Se buscan trabajadores discapacitados
Una lavandería industrial financiada en parte por la Comunidad ofrece empleo a personas con minusvalía física y mental
Julio José Higueras, un joven discapacitado de 25 años, dice tener una fórmula infalible para que le alcancen las algo más de 76.000 pesetas que recibe cada mes como trabajador del Centro Especial de Empleo de la Fundación Gil Gayarre, en Pozuelo: 'Salir poco y gastar poco'.
Julio es uno de los 29 trabajadores que posee el servicio de lavandería industrial del centro, en el que se ha realizado una ampliación con un presupuesto de 960.000 euros (160 millones de pesetas) y a cuya inauguración oficial asistió ayer el consejero de Trabajo, Luis Peral, así como algunos de los miembros de su equipo.
Fue una sencilla ceremonia que pretendía exhibir con orgullo un logro, tanto de la consejería de Trabajo como de la Fundación Gil Gayarre, para alcanzar la inserción social de las personas discapacitadas. Pero un episodio del pasado se coló en el acto mientras se producía la inauguración de la nueva nave: esos mismos empleados que ayer se mostraban felices por su nuevo sitio de trabajo eran los mismos que en julio de 2000 denunciaron los malos tratos psicológicos y laborales a los que supuestamente les sometían el director y una encargada de Artesa, la empresa que gestiona el centro.
'Ahora estamos a gusto. Pero realmente lo pasamos mal', recordó Julio mientras observaba cómo se ponía en marcha una de las enormes lavadoras instaladas en la nave. 'Menos mal que tuvimos suficientes agallas para plantear la situación. Fue muy difícil', recordó Manuela Chamizo, de 40 años, otra de las empleadas del centro. Y añadió: 'Una vez me obligaron a cortarme el cabello porque decían que la ropa se llenaba de pelos'.
Como esta, abundaron las historias salpicadas de dolor contadas por los trabajadores. El director general de Trabajo, Javier Vallejo, admitió la crudeza del episodio de 2000, pero a continuación explicó: 'Si la situación no hubiese cambiado, ni el consejero de Trabajo ni yo estaríamos ahora en este lugar'.
Tras las denuncias de los empleados, una investigación en la empresa Artesa llevó a la destitución tanto del gerente como de la encargada del centro. La consejería de Economía, que en entonces poseía todavía las competencias en materia de Trabajo, levantó dos actas de infracción por 2 millones de pesetas y efectuó varias inspecciones cuyo resultado obligó al director general de Trabajo a suprimir las subvenciones que percibía la fundación. 'Aquél episodio nos afectó muchísimo', reconoció Álvaro Rey Manzanares, el director general de la fundación. 'Yo no puedo decir que hubiera abuso de poder por parte del antiguo gerente, pero por las investigaciones que hemos hecho podríamos inclusive llevar este asunto a los tribunales. De todas maneras en este momento nuestro principal interés es manifestar la mejoría', afirmó vehemente Rey Manzanares. Y los trabajadores -al menos eso es lo que se desprendía de sus palabras- parecían darle la razón.
'En aquella época lo pasamos muy mal. Era horrible. LLegaron a decirme que no valía para nada y me hicieron llorar varias veces', contó Antonio Dorado Esteban, otro de los empleados. 'Pero desde que no están ellos [el antiguo director y la encargada] estamos mucho mejor', agregó.
Manuel Alba, de 51 años, uno de los más veteranos en la lavandería, piensa de forma similar: 'Con un sueldo como el que tengo vivo muy apurado; pero intentamos arrreglarnos entre lo que gana mi madre como pensionista y lo que recibo yo'.
El director general de Trabajo asegura que la consejería estudia pagar primas de antigüedad por trienios y quinquenios a los empleados de la lavandería. De momento, el principal objetivo del centro, según su actual director, Felipe Garrán, es ampliar la plantilla de 29 a 55 trabajadores.
La ampliación de la plantilla dependerá de la producción que alcance la lavandería, que en la actualidad procesa 3.000 kilos diarios de ropa. La meta es llegar a los 6.500 kilos. 'Esperamos poder atraer más clientes', afirmó Garrán. La bolsa de trabajo para los futuros empleados estará abierta a través de la fundación y mediante la presentación de currículos particulares.
'Objetivos pendientes'
Los centros especiales de empleo están concebidos para dar trabajo, al menos en un 70% de su plantilla, a personas minusválidas a las que se pretende incorporar a la sociedad de la mejor forma posible.
El centro de la Fundación Gil Gayarre, -en funcionamiento desde hace 40 años-, nació en 1990 como uno de los 'objetivos pendientes' de esta organización que aúna educación y talleres para personas con discapacidad física y psíquica. En total, la fundación atiende a 500 personas en tres sedes repartidas entre los municipios de Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes.
La Comunidad ha costeado cerca del 31% (alrededor de 49,6 millones de pesetas, 298.102 euros) del total del presupuesto para dotar a la nueva lavandería. El resto de la inversión ha partido de la Fundación ONCE y de donaciones particulares. El centro especial de Empleo de la Fundación Gil Gayarre también forma trabajadores para los sectores de jardinería, administración y limpieza de locales. En este último ámbito, la propia consejería es uno de sus clientes.
Dos programas de ayudas
La ayuda a la inserción laboral de los trabajadores discapacitados es uno de los puntos que más preocupan a la Consejería de Trabajo. Para fomentar el empleo entre estas personas, el Gobierno regional ha aprobado dos programas de ayudas: Integración Laboral del Minusválido en Centros Especiales de Empleo, con una dotación presupuestaria de 17.667.730 euros (2.939 millones de pesetas) y el Programa de Fomento de la Contratación Indefinida de Trabajadores Minusválidos por empresas ordinarias. En este plan, que cuenta con un presupuesto de 5.276.886 euros (870 millones de pesetas), se prevé el pago de 3.906,58 euros (650.000 de pesetas) a aquellas compañías que contraten a minusválidos de forma estable y de 901,52 euros (150.000 pesetas) para las que adapten puestos de trabajo a las necesidades de personas disminuidas. En Madrid hay 124 centros especiales de empleo de los que se benefician 3.533 trabajadores. La Comunidad subvenciona el salario de estos empleados en un 50%. Los centros deben poseer unas 'condiciones especiales': entre otras, que las plantillas estén formadas por trabajadores con minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o psicóticas.
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