Un juez investiga al director de Derechos Humanos por una posible incompatibilidad en su cargo

El Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao está investigando, entre otros aspectos del caso, una posible incompatibilidad del director de Derechos Humanos del Gobierno, el letrado Juan José Martínez Leunda, por simultanear su cargo público en el Departamento de Justicia con el ejercicio privado de la abogacía. Martínez Leunda, que no compareció ayer ante el juzgado bilbaíno por un problema en el llamamiento, ha sido citado en calidad de imputado por el juez que investiga su actuación. El director de Derechos Humanos, que presentó el pasado 16 de enero su dimisión, si bien todavía no se ha hecho efectiva, aseguró a este periódico no 'estar preocupado', porque ha 'actuado siempre en base a la ley'.

Martínez Leunda manifestó ayer que no ha recibido notificación alguna del juzgado:'Ni en mi domicilio, ni en el Gobierno, ni en el bufete donde figuro como no ejerciente', precisó. Y aclaró que hoy mismo se pondrá en contacto con el juzgado para anunciar que acudirá 'a declarar motu propio'. Las diligencias previas abiertas por Juzgado de Instrucción 6 de la capital vizcaína tienen su origen en una denuncia presentada a la Ertzaintza en septiembre de 2001 por una antigua cliente de Leunda. Luego, la policía elevó al juzgado de guardia un informe basado en la denuncia de la ex cliente del alto cargo de Justicia.

En la declaración prestada el pasado 15 de diciembre ante el juzgado que instruye las diligencias, la afectada denunció la 'conducta irregular ' de Leunda mientras se hizo cargo de su representación en el caso Herrero, una acusación de estafa por manipulación de cuentas presentada contra un ex directivo de dicha entidad bancaria, que finalmente fue absuelto. En la primera parte de la instrucción del caso se investigó que tras el movimiento millonario de cuentas de la afectada podría esconderse una financiación ilegal del PP, lo que nunca se probó.

'Blanquear dinero'

En su declaración, la afectada reiteró que, aunque canceló sus cuentas en el Banco Herrero en el 1991, según Hacienda ha 'sido titular de cuentas que llaman 'sin remunerar', que eran supuestamente abiertas por el Banco Herrero para blanquear dinero'. Y aseguró que se lo dijo a su abogado y que éste 'no realizó ningún tipo de gestión'. Además, declaró que Leunda 'le fue recomendado en el Servicio de Asistencia a la Víctima por hacer un favor a la declarante'. El Colegio de Abogados de Vizcaya ya abrió a Martínez Leunda un expediente por posible incompatibilidad en noviembre de 2000. La denunciante aseguraba que Leunda actuó como letrado al tiempo que desempeñaba un cargo político en la Administración vasca. Leunda siempre mantuvo que cuando fue nombrado en julio de 1998 director de Derechos Humanos se lo comunicó a su cliente y le pasó el caso a otro abogado, Juan Carlos Celaya. El expediente fue archivado seis meses después al no hallar 'infracción' alguna en la actividad de Leunda, según fuentes del Colegio. La resolución fue recurrida ante Consejo Vasco de la Abogacía, que aún no ha resuelto.

El pasado 11 de enero, la afectada por las supuestas irregularidades del director de Derechos Humanos presentó una reclamación contra Leunda en el citado Colegio por lo que entendía era una 'mala o negligente práctica profesional'. Como aval, la recurrente presentaba la sentencia absolutoria del referido caso Herrero, emitida por la Audiencia de Vizcaya el 27 de diciembre de 2000, en la que el propio magistrado ponente, Eduardo J. Herrero, dedicaba buena parte de la resolución a criticar la labor del abogado de la acusación particular (la denunciante): primero, porque el escrito de acusación era vago, con un 'relato confuso de hechos' y en el que no se conocía 'cuál ha sido el perjuicio' de la denunciante.

Además, el tribunal criticaba que la acusación no hubiera concretado los 'mecanismos comisivos de la falsedad' ni el castigo solicitado, lo que incluso impedía al acusado negociar una 'conformidad'. El Colegio abrió el 21 de enero diligencias informativas sobre la reclamación y ha dado trasladado del escrito a Leunda para que presente sus alegaciones.

En noviembre de 2001 se produjo, sin éxito, un acto de conciliación. Tanto Leunda como Celaya mostraron su 'disconformidad con el relato de hechos' de la ex cliente de Leunda. Ésta asegura, en términos generales, que en su momento hizo una provisión total de fondos de 3 millones y que, 'dada la negligente actuación profesional' del letrado, pedía la liquidación de honorarios.

Leunda presentó el 16 de enero su dimisión para dedicarse al Observatorio por la Defensa de los Derechos Humanos impulsado por el lehendakari, según aseguró a este periódico. 'Mi dimisión no tiene nada que ver con el tema del juzgado', dijo. Fuentes oficiales de Justicia confirmaron que Leunda les anunció que 'dejaba el cargo'.