La juez embarga las cuentas de un inculpado en Gescartera

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ordenó ayer el embargo de todas las cuentas bancarias del representante legal de Hari 2000, Julio Rodríguez Gil, asesor fiscal de clientes de Gescartera y en prisión preventiva desde el pasado 30 de noviembre. La juez Palacios pretende asegurar el pago de la responsabilidad civil y de los daños que puedan derivarse en el caso de que Rodríguez Gil sea condenado.

Julio Rodríguez Gil fue acusado de delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil por los cheques sin fondos que Rodríguez Gil entregó a Antonio Camacho, propietario de Gescartera, por importe de casi 24 millones de euros, y que éste presentó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para justificar que no existía desfase patrimonial.

La juez acordó ayer solicitar información a la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) sobre cuentas abiertas y canceladas por clientes de Gescartera. También acordó citar para el jueves a empleados de Gescartera.

Por su parte, el teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, encargado de la tramitación del caso Gescartera, ha solicitado la plaza vacante de fiscal del Tribunal Supremo, que será cubierta por el Consejo Fiscal en su reunión del próximo martes. A la misma plaza del Supremo, vacante por el nombramiento del fiscal Miguel Colmenero como magistrado del alto tribunal, optan también la vocal del Consejo General del Poder Judicial María Ángeles García; el teniente fiscal de San Sebastián, Juan Galparsoro, y las fiscales de Madrid María Ángeles Gullón y Julia del Rosal. Fuentes fiscales indicaron que si es elegido el teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz seguiría haciéndose cargo de Gescartera hasta que se designe a su sucesor en el puesto.

El Consejo Fiscal también examinará dos escritos del fiscal del Tribunal Supremo Bartolomé Vargas, en los que protesta por su traslado forzoso por orden del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, después de haber solicitado en dos ocasiones que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, declare como imputado ante el Tribunal Supremo. Vargas pretendía esclarecer la relación de Piqué con la venta de la petrolera Ertoil por parte de Ercros, empresa de la que era consejero.