La nueva Ley Ambiental prevé multas de hasta 2,4 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, una nueva normativa que endurecerá las sanciones para los delitos cometidos contra el Medio Ambiente. El proyecto, que aún debe aprobarse en el Parlamento regional, estipula unas multas de hasta 2.404.050 euros (400 millones de pesetas) por una infracción muy grave.

Actualmente, la multa más elevada que puede imponer el Gobierno regional por un delito medioambiental es de 50 millones de pesetas. Entre las infracciones muy graves que se incluyen en el nuevo proyecto de ley se cuentan las siguientes: 'Hacer obras o actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental sin haber obtenido la declaración de impacto ambiental positiva' y el 'inclumplimiento de la clausura de establecimientos, de suspensión de actividades, de adopción de medidas correctoras o de restauración del medio ambiente'. Una sanción muy grave acarreará asimismo 'el cierre del establecimiento por un periodo no superior a cuatro años ni inferior a dos'.

Pagar la multa

El consejero de Medio Ambiente, Pedro Calvo Poch, ha previsto, con todo, que la cuantía de la sanción sea siempre mayor que el rendimiento económico de la actividad, de modo que ninguna empresa logre lucrarse por medios que contaminen el entorno. De esta manera, se impedirá que a los infractores les salga más barato contaminar que pagar la multa correspondiente.

El consejero de Presidencia, Manuel Cobo, del PP, señaló ayer, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que la nueva ley también permitirá a la Comunidad actuar de oficio: 'Podremos pedir una evaluación ambiental aun cuando la actividad sospechosa de contaminar no esté incluida en el listado de actividades que, por ley, precisan este trámite. Bastará que la Comunidad lo solicite'. Las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por faltas graves o muy grave 'no podrán obtener subvenciones ni otro tipo de ayudas de la Comunidad hasta haber cumplido la sanción y haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes', según el proyecto de la ley.

Además, las personas que hayan contaminado deberán reparar el daño causado, independientemente de la cuantía de las sanciones impuestas por el delito en cuestión.

El espíritu de la ley responde, según consta en el preámbulo, 'a la creciente preocupación existente por el medio ambiente' por parte de la sociedad.