Andalucía es la región española que más territorio aportará a la Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es la gran apuesta europea en conservación del patrimonio natural. Incluida en la Directiva Hábitats, aprobada por los 15 miembros de la UE en 1992, pretende tejer una red de espacios naturales protegidos por todo el continente. Esta iniciativa, que debería estar concluida para 2004, ha sido debatida estos días en la sede mediterránea de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en Málaga.

España será el socio europeo que más suelo aporte a la red de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), con 12,5 millones de hectáreas (el 25% de su territorio). Dentro de España, Andalucía es la región con más patrimonio natural susceptible de ser protegido, con 2,5 millones de hectáreas (el 28,6% de su extensión). Le siguen Castilla-León con 2,1 millones (23,3%), y Castilla-La Mancha, con 1,6 hectáreas (el 20,7%).

El valor natural de Andalucía, según relató la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, no es sólo la amplia extensión de zonas de interés, sino su diversidad. 'Esta comunidad cuenta con 76 de los 105 tipos de hábitats que se dan en el Mediterráneo, y 18 de ellos están catalogados como prioritarios', dijo, y resaltó la necesidad de cofinanciación europea para garantizar la preservación de estos entornos.

Precisamente, el objetivo de la iniciativa es crear una red de espacios naturales protegidos que evite el ritmo actual de degradación a que están sometidos los espacios naturales en un territorio cuya principal característica es la enorme presión de la población humana sobre el medio.

Corredores biológicos

Según Eduardo Galante-Patiño, catedrático de Zoología de la Universidad de Alicante y presidente del Comité Español de la UICN, uno de los aspectos más importantes del proyecto es la inclusión de corredores biológicos para interconectar los espacios protegidos. 'Esta figura asegura el intercambio biológico entre las diferentes áreas naturales, porque si los espacios protegidos se consideran como islas, la endogamia termina causando un empobrecimiento de las especies y, por tanto, la pérdida de biodiversidad', explicó.

Pero añadir a las zonas ya protegidas nuevos espacios de expansión plantea algunos problemas. En España, por ejemplo, según explicó en su ponencia la directora general de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, Inés González, se pasará de cuatro a 11,5 millones de hectáreas protegidas; del 7,6% al 21,78% del territorio nacional, y triplicar la extensión del territorio protegido supone restringir en esas zonas las actividades económicas que puedan contribuir a la degradación del medio natural, algo que puede ser mal recibido por la población de ese entorno.

Por ese motivo, la concienciación y la colaboración de los habitantes de zonas protegidas, y su participación en la gestión de las mismas, es uno de los aspectos que se ha trabajado con más intensidad en el I Foro de Biodiversidad celebrado en la sede de la UICN para el Mediterráneo, en el Parque Tecnológico de Málaga.

Entre el viernes y el sábado, en distintas ponencias, se han evaluado los distintos métodos de gestión de medios naturales empleados en los diferentes países de la UE, desde el Contrato Territorial de Explotación francés, que convierte al agricultor en gestor del patrimonio cambiando el enfoque productivista por el de la sostenibilidad, hasta el Sistema de Calidad español, una iniciativa controlada por la Dirección General de Turismo del Ministerio de Economía que aspira a colocar los espacios naturales entre los destinos turísticos de excelencia, pasando por otros métodos adecuados a cada entorno.

Pero la tarea de concienciación de la población afectada por las nuevas figuras de protección comienza desde las primeras fases del plan, que contempla contactos informativos con los ayuntamientos, agricultores, empresarios, sindicatos y grupos ecologistas para buscar su aprobación, según explicó en su ponencia Ricardo de Castro, técnico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

En fases sucesivas se aspira a que la población local gestione estos territorios, con procesos de selección y formación de personal, fomento de iniciativas económicas acordes con el desarrollo sostenible, actividades que serán seguidas y evaluadas periódicamente por las administraciones responsables de las Zonas Especiales de Conservación.