Urbanismo 'congela' el nuevo plan general de Pozuelo hasta que se subsanen sus deficiencias
El futuro ordenamiento duplicará la población de la localidad si finalmente es aprobado
La Comisión de Urbanismo de la Comunidad ha dado su visto bueno al nuevo plan general de Pozuelo de Alarcón, que permitirá duplicar sus habitantes (de 70.000 a 150.000). Pero ha puesto tantas trabas y ha hallado tantas deficiencias que el alcalde, José Martín Crespo, del PP, ha pedido que la Comisión vuelva a reunirse y rectifique un acuerdo que él cree 'indebidamente tomado'. Martín Crespo afirma que los informes de Urbanismo son 'absolutamente faltos de rigor y, en algunos casos, contrarios a la ley'. Urbanismo le replica que subsane los errores del plan.
Las condiciones impuestas por la Comisión de Urbanismo -el máximo órgano consultivo en la materia del Gobierno regional- al plan general de Pozuelo afectan a las nuevas viviendas proyectadas, zonas verdes, equipamientos dotacionales y comunicaciones. Según el informe de la Comisión, el Ayuntamiento deberá presentar un texto refundido con todas las correcciones impuestas.
Pero el alcalde, José Martín Crespo, del PP, no está de acuerdo y ha presentado recurso. También ha pedido una nueva reunión de la Comisión de Urbanismo para que rectifique una decisión 'indebidamente tomada'. De hecho, el regidor califica el informe de 'absolutamente falto de rigor y, en algunos casos, contrario a la ley'.
Un portavoz de la Consejería de Urbanismo aseguró ayer que el plan 'está aprobado con condiciones, aunque el Ayuntamiento está en su derecho de recurrir el acuerdo'. Para el PSOE de Pozuelo, esta decisión significa que el ordenamiento 'está congelado' hasta su revisión. 'Si llevan desde el año 1985 dando vueltas al nuevo plan general, no sé cuánto tiempo necesitarán para corregir los errores', comentó Esther Alonso, portavoz socialista.
De todas formas, el regidor de Pozuelo ya había dejado entrever en julio de 2001, cuando se realizaron los primeros trámites, algunas discrepancias con la Comunidad. Martín Crespo puntualizó entonces: 'Hay cuestiones de las que discrepamos porque los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente [una de las que más objeciones ha presentado al plan] no conocen los términos urbanísticos'.
En concreto, la Comisión de Urbanismo ha considerado en su informe que Pozuelo no ha reservado las necesarias viviendas de protección pública en el plan. En el desarrollo urbanístico denominado Arpo, que albergará 5.650 viviendas, Urbanismo afirma que sólo se ha reservado un 30% de viviendas protegidas, frente al 50% que exige la ley.
Distribución de las casas
El informe tampoco ve clara la distribución de las viviendas que se hace en algunas áreas del nuevo plan. Según los técnicos de la Comunidad, construir en parcelas colindantes bloques de viviendas abiertos, otros de manzana cerrada y hasta casas unifamiliares provocará un fuerte desequilibrio. Otra de las cuestiones que la Comunidad exige al Ayuntamiento es que diferencie entre el sistema general de equipamiento dotacional (calles o jardines, por ejemplo) y el de servicios públicos municipales (polideportivo, iglesias...), ya que Pozuelo ha incluido en la misma sección tanto los campus universitarios del municipio como las instalaciones del Ministerio de Defensa, cuyo carácter, según el informe regional, es 'claramente supramunicipal'.
Urbanismo también discrepa con el Ayuntamiento en cuanto a la delimitación de los espacios libres y de las zonas verdes. El municipio cuantifica como zona verde 300 hectáreas, de las cuales 220 están en suelo urbano y ya existen, y otras 80 se obtendrán posteriormente: 60 del monte de Pozuelo (un espacio de gran valor medioambiental) y 20 hectáreas de los nuevos desarrollos. Pero los técnicos de la Comunidad advierten, además, de que algunos suelos urbanizables, que tienen una capacidad para 8.344 viviendas, no aportan nada a los terrenos verdes.
En cuanto al sistema general de comunicaciones, la Comunidad se opone a un viario, en el extremo norte del municipio, que discurriría por suelo no urbanizable especialmente protegido. Consideran que su construcción sólo 'va a producir tensiones urbanísticas y afecciones medioambientales en un espacio protegido'.
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