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Editorial:

Rodillo judicial

El nombramiento, por primera vez, de una mujer magistrada en el Tribunal Supremo no ha podido ocultar que la actual mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial haya roto el consenso institucional -equilibrio entre mayorías y minorías- en la designación de candidatos para ocupar las plazas vacantes del alto tribunal y, en general, en la política de nombramientos de los órganos jurisdiccionales. Ese equilibrio interno, acorde con la composición del propio Consejo, siempre había sido respetado hasta ahora. En esta ocasión, el sector conservador ha optado por copar con sus candidatos las cuatro vacantes del Supremo -dos en la Sala de lo Penal, una en la de lo Social y otra en la de lo Contencioso-administrativo-, sin dar opción a ningún candidato propuesto por la minoría.

En este aspecto crucial, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, nombrado en octubre pasado, resucita 20 años después las prácticas corporativas del primero -1980 / 1985- dominado por la derecha judicial: promocionar a los de su cuerda a los cargos judiciales vacantes, sin el más mínimo respeto por la pluralidad ideológica y asociativa existente en la judicatura. Los socialistas consideran que ese comportaniento viola el espíritu de consenso que animó el pacto sobre la justicia. Y tienen razón. Pero lo ocurrido no deja de ser el corolario previsible del método que siguieron los dos partidos mayoritarios para la renovación de cargos institucionales, que ya supuso una ruptura fáctica del acuerdo. Su máxima preocupación entonces fue repartirse las vocalías con personas de su confianza política en lugar de intentar consensuar nombres aceptables por ambas partes. Uno de los efectos es un Consejo con dos campos claramente delimitados, en los que la solvencia profesional pasa a un segundo término. Vuelve a frustrarse, una vez más, la esperanza de que el cambio en el procedimiento en la designación de aspirantes, con participación directa del colectivo judicial, diera lugar a un Consejo verdaderamente de consenso, como quiere la Constitución al exigir mayoría cualificada para los nombramientos.

Es pronto para predecir las líneas de su comportamiento futuro, pero el precedente es muy inquietante.Un órgano constitucional dividido y en el que la mayoría impone su criterio por sistema se convierte en algo muy diferente a lo previsto por el constituyente. La minoría se ha sentido burlada y con razón. Y más cuando el presidente del Consejo, al que dicho grupo de vocales había solicitado su mediación, ha respondido aportando su voto al rodillo conservador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de enero de 2002