La construcción de viviendas protegidas por el Gobierno catalán no llega a la mitad de lo previsto

La vivienda protegida va mal. Incluso peor que mal: los promotores privados no se siente atraídos por un tipo de construcción con precios muy por debajo del mercado y, para colmo, el propio Gobierno catalán incumple sus compromisos. Éstas fueron algunas de las conclusiones que se derivan de las intervenciones de ayer en el Parlament del consejero de Política Territorial, Felip Puig, y el diputado socialista Roberto Labandera.

Puig y su director general de Arquitectura, el arquitecto técnico Damià Calvet, trataron de enmascarar las cifras sumando las viviendas terminadas y las que se hallan en fase de ejecución, pero lo cierto es que, según los propios datos del Gobierno catalán, éste se había comprometido a construir 10.651 viviendas protegidas en un plan de choque para los años 2000-2003. Cubierta la mitad del periodo, el número real de viviendas terminadas asciende a 1.916, lo que equivale a menos del 19% del total, muy por debajo del 50% del tiempo transcurrido. No obstante, Puig aseguró que es optimista y que se llegará al año 2003 cubriendo los objetivos marcados.

En este mismo periodo (los cuatro años que van de 2000 a 2003), el Gobierno de CiU se ha comprometido a que 1.865 de las 10.651 viviendas protegidas fueran para alquiler. Los intentos de saber cuántas de estas viviendas estaban terminadas el 31 de diciembre de 2001 resultaron vanos: Damià Calvet sólo disponía de una cifra: 463 viviendas, sumando las terminadas y las que se hallan el alguna fase del proceso constructivo, cifra también muy alejada del 50%.

Las estimaciones del PSC indican que el número de viviendas de alquiler terminadas sería de unas 200.

El total de viviendas protegidas previstas en el plan de choque era de 42.314, sumando las que debía construir el Gobierno catalán y las de la iniciativa privada. La cifra alcanzada en diciembre tampoco llega a la mitad. Ascendía a 15.815 viviendas, lo que equivale al 38%, según datos facilitados por Puig a Labandera.

El diputado socialista concluyó que el problema es de fondo: el plan de ayudas resulta poco atractivo y el Gobierno catalán debe aportar más dinero para las ayudas a la vivienda que va destinada al sector menos favorecido de la población. Puig aseguró que su Gobierno pondrá dinero sobre el que aporte el plan de la vivienda del Gobierno central.