Espadaler culpa a la Confederación Hidrográfica del Ebro de la crisis del mercurio por informar con retraso

La culpa de la crisis por el vertido de mercurio en el Ebro la tiene en buena parte la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), dependiente del Gobierno central, por no informar con celeridad de sus análisis. Así lo dijo en su comparecencia parlamentaria de ayer el consejero de Medio Ambiente del Gobierno catalán, Ramon Espadaler, quien rehuyó cualquier resquicio de autocrítica y se limitó a reclamar al Estado las competencias de control del río como fórmula para evitar nuevas crisis. Sus explicaciones no convencieron a la oposición y tampoco a sus aliados del PP.

Espadaler compareció ante la Diputación permanente del Parlament acompañado por el consejero de Sanidad, Eduard Rius, quien reiteró tajantemente una y otra vez que el alto contenido de mercurio detectado en el río Ebro -que provocó presuntamente la muerte de 4.000 peces- y su paso a la red doméstica no ha supuesto ningún peligro para la salud de los más de 350.000 usuarios afectados en las comarcas de Tarragona.

Espadaler, nombrado consejero sólo 35 días antes del estallido de la crisis, el pasado 25 de diciembre, no aportó ningún dato nuevo sobre el origen y las consecuencias de la contaminación, aunque señaló con claridad a quién considera uno de los responsables de la situación: la CHE.

'Si el día 20 de diciembre la CHE nos hubiera dado la información de sus análisis, ¿se imaginan qué nos hubiéramos ahorrado?', se preguntó el consejero, quien añadió: 'Ahora no estaríamos aquí '. El consejero ya había insinuado en otras ocasiones su malestar con la CHE, pero la acusación de ayer fue directísima: más allá de que el vertido proceda previsiblemente de la empresa Ercros, en su opinión la CHE tiene responsabilidades tanto en la muerte de los 4.000 peces como en el paso a la red pública de agua con porcentajes de mercurio por encima del nivel permitido.

La biopsia y el dentista

El 20 de diciembre, los análisis de la CHE detectaron en el río 2,9 miligramos por litro de mercurio, tres veces más de lo autorizado, y cinco días después fallecieron 4.000 peces. Un nuevo análisis de la CHE, el día 26, halló 7,8 microgramos, pero la hipótesis del mercurio como causa de la muerte de los peces sólo se apuntó a partir del 2 de enero, cuando la Empresa Municipal de Aguas de Tarragona (EMATSA) detectó mercurio en el agua potable que sirve a 40 municipios del área de Tarragona. La CHE dio a conocer sus análisis el día 9 de enero, mientras que en las pruebas iniciales de la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente de la Generalitat, no se habían buscado rastros de mercurio.

Las explicaciones de Espadaler no convencieron a ningún partido de la oposición, sino que todos coincidieron en criticar la falta de mecanismos de control y la 'pasividad' del Gobierno catalán. '¿Cómo es posible que no se analizara de inmediato el nivel de mercurio del agua cuando en la zona hay una industria que vierte mercurio?', coincidieron en preguntar la portavoz socialista, Montserrat Tura; el secretario general de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod, y el presidente del grupo de Iniciativa-Verds, Rafael Ribó. El consejero echó mano de una curiosa metáfora para justificar por qué no se buscó mercurio en los primeros análisis de la ACA, dependiente de su departamento: 'Si uno tiene dolor de muelas, no se hace una biopsia'.

Los grupos de la oposición coincidieron también en los calificativos que dirigieron a la actuación del Gobierno catalán: 'Han demostrado ineficiencia, han actuado tarde y mal', dijeron los representantes de los tres grupos, quienes echaron en falta un anuncio de medidas para que 'la gente recupere la confianza', en palabras de Carod. También Dolors Montserrat, del PP, se mostró muy crítica con la actuación del Gobierno y, en cambió, omitió toda crítica al comportamiento de la CHE.

Espadaler admitió que 'alguna cosa ha fallado' en la actuación de las administraciones públicas, pero este reconocimiento, lejos de expresar cierta autocrítica, supuso meramente una censura hacia el Gobierno del Estado. La descoordinación entre las administraciones, que aceptó, sólo se resolverá, en su opinión, si el Gobierno catalán asume en exclusiva las competencias de control y vigilancia del tramo del Ebro que atraviesa Cataluña.

El consejero subrayó que este control debe recaer exclusivamente en la Generalitat y no el Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro, un organismo nacido con el Plan Hidrológico Nacional que integra a todas las administraciones. Espadaler hizo esta aclaración porque dijo que se habían 'malinterpretado' unas anteriores declaraciones suyas. 'Este organismo debe servir para que mejore la coordinación, pero no para controlar la calidad del agua del río', añadió.