El PP presiona a colegios de L'Alcora que protestan por la contaminación

El requerimiento notarial, según cita textualmente el documento, es solicitado por el abogado Rubén Ibáñez Bordonau, que también es concejal del PP en Onda, 'en nombre y representación como mandatario verbal del Partido Popular' a la notario Luisa Feijoo Martín para 'personarse' en los centros de primaria Granjel Mascarós, Conde de Aranda y el IES Ximén d'Urrea 'acompañada de un fotógrafo profesional' para tomar instantáneas de la 'existencia de unas octavillas'. Además, el requerimiento insta 'a la dirección' de cada centro a que 'en el plazo de cinco días aporte y deposite en la notaría de Alcora la documentación necesaria referente a la calidad del aire en dicho centro'. El director del IES Ximén d'Urrea, Javier Peris, se quedó 'boquiabierto' al recibir el requerimiento del PP y manifestó que no creía 'que estas cosas fueran posibles en pleno siglo XXI y con tantos años de democracia'. Peris aseguró que 'queda clara' la intención del PP: 'Intenta asustarnos y amedrentarnos para que no acudamos a la manifestación'. Y manifestó su indignación por la 'actitud lamentable y poco valiente tanto de este partido como del alcalde, Francisco Javier Tomás' que no tiene suficiente con 'ocultar datos de contaminación que son evidentes' sino que ahora les pide que demuestren 'la existencia de polución cuando es una tarea que le corresponde'. En el mismo sentido se pronunció el portavoz de la plataforma No a la Contaminació, Antoni Albert, quien quiso dejar constancia de 'las tremendas presiones' que según dijo, están recibiendo desde la Administración local y rechazó 'esta forma de coacción para intentar asustar a los vecinos', aunque 'no lo conseguirán', vaticinó.

El requerimiento notarial del PP provocó las reacciones de los portavoces de la oposición en las Cortes. Joan Ribó calificó la acción de 'alucinante y gravísima' y aseveró que le recordaba 'los tiempos de Franco cuando llegaba la brigada política de la policía'. El representante de Esquerra Unida afirmó que se trata de 'un ataque a las libertades básicas constitucionales como no se hacía desde hace mucho tiempo'.

Asimismo, el portavoz del PSPV, Joaquim Puig, tachó la maniobra de 'antidemocrática' que 'hace pensar en el pasado más rancio'. Puig recordó al PP que 'el derecho a la manifestación es un derecho constitucional' y lamentó que 'se intente amedrentar a quien discrepa', en vez de 'buscar soluciones ante la preocupación' de los vecinos.

Por el PP, el concejal Rubén Ibáñez aseguró que envió al notario 'para que los vecinos fundamenten sus protestas ya que están causando alarma social'.