Todos los partidos excepto el PP censuran el rechazo del Gobierno a la Carta de Barcelona

El Gobierno catalán y todos los partidos políticos, a excepción del PP, censuraron la decisión del Ejecutivo central de rechazar la aprobación de la Carta de Barcelona, una ley que otorga a esta ciudad unas competencias especiales y que los populares apoyaron en diciembre de 1998 en el Parlamento catalán. Jesús Posada, ministro de Administraciones Públicas, afirmó en el Senado el pasado miércoles que el Ejecutivo no es partidario de una ley específica para Barcelona o Madrid y sí, por el contrario, de una ley de grandes ciudades en la que podrían tener cabida, además de las dos capitales, otras con problemas similares.

La Carta Municipal de Barcelona fue aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Barcelona en julio de 1997. El Parlamento catalán la convirtió en Ley en diciembre de 1998. En ambas instancias contó con el respaldo de los votos del PP. La Ley establece un fuero especial para la ciudad en cuestiones como la financiación, la seguridad y la justicia, el tráfico y el urbanismo, entre otras materias. Estas nuevas competencias para Barcelona requieren la modificación de leyes generales y, por tanto, deben ser aprobadas por el Congreso.

En materia de seguridad, por ejemplo, la Carta establece que será el alcalde el que presida la Junta de Seguridad y además atribuye a la Guardia Urbana funciones de policía judicial. La ley también preveía crear un sistema de justicia municipal de paz para resolver los conflictos de menor entidad entre vecinos. En cuanto a la financiación, establece -en el artículo 167, apartado 2- dos fuentes de ingresos para financiar el transporte público y los gastos de centralidad por medio de una participación del 10% del impuesto especial sobre hidrocarburos y una participación del 5% del IVA.

Todo ello lo empezaron a negociar Barcelona y el Gobierno del PP a finales de la legislatura anterior, momento en el que no se planteó ninguna objeción a la ley especial. Meses después, con la nueva ejecutiva del PP y ya con mayoría absoluta, la comisión mixta -integrada inicialmente por el Ayuntamiento de Barcelona y el ministerio, a los que después se sumó la Generalitat- reanudó las negociaciones, que no llegaban a buen puerto.

En esa situación, las afirmaciones del ministro Posada en respuesta a una interpelación del senador de la Entesa de Progrés Carles Bonet sobre el estado de la aprobación de la Carta de Barcelona han levantado una oleada de protestas en Barcelona. La excepción ha sido el PP, que se ha alineado con el ministro pese a que en su día votó a favor de la ley, primero en el propio Ayuntameinto de Barcelona y después en el Parlamento.

La explicación del ministro

Posada explicó: 'Nos pareció que una ley sólo para Barcelona o Madrid sería de dudosa constitucionalidad y, además, no resolvería los problemas que tienen las grandes ciudades'. En consecuencia, el Gobierno es partidario de una ley general de ciudades. El ministro puntualizó en otro momento de su intervención que la Constitución establece la posibilidad de una Ley de capitalidad para Madrid y que ésta debe ser propuesta por la Comunidad de Madrid, 'lo que me parece que no va a hacer en los próximos meses', añadió.

Ante la nueva coyuntura, el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, afirmó ayer que el Gobierno catalán 'estará al lado del Ayuntamiento de Barcelona para que en Madrid se apruebe' el tramo de la Carta municipal relativo a competencias estatales. Mas expresó su compromiso de 'defender la Carta en las Cortes Generales' como Gobierno' y también a través del Parlament. A pesar de ello, Mas afirmó que las declaraciones del ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, podrían no ser 'una reacción definitiva'. 'Por ello creo que hay que seguir negociando', agregó. 'El Parlament aprobó la carta por un acuerdo amplísimo y es algo que debe ser respetado por Madrid'.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, se reunió ayer con el senador Bonet para preparar la moción que insistirá en la aprobación de la parte general de la ley especial.

Todas las formaciones políticas catalanas se mostraron partidarias de promover iniciativas encaminadas a lograr que el Ejecutivo del Partido Popular apruebe la ley.