Educación modificará de nuevo el proyecto de los consejos sociales

Todo apunta a que el director general de universidades, Salvador Forner, trata de lograr que el desarrollo autonómico de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) se parezca lo menos posible al proceso de aprobación de la propia ley, contestada públicamente hasta niveles desconocidos desde la transición democrática. El ambiente que se respiraba ayer en la reunión mantenida con rectores y presidentes de consejos sociales, con las bases de la aplicación de la ley sobre la mesa, y la inclusión en su agenda de reuniones con representantes sindicales y de estudiantes este mismo mes, así lo da a entender.

Hubo unanimidad, según señaló el rector de la Universidad de Alicante, Salvador Ordóñez, en 'la necesidad de ralentizar el proceso' de aplicación de la ley por las dificultades que implica. El deseo de la consejería, según señaló la subsecretaria de Educación, Carmina Nácher, que presidía el consejo asesor celebrado ayer, es que no vaya más allá 'del actual periodo de sesiones'.

La necesidad de acuerdos, por otra parte, viene motivada porque, como decía Francisco Toledo, rector de la Universidad Jaume I, la LOU 'es una ley hecha con muy poco sentido común' que 'deja muchos problemas a resolver a las autonomías', y los rectores confían 'en que no se produzca la falta de consenso de la LOU'.

Perfil de candidatos

Como prioridades, la subsecretaria de Educación señaló la nueva Ley de Consejos Sociales, 'que no tendrá nada que ver con la anterior' y la ley de creación del nuevo Organismo Valenciano de Acreditación, al que corresponderá valorar los méritos del profesorado contratado. Francisco Toledo se refirió a 'modificaciones sustanciales del anterior proyecto de ley de consejos sociales', que fue ampliamente contestado desde las universidades. Al parecer, el nuevo borrador de proyecto de ley recogerá sugerencias que se hicieron llegar en su día a la consejería desde las instancias académicas y, también, algunas de las consideraciones críticas planteadas por el Consejo Económico y Social. Respecto al nuevo organismo acreditador, el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz, señaló que 'habrá que aclarar quién nombra a sus miembros y por cuánto tiempo'. El rector de la Politécnica, Justo Nieto, precisó que está sometida a debate 'la tipología y perfil de los candidatos' a formar parte del ente. Las bases presentadas por la Dirección de Universidades atribuyen su nombramiento a la Consejería de Educación, la de Innovación Tecnológica y las Cortes Valencianas, para un plazo de 10 años sin posibilidad de revocación. Una de las propuestas rectorales es que, en este aspecto, sea consultado el Consejo Valenciano de Universidades.

Tras cuatro horas de reunión, estaba todavía en discusión la cuestión de la financiación de las retribuciones adicionales para el profesorado funcionario que habrá de regular el Consell: 'Cómo se van a asignar y cómo se van a pagar', en palabras del rector de Alicante.

Otro de los problemas abordados fue la regulación del profesorado contratado, en el que se añaden dos figuras nuevas a las cinco ya existentes.

'Está todo muy verde', aseguró Pedro Ruiz, 'y en este aspecto concreto está por aclarar si el ministerio va a desarrollar la normativa laboral para las figuras que prescribe la LOU'. La mayoría de los rectores subrayaron, en un aparte de la reunión, que algunos aspectos de esa regulación pueden entrar 'en contradicción' con el régimen laboral estatal. Ordóñez fue más explícito, habló de posible contradicción con el Estatuto de los Trabajadores y puso el ejemplo de la difícil contratación laboral de profesores eméritos, ya que se trata de personas jubiladas. La necesidad de buscar una salida a la contratación del profesorado para cubrir las 'necesidades docentes', en tanto no se desarrolle la ley, ha llevado a buscar una salida por el único respiradero posible: el de los profesores 'asociados'. Un inminente decreto del Consell permitirá la contratación laboral de este tipo de enseñantes a tiempo parcial.