El Consell recuerda que ceder servicios a los ayuntamientos exige nuevas vías de financiación

La apuesta de José María Aznar por una 'segunda descentralización' que traslade competencias de las comunidades autónomas a los ayuntamientos es bien acogida en abstracto por la Generalitat. Pero cuando se desciende al terreno de la financiación de tales servicios el asunto se complica. El Consell apuesta por establecer exactamente qué servicios debe ofrecer cada administración antes de abordar ningún traspaso. Y recuerda que la cesión de competencias supone una revisión del modelo de financiación autonómica para explorar nuevas vías.

Tanto Eduardo Zaplana como su predecesor, el socialista Joan Lerma, han reiterado que las competencias de Educación y Sanidad fueron transferidas a la Generalitat sin una adecuada financiación. La segunda descentralización que ha decidido impulsar el actual presidente Gobierno amenaza con generar problemas similares. Rita Barberá y José María Álvarez del Manzano, alcaldes de Valencia y Madrid, adviertieron el caso y se rebelaron contra los ministros Jesús Posada y Cristóbal Montoro hace un año en Valencia cuando pergeñaron por primera vez las trazas de la segunda descentralización en una conferencia intermunicipal del PP celebrada hace un año en Valencia.

Vicente Rambla, consejero de Hacienda, asume que el nuevo modelo de financiación autonómica cierra en la práctica el desarrollo del Estado de las Autonomías y se muestra cauteloso a la hora de ceder competencias a los ayuntamientos.

Acepta una 'reordenación' para establecer 'qué servicios pueden ofrecer los ayuntamientos de manera más eficiente'. Explica, además, que los ayuntamientos ofrecen 'de hecho' más competencias de las que les corresponden 'por derecho', en materia de policía local o conservación de infraestructuras, por ejemplo. Y defiende la necesaria 'coordinación' de ciertas políticas desde la Generalitat y sugiere que las corporaciones locales podrían ofrecer 'la última fase' de ciertas prestaciones.

Rambla recuerda también que muchos ayuntamientos no están en condiciones de asumir ciertas competencias y, en todo caso, sostiene que la financiación de tales transferencias debe abordarse sólo en 'segundo lugar'. El responsable de Hacienda indica que en Alemania los ayuntamientos 'participan en el IRPF y otros impuestos' y sugiere que podrían estudiarse modelos similares en España, cambios que exigirían una revisión del actual modelo de financiación autonómica.

Rafael Blasco, consejero de Bienestar Social, defiende la segunda descentralización y afirma que acercar los servicios a los ciudadanos es una forma de 'generar capital social'. 'Todas las democracias avanzadas se consolidan gracias a la participación civil', comenta. Y destaca la importancia de las tareas de 'coordinación' que impulsa desde su área de gestión para compartir 'sin ninguna beligerancia' la prestación de ciertos servicios sociales con las corporaciones locales.

'Si en la Comunidad Valenciana hay 478.000 voluntarios no es gracias a la Generalitat, sino a que ciertos valores asentados en la comunidad son adecuadamente encauzados y canalizados por los ayuntamientos y otras administraciones', añade.

Pero cuando se desciende a las pesetas tangibles, Blasco es tajante: 'Pedir recursos económicos antes de definir las competencias es un planteamiento erróneo de base'.

Otra fuente de la Generalitat pone el dedo en la llaga y recuerda el déficit estructural que entraña la prestación de ciertos servicios. La misma fuente sugiere que no hay ningún problema en ceder competencias a los ayuntamientos si el traspado va acompañado del correspondiente déficit, 'sería una fórmula magnífica para centrifugar la deuda, lo mismo que ha hecho el Estado con las comunidades autónomas'.

Las negociaciones al respecto, en cualquier caso, implican a 17 gobiernos regionales y más de cinco mil ayuntamientos. Rambla apunta que los intereses políticos podrían envenenar cualquier posibilidad de consenso. Pero una fuente municipal del PP recuerda que los ayuntamientos están 'hartos de ser la cenicienta de la casa' en materia de la cosa pública.