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La Guardia Civil suprime el arresto domiciliario para frenar el aumento de las bajas psicológicas

El proyecto de reforma de la ley disciplinaria rebaja la dureza de los castigos

Escribir en la pared el título de una canción de Sabina, ensuciar de barro los bajos del coche, mostrar las mangas del jersey por debajo del anorak... Todas estas 'faltas', hoy severamente castigadas en la Guardia Civil, desaparecerán del nuevo reglamento disciplinario que la Dirección General está elaborando para 'adecuar a la realidad' la normativa del instituto armado. Como primera medida se ha suprimido en la práctica el arresto domiciliario. La desaparición definitiva de este castigo y el recorte del poder de los mandos son los ejes de esta reforma, informan fuentes oficiales.

Una comisión de expertos está elaborando las líneas maestras de lo que será el anteproyecto de reforma de Ley Orgánica del Reglamento Disciplinario de la Guardia Civil, cuyos 11 primeros años de vigencia han dejado patentes, según las citadas fuentes, 'errores de aplicación', y que afectará principalmente a los artículos 7 y 8 de la ley, que detallan las faltas leves y graves. Este proyecto de reforma coincide con el incremento de bajas por trastornos psicológicos en 2001 -un total de 1.780, un 27,2% más que el año anterior- y las últimas tentativas de suicidio denunciadas por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUCG). Este sindicato, inscrito como asociación cultural al tener prohibido la Guardia Civil el derecho de sindicación, atribuye las anomalías psíquicas que padecen los agentes al 'rigor extremo' de las normas disciplinarias y al 'uso arbitrario' que algunos mandos hacen de ellas. Los 73.000 agentes que integran la plantilla de la Guardia Civil están sometidos al régimen disciplinario militar, aunque las retribuciones y la organización corresponde al Ministerio del Interior.

Cumple y después recurre

El carácter militar del cuerpo conlleva fuertes sanciones por alteraciones mínimas del reglamento y la posibilidad de recurrir únicamente después de cumplida la pena. Esto lo sabe bien M. J. R. J., una agente del servicio antidroga a quien le dijeron nada más llegar a la comandancia de Laredo (Asturias): 'Si a un guardia civil se le ordena que se tire a un pozo, lo hace. Y si después cree que la sanción ha sido injusta, protesta, pero antes se ha tirado al pozo. En caso contrario, no ha comprendido el espíritu de la Guardia Civil'.

M. J. R. F. se negó el año pasado a colaborar en un control de tráfico, decidido por su jefe de pareja 'sin motivo ninguno'. 'Sólo por el deseo de demostrarme una vez más quién mandaba allí', aduce ella. La negativa le valió la apertura de un expediente por falta grave. La mujer recurrió con la ayuda de un abogado, y este gesto fue interpretado como un desafío por sus superiores. 'No nos gustan los abogados. En la Guardia Civil los trapos sucios se lavan en casa', le dijeron. Fue condenada a cuatro meses de cárcel, que cumplió casi íntegros en la prisión militar de Alcalá (Madrid). Salió el pasado junio con una fuerte depresión.

Ahora, con 29 años, está retirada, al igual que centenares de guardias que han sobrepasado los dos años de baja por alteraciones graves del ánimo. Sólo en Castilla y León hay 20 agentes en esta situación, los más jóvenes con 27 y 28 años.

La prejubilación es una de las medidas que la Dirección General de la Guardia Civil está aplicando para librarse de un problema que lleva años sin resolver. En 1999, tras una fuerte presión por parte del Defensor del Pueblo y de la AUGC -18.000 afiliados-, que alertaron sobre el elevado índice de trastornos, tentativas y suicidios consumados, la Dirección General elaboró un plan preventivo. Aumentó la plantilla de psicólogos y ordenó la retirada del arma al primer síntoma de disfunción, entre otras medidas. Sin embargo, lejos de reducirse las bajas han aumentado, aunque los suicidios consumados han descendido de los 31 en 1994 a 11 en 2001.

Sin embargo, un recuento efectuado por la AUGC entre octubre y enero revela que tres agentes se quitaron la vida en Málaga, Toledo y Granada y 10 lo intentaron en Ciudad Real, Jaén, Málaga, Madrid, Ceuta, Navarra, Guadalajara, Asturias, Bilbao y Jaén. La AUGC atribuye este malestar, que convierte a la Guardia Civil en el colectivo profesional con mayor número de bajas por trastornos psicológicos, a 'la irracionalidad' del reglamento y el 'abuso de los mandos'. La Dirección General así lo reconoce implícitamente con la reforma que acaba de emprender.

Unos y otros consideran 'insostenible' casos como el de R., una joven destinada en La Salve (Bilbao), suspendida de haberes porque se le atribuye haber escrito el título de una canción de Joaquín Sabina en la pared de la garita. O el de un guardia civil de Buriel (Burgos), sancionado por haber embarrado los bajos del coche oficial que llevó a lavar en un día de lluvia a una gasolinera próxima al puesto. En Ledesma (Salamanca), el motivo de la sanción fue 'el tono de rebuzno' que el oficial apreció en la pregunta del agente '¿qué pasa con mis vacaciones?', mientras en Villada (Palencia) el motivo de la sanción fue dejar a la vista la manga del jersey bajo el anorak.

Llamadas en mitad de la noche

Una queja frecuente entre los guardias civiles es la estrecha vigilancia a que son sometidos cuando presentan el parte del psiquiatra o del tribunal médico con el diagnóstico de alteraciones graves del estado de ánimo. La AUGC denuncia que advertencias del tipo 'vete preparando como no te encontremos en casa' son tan habituales, como las llamadas telefónicas por sorpresa a cualquier hora del día o la noche, para ser cogidos in fraganti. La Dirección General de la Guardia Civil admite que hay mandos que, 'aun de buena fe, fiscalizan las bajas porque creen que es un truco' y entiende que 'no deberían hacerlo, puesto que existe un dictamen médico'.Sin embargo, la presión ha llegado hasta el Defensor del Pueblo, cuyo adjunto, Manuel Ángel Aguilar, acaba de pedir explicaciones sobre un agente con desdoblamiento de personalidad que ha sido víctima de numerosos expedientes por 'nimiedades' aun estando de baja. 'Es un contrasentido pretender la curación con persecuciones semejantes. Sólo se consigue que empeore', comenta. Otros guardias civiles que se sienten también víctimas de situaciones vividas como injustas optan por dirigirse al senador socialista Juan Barranco, un político convertido en el interlocutor de hecho dela discriminación económica y la falta de democracia interna que vive la Guardia Civil. Uno de los guardias civiles que han recurrido al senador Barranco es Pedro Santos Álvarez, agente judicial de Palencia que pasó en cuestión de semanas de acumular felicitaciones y medallas al mérito profesional a convertirse en una especie de apestado. Santos, de 46 años, denunció en 1997 supuestas irregularidades en la instrucción de un proceso judicial. Esta actuación le valió la apertura de un expediente tras otro, el más grave por haber permitido a un subordinado que se ausentara unas horas del servicio para presentarse a un examen en la Universidad de Valladolid. Tras meses de lo que él considera 'cruel acoso moral', le piden ahora cuatro meses de cárcel porque le atribuyen haber dicho a un brigada: 'Cínico, no tienes cojones'. Prejubilado por baja psicológica, Pedro Santos espera el indulto del ministro Trillo para no culminar en la cárcel 23 años de vida en la Guardia Civil.

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