Una juez ordena registrar el despacho del rector de la Complutense tras una querella

La juez de instrucción número 2 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, ha admitido a trámite una querella por un presunto delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) y otro de cohecho (soborno) contra el rector de la Universidad Complutense, Rafael Puyol, y la vicerrectora de Alumnos, María Teresa Fernández-Pacheco. Así consta en un auto del pasado 15 de enero por el que la juez ordena también el registro de los despachos de ambos y les llama a declarar como querellados el próximo 28 de febrero. La denuncia ha sido presentada por Antonio Monroy Antón, un abogado y economista de 31 años que, en julio de 2000, solicitó una plaza en la Escuela de Fisioterapia (la carrera universitaria para la que se requiere una nota más alta) y no la consiguió.

Monroy acusa a Puyol y a Fernández-Pacheco de prevaricación por haber admitido a 64 alumnos (cuatro más de los autorizados para Fisioterapia por el Consejo de Universidades para el curso 2000/2001), según publicó el BOE de 7 de junio de 2000. 'Se dictan, pues, a sabiendas, varias resoluciones injustas, como son la admisión de unos alumnos y la inadmisión de otros, en ambos casos arbitrariamente', reza la querella.

Además, acusa a ambos de cohecho porque, según la querella, la Complutense ha procedido a anular la matrícula de Monroy -que se llegó a inscribir en Fisioterapia de forma provisional después de que el juzgado de lo contencioso administrativo número 20 así lo decretara como medida cautelar mientras resolvía el recurso presentado- y 'se ha negado a devolverle las tasas pagadas '.

Fuentes de la Complutense mostraron ayer su sorpresa por el auto de la juez Aguirre de la Cuesta, que todavía no les ha sido notificado oficialmente. Los mismos medios calificaron de 'surrealista' esta decisión. 'Carece de todo fundamento jurídico querellarse contra el rector, porque éste delega las competencias de la admisión de alumnos y él no ha firmado ni un solo papel', aseguraron estas fuentes, que recalcan que el tribunal de lo contencioso administrativo les ha dado la razón al haber desestimado el recurso que presentó Monroy por no haber sido admitido. Señalan, además, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la medida cautelar por la que la universidad tuvo que matricular provisionalmente a Monroy.

La Complutense ha denunciado a Monroy por falsedad documental, ya que, según dice, en junio de 2001 se volvió a presentar a Fisioterapia con un expediente falso. El caso es investigado por un juez, que ha sometido a Monroy a pruebas caligráficas.

Antonio Monroy, según la Complutense, volvió a presentar su solicitud para una plaza en Fisioterapia en junio de 2001. Esta vez traía un expediente 'impecable' de sus estudios de Derecho en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). La vicerrectora de Alumnos, María Teresa Fernández-Pacheco, sorprendida de que con unas notas tan buenas no hubiera entrado en julio de 2000, llamó a la UNED y allí le aseguraron que ese expediente no se correspondía con el auténtico, según relatan fuentes de la universidad. Por esta razón, la Complutense ha denunciado por falsedad documental a Monroy, quien asegura que él sólo pidió una vez plaza en esta facultad. 'Yo ya estoy estudiando Fisioterapia en la Universidad Alfonso X el Sabio', añade.

Y es que la pugna entre la Complutense y Monroy viene de lejos. Cuando este economista, que trabaja en un banco de inversión, vio que la universidad no le admitía en julio de 2000 por tener sólo una nota de 7,9 en su expediente (cuando la mínima requerida era de 8,2), presentó un recurso al rector, que le fue denegado. Por eso, decidió acudir a los tribunales. Además, tampoco fue admitido en la Rey Juan Carlos (pese a que la nota mínima exigida era de 7,38) ni en la de Alcalá de Henares (donde lo mínimo exigido para Fisioterapia era un 7,72) porque había solicitado como segunda y tercera opción estas universidades, que dieron preferencia a los alumnos que habían pedido plaza en esos centros en primer lugar.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 20 dictaminó el 28 de septiembre de 2000, como medida cautelar, que la Universidad Complutense debía matricular a Monroy mientras no hubiera un fallo judicial. 'Estuve matriculado y aprobé todo', asegura.

Acceso a documentación

Estuvo matriculado hasta que el contencioso administrativo dio la razón a la universidad el 23 de febrero de 2001, según la Complutense, quien añade que la sentencia es firme por un auto del Tribunal Superior de Justicia del 21 de noviembre pasado que, además, le condena a pagar las costas.

Aun así, Monroy tuvo durante estos pleitos acceso a la documentación presentada por la universidad en la que se ponía de manifiesto que en el curso 2000/2001 la universidad había admitido a 64 alumnos en Fisioterapia (cuatro más que el cupo máximo establecido por el Consejo de Universidades para esta diplomatura). Por eso, decidió presentar un querella por prevaricación contra Puyol y contra la vicerrectora de Alumnos.

En su querella solicita el registro de las oficinas de Puyol y Fernández-Pacheco y 'el decomiso de toda la información interna referente a la admisión, recursos y matriculación de alumnos nuevos en la carrera de Fisioterapia para el curso 2000/2001, al objeto de descubrir quiénes eran y por qué motivos fueron admitidos alumnos que exceden de 60'. Es una de las medidas que ha aceptado la titular del Juzgado de Instrucción número 2, además de llamar a ambos a declarar en calidad de querellados.