El TSJ declara ilegal una de las depuradoras que Matas y Zaplana inauguraron el lunes

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, dictada el pasado 15 de enero, declara ilegal el proyecto y la ejecución de la depuradora de San Fulgencio, una de las seis obras inauguradas el pasado lunes por Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente, y Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, dentro del plan para sanear el río Segura. La sentencia constata que la depuradora se encuentra a menos de 400 metros del núcleo urbano, frente a los dos kilómteros que exige la ley, lo que en principio obliga a su demolición.

Jaume Matas, Eduardo Zaplana y el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, inauguraron el pasado lunes seis depuradoras en la cuenca del Segura (tres en la autonomía vecina y tres en Alicante), con el fin de mejorar la calidad de las aguas de uno de los cauces más contaminados de Europa. Sin embargo, una las estaciones, situada en la localidad de San Fulgencio (La Vega Baja), es contraria a derecho, según ha dictado la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ.

La sentencia anula el acuerdo de la mancomunidad de municipios que impulsó la construcción, por lo que los mandatarios populares cortaron la cinta de una depuradora ilegal. El recurso contra la depuradora, aprobada por la mancomunidad, la Generalitat y el Ayuntamiento de San Fulgencio, fue presentado por una asociación de vecinos que alegó que incumplía el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

La ley prevé que este tipo de obras y actividades deben situarse a una distancia mínima de 2.000 metros del núcleo urbano más próximo. Sólo en casos excepcionales puede rebajarse esta distancia y siempre tras un informe favorable de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, dependiente de la Consejería de Obras Públicas. El emplazamiento de la depuradora, según el TSJ, dista tan sólo 360 metros de la urbanización El Oasis de San Fulgencio. Además, el proyecto, aprobado en mayo de 1995 por la Generalitat, no contaba con el informe preceptivo de los servicios técnicos.

La sentencia concede 10 días para la presentación de un recurso al Tribunal Supremo, hecho que ayer aún no se había producido. Superada esta fecha sin que mediara recurso la sentencia sería firme y la obra podría ser derruida. El gabinete de abogados Gómez Barroso, que ha tramitado la denuncia de la Asociación de Vecinos El Oasis, afirma que existen dos precendentes de derribo de depuradoras ilegales, uno en Madrid y otro en la localidad murciana de Lorca.

Un portavoz vecinal, José Rovira, lamentó ayer que 'el caso haya llegado a los tribunales, sobre todo porque se ha perdido mucho tiempo y dinero' que han pagado 'los contribuyentes'. El presupuesto inicial de la obra ascendía a 3.600.000 euros.

La depuradora de San Fulgencio es un proyecto de la Mancomunidad para la Depuración de la Margen Izquierda del Río Segura, formada por los municipios de Catral, Dolores, Albatera, San Isidro, Daya Vieja, Daya Nueva y San Fulgencio. La obra fue impulsada en 1995 por la alcaldesa de esta última localidad, la independiente María Teresa Serres, que gobernaba con el apoyo del PSPV. Entonces, antes de su aprobación, el colectivo de ciudadanos de San Fulgencio comenzó a protestar por el futuro emplazamiento de la depuradora. La oposición vecinal llegó a tal extremo que la alcaldesa se comprometió a estudiar un cambio de ubicación.

Pero las elecciones municipales, ese mismo año, supusieron un cambio de color en el Consistorio. Llegaron los populares, 'que olvidaron la promesa', según los vecinos. La asociación de la urbanización El Oasis inició movilizaciones y presentó ante el TSJ la impugnación del acuerdo que permitió la obra. El Ayuntamiento de San Fulgencio está ahora gobernado por el PSPV. Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión de la alcaldesa, Trinidad Martínez.

Por otro lado, el colectivo Pro-Río Segura de Orihuela aseguró ayer que las nuevas depuradoras 'no funcionarán' en Murcia, ya que 'las industrias realizan vertidos al alcantarillado que estropean el tratamiento biológico de la depuradora'. Pro-Río señala que la mayor de ellas, situada en la pedanía de Llano de Brujas y capaz de sanear 100.000 metros cúbicos de agua al día, se verá afectada por este problema.