Extranjería, malos tratos y buenas intenciones

El joven ecuatoriano Wilson Pacheco, que apareció muerto en las aguas del puerto de Barcelona tras haberse visto involucrado en una pelea con guardias privados del Maremàgnum, y el solista de trompeta de la Simfònica de Barcelona, el estadounidense Rodney Mack, que sufrió una brutal paliza a manos de policías que le confundieron con un delincuente, son las dos últimas víctimas conocidas de una violencia racista desproporcionada perpetrada por quienes tienen la misión de garantizar los derechos de los ciudadanos. Una violencia que empaña la credibilidad de los cuerpos públicos y privados de seguridad, y que suele salir a la luz cuando el apaleado resulta ser, no un inmigrante sin papeles que supuestamente se resistió, sino un ciudadano honorable, o cuando la aparición de un cuerpo en el mar no se puede justificar con el argumento de que los guardias actuaron en defensa propia.

Si en el curso de la 'aplicación de la violencia indispensable' por unos vigilantes privados para evitar que alguien que molesta entre en un local, este ciudadano cae al mar y aparece muerto, los guardias cometen como mínimo un delito de homicidio involuntario y negativa de auxilio.

Si cuatro agentes de policía que realizan un seguimiento que debe concluir con la detención de un delincuente no son capaces de inmovilizarlo y esposarlo mediante las técnicas que se supone que dominan sin producirle daños múltiples, o los policías carecen de la profesionalidad necesaria o bien golpearon de forma reiterada al presunto delincuente que tenían tumbado en el suelo, y si además esos policías no llevan uniforme, se supone que la persona a la que pretenden reducir puede considerar que se trata de un robo o de una agresión racista, como pudo pensar el trompetista Rodney Mack, detenido por error el pasado 15 de enero en Barcelona. Se supone que el procedimiento policial establece que los agentes deben identificarse y proceder a inmovilizar al sospechoso con la mínima violencia y sin pretender vengarse. Por ello, y a la espera de que la autoridad judicial aclare los hechos, parece que en el caso del trompetista o bien la policía no se identificó con suficiente claridad, cosa que motivó que corriera y se defendiera, o los agentes, convencidos de su supuesta culpabilidad, le propinaron unos merecidos golpes, justificados después por una supuesta actitud violenta del detenido y la habitual resistencia a la autoridad. Lo mismo que argumentan en tantas ocasiones los vigilantes privados. Y evidentemente la palabra de un subsahariano o la de un ecuatoriano que tal vez iba bebido suele valer menos que la de policías y guardias jurados.

Lo que no pudieron prever es que el detenido, además de no ser ni un delincuente ni un 'negro sin papeles', es un prestigioso trompetista de nacionalidad estadounidense. ¿Todo ocurrió por culpa de los nervios del músico, que reaccionó equivocadamente? ¿Habría trascendido este lamentable error si el agredido hubiera sido un inmigrante irregular? Y en el caso del ecuatoriano muerto, ¿habría podido rebatir que los guardias no actuaron en defensa propia si no hubiera sido arrojado al mar y tras ser atendido de la rotura de una costilla hubiera puesto una denuncia contra ellos?

Estos lamentables hechos han coincidido con la dimisión de Àngel Miret, responsable de Inmigración de la Generalitat, que dejó su cargo por la dificultad de cumplir unos objetivos de integración llenos de buenas intenciones, pero imposibles de alcanzar si todas las admistraciones, incluidos los distintos departamentos de la Generalitat, no trabajan coordinadamente con voluntad política y unas dotaciones presupuestarias necesarias. Jordi Pujol ha nombrado en su lugar a Salvador Obiols, antes directivo del departamento deJuventud, tras sondear nombres como el del jesuita Enric Puig, que dirigió hace años Juventud, como el de Ignasi García Clavel, antes responsable de prisiones y ahora de relaciones con las confesiones religiosas, y el del director de Acció Cívica, Josep Lluís Clèries. Personas, tanto la nombrada como las propuestas, de una innegable calidad humana, pero que fracasarán si no tienen los medios económicos y materiales, y la complicidad de los distintos departamentos de la Generalitat -Servicios Sociales, Educación, Interior- y de las otras administraciones, desde la Subdelegación del Gobierno, hasta los funcionarios de policía.

Para que una política integradora de inmigración funcione se necesitan recursos y voluntad política. Nombrar a personas cargadas de buenas intenciones sin los medios ni la voluntad política es abocarlos al fracaso.

Xavier Rius-Sant es periodista.Xavier Rius-Sant es periodista