Los sindicatos votan por primera vez en contra en un dictamen del CES

Los dictámenes del Consejo Económico y Social (CES), elaborados sobre todas las leyes que han sido aprobadas en la Comunidad Valenciana, siempre han contado con la aceptación de todos los integrantes del pleno del consejo. Ayer, por primera vez, se produjo un voto contrario y fue sobre la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana, remitida por el consejero Serafín Castellano. Los sindicatos, tanto UGT como CC OO, votaron ayer en contra del dictamen. Según han manifestado fuentes de ambos sindicatos, el anteproyecto podría ser rebatido por el Consejo Jurídico Consultivo porque, según apuntan, incumple la Ley General de Sanidad, que es de rango superior. Además, los sindicatos también han interpretado la norma que pretende aprobar el Gobierno valenciano como un 'experimento' del PP, que ha tomado la Comunidad Valenciana como 'conejillo de Indias', donde se aprueba, de manera encubierta, la privatización de la sanidad pública.

Existe un punto de la ley que el propio dictamen apoyado por la Administración autonómica, empresarios y representantes de consumidores, de organizaciones agrarias y de cajas de ahorro entre otros, destaca. Se trata de la variación sobre la participación en los consejos de salud sobre la que el propio dictamen señala que 'se aumenta de manera considerable la representación de la Administración autonómica en los órganos consultivos, reduciendo la de las corporaciones locales, organizaciones empresariales y sindicales y asociaciones de consumidores y vecinos'. 'El CES entiende que tratándose de órganos consultivos de participación de la sociedad civil, la participación de la Administración autonómica debería ser equilibrada', añade.

Visión mercantilista

El rechazo de los sindicatos al anteproyecto se centra en otros dos argumentos. Por una parte, en lo que consideran un intento de privatizar la sanidad pública con la aplicación de nuevos modelos de gestión. Mientras que hasta ahora se había hablado de conciertos y fundaciones, la norma del PP incluye la 'concesión administrativa' de todo tipo de servicios. Así, los sindicatos difieren de la equiparación en la provisión de servicios sanitarios entre el sector público y el privado que marca la ley cuando, además, ésta omite la forma en la que han de acreditarse los centros privados concertados. A ello se une la posible consecuencia de 'una fragmentación del Sistema Nacional de Salud', debido a que estas fórmulas no son utilizadas en el resto de servicios de salud.

Los sindicatos rechazan la visión 'mercantilista y economicista' que se hace de la Sanidad que 'introduce la plena y franca competencia mercantil entre los sectores sanitarios público y privado', lo que, a su entender, puede provocar incluso el cierre de centros públicos. Por último, el anteproyecto está dirigido principalmente 'a la curación de las enfermedades, contrariamente a lo que determina la Ley General de Sanidad, que fija como prioritarias la protección y promoción de la salud y la prevención de las enfermedades'.