Revisión autocrítica

El catalizador de las críticas y propuestas de reforma más radicales del FMI son las medidas draconianas de ajuste económico que esta institución suele imponer a los países que solicitan su auxilio. Tácita o explícitamente, estas críticas imputan las penosas situaciones económicas asociadas con la instrumentación de los programas del FMI a supuestas perversiones ideológicas o carencias técnicas de los funcionarios que los diseñan y, consiguientemente, consideran que serían evitables mediante una reforma adecuada de la institución.

Desgraciadamente, esas situaciones son en su mayor parte la consecuencia ineludible de la siempre violenta colisión de una economía con una restricción de balanza de pagos. Esto es, el país acude al FMI únicamente cuando no dispone ya de suficientes divisas para adquirir las importaciones necesarias para mantener los niveles de gasto de sus familias, empresas y administraciones públicas. Con FMI o sin él, el país está condenado a sufrir un proceso de ajuste cuya dureza será inversamente proporcional al monto de financiación exterior que pueda recabar de inversores y prestamistas internacionales. El ajuste suele ser doloroso porque el grueso de los flujos de financiación exterior se volatilizan cuando la comunidad financiera internacional pierde la confianza en la economía del país y sólo se recuperan cuando se han enderezado las pautas de política económica que perpetraron dicha pérdida de confianza.

Muchas críticas del FMI parecen ignorar que la restricción de financiación exterior y las circunstancias políticas del país limitan severamente las opciones de política económica. Así, por ejemplo, se ha señalado que el FMI impuso un ajuste fiscal en plena recesión argentina y al mismo tiempo recomendaba políticas fiscales expansivas para combatir la desaceleración económica en Estados Unidos. Desafortunadamente, la política fiscal expansiva es un lujo que no está al alcance de un país que tiene una seria restricción de financiación exterior por la sencilla razón de que no cuenta con las divisas necesarias para pagar el aumento de deuda interna y externa que induciría dicha política. También se ha criticado al FMI tanto por haber exigido aumentos de impuestos en algunos países en recesión como por haber obligado a restringir partidas de gasto público socialmente sensibles en otros, o por alargar la agonía de regímenes cambiarios inconsistentes con la política económica del país. El FMI suele imponer a los países que solicitan su ayuda financiera un límite infranqueable al saldo presupuestario a fin de ceñir el gasto agregado a las posibilidades de producción de la economía. Ahora bien, la combinación de recortes de gasto público y subidas de impuestos para conseguir dicho saldo es fundamentalmente decidida por el Gobierno del país en cuestión. Hay que tener en cuenta además que la necesidad de negociar con el FMI fortalece la posición del ministro de Hacienda del país, que suele aprovechar la ocasión para llevar a cabo recortes de gastos o subidas de impuestos que otros ministros quizá bloquearon en el pasado. El Gobierno intentará adoptar las medidas que menos dañen su imagen ante los electores y siempre podrá presentar las más impopulares como exigencias de la insaciable ortodoxia del FMI. En cuanto a la alteración del régimen cambiario, se trata de una medida que habitualmente tiene efectos redistributivos cuantiosos, inmediatos y muy visibles, sobre todo si una elevada proporción del pasivo de los sectores público y privado está contraído en divisas. Por eso los Gobiernos se resisten a cualquier modificación del mismo y son las fuerzas del mercado las que finalmente emiten el certificado de defunción. El FMI apoyó el régimen de tipo de cambio fijo argentino en el año 2000 -presio-nado sin duda por el comité ejecutivo de la institución, pero sobre todo por la oposición frontal del Gobierno y de la sociedad argentinos a renunciar a la paridad fija con el dólar-, se negó a hacerlo en el 2001 y probablemente termine aprobando ahora un régimen de tipo de cambio flexible si se pone en marcha un programa riguroso de política económica.

Como cualquier otra institución, el FMI no está exento de cometer errores y debe realizar continuamente ejercicios de revisión autocrítica de sus programas de ajuste; tiene por delante, además, una tarea importante para desarrollar e instrumentar estándares de información y normas financieras internacionales que avisen más certeramente de la inminencia de crisis y faciliten las negociaciones necesarias para remontarlas. Claro, que estos avances no contentarán a quienes propugnan reformas esencialmente encaminadas a quitar a los que están para ponerse ellos o a quienes, tanto desde posiciones libertarias como anticapitalistas, quieren debilitar una institución especialmente valiosa para los países menos desarrollados que más dependen de la financiación exterior.

José Luis Feito fue asesor y director ejecutivo del FMI entre 1980 y 1985.