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El 8% de los contadores eléctricos mide con errores

Alejandro Bolaños

Los contadores eléctricos instalados en las viviendas andaluzas son muy antiguos y, en un 7,9% de los casos, los errores de medición estarían fuera de los límites legales. Éstas son las conclusiones de la campaña de inspección que ha realizado la empresa autonómica Veiasa por encargo de la Consejería de Desarrollo Tecnológico, cuyos resultados fueron presentados ayer por el director general de Industria, Jesús Nieto.

La normativa establece como límite legal un error del 4% por encima o por debajo de la medición exacta. Sin embargo, el estudio de Veiasa sobre 1.599 contadores muestra que un 8% de los aparatos superan este amplio margen de error. En la región, hay instalados dos millones de contadores de los que, según Veiasa, unos 165.000 estarían dando lecturas fuera de la ley.

Nieto recordó que no hay ninguna norma que obligue a las eléctricas a revisar el funcionamiento de los contadores: la inmensa mayoría son propiedad de las eléctricas, que cobran un alquiler al consumidor. Y exhortó al Ministerio de Ciencia y Tecnología a aprobar un decreto para regularizar una verificación periódica, norma que lleva en estudio varios años, y a forzar la sustitución de los aparatos de más de 20 años.

20 años de antigüedad

Según los cálculos de Veiasa, los errores favorables a las empresas les supondrían unos ingresos anuales de 1,3 millones de euros y los consumidores afectados por errores a la baja se habrían ahorrado unos 5,5 millones. Nieto subrayó que estas cifras son 'insignificantes' frente al total de la factura eléctrica regional: 733,8 millones de euros.

La inspección se inició a raíz de un escrito del ingeniero Antonio Moreno, que también denunció a la Audiencia Nacional que las eléctricas habrían estado cobrando alquileres abusivos para un cometido, la sustitución de contadores, que no han llevado a cabo. Moreno, que ayer se coló en la conferencia de prensa, aseguró que la Junta por sus 'relaciones' con el sector eléctrico había frenado dos años la inspección y restó valor al informe de Veiasa al considerar que no se habían seguido todos los requisitos para garantizar la 'neutralidad' de la inspección.

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