El Constitucional anula un auto de Garzón contra el general Cassinello

El Tribunal Constitucional ha anulado una resolución del juez Baltasar Garzón por la que suspendió el recurso del general de la Guardia Civil Andrés Cassinello, imputado en el caso Oñederra (atribuido a los GAL), contra las medidas cautelares limitadoras de su libertad que le impuso el mencionado juez. El auto de Garzón, avalado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, justificó la suspensión del recurso en que la causa estaba declarada secreta.

El caso se remonta a 1996, cuando Garzón imputó el delito de integración en banda armada al general Cassinello, jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil en la etapa de actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El 21 de mayo de ese año decretó la libertad provisional del imputado, pero le impuso la presentación mensual en la Audiencia Nacional y la obligación de comunicar cualquier salida del territorio nacional y de notificar su domicilio actual, así como los cambios del mismo.

Asesorado por el letrado Antonio Bernal, Cassinello impugnó tales medidas ante el propio Garzón, quien admitió el recurso, pero lo dejó en suspenso 'hasta tanto continúe la causa declarada secreta'. El recurso de queja contra aquella resolución fue desestimado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional el 3 de septiembre de 1996, que argumentó, entre otras razones, que las medidas impuestas 'no eran privativas de libertad, sino de las más débiles pensables'.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional anula ambas decisiones judiciales y ampara al general en su derecho a obtener una tutela judicial efectiva, mediante el acceso a los recursos previstos. La sentencia, de la que ha sido ponente Fernando Garrido Falla, razona que 'la paralización del recurso de apelación no se encuentra prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con respecto a las actuaciones sumariales declaradas secretas', sino que existe 'la necesaria compatibilidad entre aquel secreto sumarial y la tramitación del recurso legalmente previsto'.

El abogado Bernal manifestó su satisfacción por el fallo, 'que deja en evidencia el empecinamiento de Garzón y de la Sala, al negar el derecho al recurso porque el sumario estaba declarado secreto', pero denunció 'la absoluta inoperancia de un tribunal que tarda más de cinco años en estimar que se han violado los derechos fundamentales, cuando ya la Audiencia Nacional ha levantado las medidas cautelares que motivaron el recurso'. El caso Oñederra continua sin juzgarse y, según Bernal, el fiscal ha pedido su archivo.