuesto, buen número de los civiles y militares actualmente en prisión por los robos y exacciones cometidas al amparo de la dictadura preparan recursos de habeas corpus, suponiendo -suposición no gratuita, por cierto- que el fallo del Tribunal Constitucional sienta un precedente que puede excarcelarlos a ellos también.

Ante la tempestad de críticas que este fallo ha levantado -dos tercios de los peruanos lo rechazan de manera rotunda, según las encuestas-, los magistrados del Tribunal Constitucional se han apresurado a asegurar que cada caso es único y debe ser juzgado en sus propios términos, de modo que esta acción de amparo no puede servir de antecedente para otros recursos de habeas corpus. Sin embargo, resulta difícil entender por qué los argumentos que han valido para excarcelar a Luis Bedoya de Vivanco no valdrían también para otros reos que se hallan en situación similar.

El Tribunal considera que había dos razones para no encarcelar a Bedoya durante el proceso: 1) Que no había riesgo de que se fugara, pues estaba colaborando con la justicia, y 2) Que no se había podido establecer si los 25 mil dólares que le dio Montesinos eran 'dineros públicos' o no, pues, si no lo eran, no habría cometido delito de peculado.

Es el segundo argumento, claro está, el que ha hecho correr escalofríos en la espalda de los millones de peruanos que tenían la ilusión de que -¡por una vez en nuestra historia!- los bandidos que se enriquecieron al amparo de la dictadura de Fujimori fueran sancionados por sus delitos. En efecto, el argumento parte de un supuesto que cabe llamar arcangélico: que el extorsionador y criminal que destruyó la democracia peruana y acumuló una fortuna ilícita de cientos de millones de dólares utilizaba, para corromper a los militares, empresarios, periodistas, políticos, etcétera, que servían sus intereses, unos dineros privados. ¿Sus ahorros personales, tal vez? ¿Los que ganó en el noble ejercicio de la abogacía defendiendo a narcotraficantes? ¿Cabe suponer, entonces, que los 25 mil dólares con que subsidió a Bedoya de Vivanco en su campaña por la alcaldía los entregó por razones cívicas y altruistas? ¿Invirtió una suma tan alta de sus modestísimos ingresos personales porque quería que Miraflores tuviera un alcalde de oposición al régimen del que era, con Fujimori, la piedra miliar? Es posible que ese análisis tenga sustento legal, pero no parece lógico. Y sus derivaciones ponen los pelos de punta. Pues, como probablemente es imposible demostrar, en cada caso, que los dineros que manejaba Montesinos para sus tropelías procedían directamente del Estado, este argumento utilizado para excarcelar a Bedoya abre una puerta por la que pueden alcanzar la libertad -y, en última instancia, la impunidad- gran número de quienes, en los diez años de la dictadura fujimorista, saquearon el país y acumularon formidables fortunas que ahora los esperan ganando intereses en los paraísos fiscales del planeta.

No pongo en duda la buena fe ni la competencia jurídica de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es posible que hayan aplicado de manera escrupulosa la letra de la ley, aunque tal vez no así su espíritu. Desde mis ya lejanos años de estudiante de Derecho supe que éste no garantiza siempre la justicia; que, más bien,en muchos casos, sirve para legalizar injusticias, pues su interpretación y aplicación depende más de la habilidad, el ingenio y a veces el genio leguleyo de abogados y juristas, que de lo que prescriben literalmente las normas legales y de las intenciones con que fueron concebidas. No es imposible que en su loable empeño de defender los derechos constitucionales de un ciudadano que aceptó ensuciar sus manos y su nombre recibiendo dinero de uno de los criminales más siniestros de la historia peruana, en los locales del Servicio de Inteligencia -¡institución pública, si las hay!-, los magistrados del Tribunal Constitucional hayan dado un golpe severísimo al proceso anti-corrupción que se abrió con la caída de la dictadura, e inaugurado el camino de la impunidad para innumerables malhechores.

Es por eso que la gran mayoría de peruanos ha recibido ese fallo con indignación, pero no con sorpresa. ¿Acaso no ha ocurrido lo mismo, una y mil veces? Es cierto que la gran mayoría de esas peruanas y peruanos carecen de competencia para responder a las abrumadoras disquisiciones legales y casuísticas con que los magistrados justifican su sentencia. Es verdad; no tienen -no tenemos- la frondosa retórica leguleya con que cualquier jurista o rábula puede, usando la ley como un prestidigitador los pañuelos y los conejos que hace aparecer y desaparecer en la chistera, demostrar la culpabilidad y la inocencia de cualquiera y por cualquier cosa. Pero lo que esos millones de peruanas y peruanos sí saben -sí sabemos- es que en la ya larga historia republicana del Perú nunca ha habido castigo para los aprovechadores de las dictaduras, los que, pasado un cierto tiempo de incomodidades y discreción, volvían siempre a la ciudad, a mostrarse tan campantes, bien forrados con el dinero de sus robos y pillerías, y a menudo a reiniciar, a veces con éxito, sus carreras políticas. Y saben también que en el Perú hay una ley no escrita, pero respetada y practicada desde tiempos inmemoriales, según la cual quienes pertenecen a las buenas familias, y tienen los buenos apellidos, y gozan de las buenas relaciones, reciben siempre, a la larga, gobierne quien gobierne, un trato de favor.

Lo ocurrido en los últimos tiempos en el Perú hizo concebir esperanzas a muchos peruanos de que esta vez no ocurriría lo de siempre, que ahora sí, por fin, habría justicia, y los delitos generados por un gobierno autoritario no quedarían impunes. Gracias al fallo del Tribunal Constitucional, saben -sabemos- que eran demasiado optimistas y que las cosas pueden plegarse también en nuestros días a las costumbres del pasado. Porque, como decía César Moro, aunque en todos los países del mundo se cuecen habas, en el Perú sólo se cuecen habas.

©Mario Vargas Llosa, 2002. ©Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Diario El País, SL, 2002