Bienestar a la española
España no ha logrado aún un equilibrio interno satisfactorio. Las comunidades del noreste y la zona mediterránea mantienen una diferencia notable respecto al suroeste. La expresión de esta desigualdad tiene múltiples formas. Una de las más depuradas es la que ha ofrecido el Anuario Social de España 2001, que publica la Fundación La Caixa y elabora el índice de bienestar social.
Este indicador retrata una España llena de asimetrías. Baleares, Cataluña, Madrid y Navarra se sitúan a la cabeza de las comunidades autónomas en bienestar social gracias a su fortaleza en los indicadores de renta, servicios sanitarios, instrucción, vivienda y educación, cultura y ocio. Los mismos en los que prácticamente siempre suspenden las únicas tres comunidades que figuran por debajo de la media nacional: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. La clasificación por provincias sigue una pauta geográfica similar entre los primeros de la lista (Girona, Baleares, Barcelona y Madrid), pero bien distinta entre los últimos. Que provincias tan poco sureñas como Lugo, Zamora y Ourense obtengan los peores índices de bienestar supone una ampliación considerable del campo de estudio y revela la simpleza que supone reducir las diferencias internas en España a la dicotomía Norte-Sur.
El índice se publica por segundo año consecutivo. La falta de una serie estadística puede hacer olvidar que las zonas de España que ahora se encuentran al final de la clasificación partieron de profundidades casi abismales y que en las últimas décadas han desarrollado un enorme esfuerzo de mejora, en algunos casos con notable éxito. Ese salto sería difícilmente imaginable sin el soporte brindado por el modelo autonómico, cuyos desarrollos competenciales han permitido un acercamiento más realista a los problemas de cada zona.
Pero que en cuestiones como el nivel de instrucción, las condiciones de la vivienda, los servicios sanitarios o el acceso a la cultura se registren entre la población de un mismo país brechas como las que muestra este anuario obligan a replantearse el papel de las políticas de redistribución.
