En busca de la ciudad perdida

Toda la intriga de la novela de Pérez Reverte, La piel del tambor, giraba alrededor de los oscuros intereses de determinados poderes fácticos locales sevillanos para la demolición de una iglesia en su casco histórico y su posterior clasificación como suelo urbanizable. Como se trata de una novela, ganan los buenos y la iglesia, finalmente, no se demuele.

No se le puede pedir al novelista que supiera, al escribir su novela, que no se trataba técnicamente de clasificar un suelo como urbanizable, sino de cambiar de uso un suelo urbano: de equipamiento religioso (una iglesia) a un suelo residencial (pisos). Pero lo que sí ha captado perfectamente es el afán por lo que en el argot cuasi popular es conocido como 'reclasificacion', término inexistente en la terminología urbanística, pero que sin duda refleja bien el contenido de la operación: Un cambio de uso del suelo urbano; de un uso público a un uso privado; de un uso no lucrativo a un uso lucrativo.

'Los resultados económicos de un club deportivo se anteponen a los generales'

'Se hace necesario fortalecer el interés público en las decisiones urbanísticas'

Porque una dinámica que con excesiva frecuencia se está dando en nuestras ciudades es la sustitución, en las áreas centrales o más consolidadas de la ciudad, de los usos menos rentables, en términos económicos, por otros más rentables, con perjuicio para la estructura general urbana, su cohesión social y la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

En parte, este fenómeno ha venido propiciado por la sustitución de obsoletos establecimientos fabriles, cuyas instalaciones sencillamente se cierran o se trasladan a polígonos industriales exteriores. La venta de los suelos (y posterior modificación de usos) constituye uno de los capítulos más importantes de la actuación; pero, al mismo tiempo, mediante esta operación se consigue la erradicación de actividades insalubres o molestas de las áreas centrales de la ciudad, la eliminación de un tráfico pesado vinculado a estas actividades industriales y la nueva ordenación constituye la oportunidad para el reequipamiento de algunos barrios. En tales casos, en ese siempre difícil juego entre interés público y privado que suponen las decisiones en política urbana, se consigue un buen equilibrio.

Sin embargo, en la medida en que ese equilibrio se rompe netamente a favor de los intereses privados, cuando han ido imponiéndose exclusivamente las ventajas de la operación inmobiliaria, es cuando se hace preciso hacer una llamada de atención y una parada de reflexión sobre tales dinámicas, con la voluntad de reconducir las decisiones de los responsables públicos.

La reubicación de los campos de fútbol constituye un capítulo aparte, por su singularidad, las pasiones que despierta y la demagogia con la que se actúa en ocasiones. Ejemplos tenemos a lo largo de toda la geografía española, desde Cataluña a Madrid o Andalucía y, en aras de, al parecer, una afición que pueda confundir la defensa de los colores de su equipo en las urnas políticas, se están tomando decisiones en claro perjuicio a los intereses ciudadanos en el más estricto sentido de la expresión. Los resultados económicos de unas organizaciones deportivas se anteponen al interés general de la ciudad, situación que quizá sólo la inmensa mayoría de los que no apreciamos la existencia de interés general en el deporte nacional advertimos. Con todo, a pesar de su singularidad y de su repercusión mediática, no dejan de ser casos muy localizados y contados en el tejido urbano.

Pero por su creciente generalización y, como consecuencia de ello, por el impacto y repercusiones que terminan teniendo en la organización y dotación de nuestras ciudades, se hace necesario establecer un debate sobre una práctica cada vez más extendidas entre distintas administraciones y agentes públicos, que ven sobre todo como activos inmobiliarios su disponibilidad de significativas extensiones de suelos en posiciones centrales en la ciudad y, con la justificación también de compensar sus presupuestos, proponen a la ciudad un cambio del uso urbanístico de considerable rentabilidad económica para el propietario de los suelos y de dudosa rentabilidad para el conjunto de la ciudad. Y esta situación se produce tanto en los casos de instalaciones militares, como infraestructuras ferroviarias, puertos, hospitales, cárceles o cementerios (sin que la lista haya sido agotada).

La casuística puede ser diversa. En algunos casos, el propio crecimiento y articulación de la ciudad aconseja o hace necesaria la eliminación de algunos de estos usos o infraestructuras: el caso más claro es el del trazado decimonónico de las líneas ferroviarias. Es frecuente, entonces, que la Administración responsable de la actividad acepte la erradicación del uso, lo que supone que ha de realizarse una fuerte inversión para deprimir las líneas ferroviarias, pero con coste cero; es decir, que los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos que se liberan cubran el coste de la operación. Como puede fácilmente deducirse, ello supone que en la operación urbanística resultante se opte por un modelo de ocupación de densidades altas y de una mayor proporción de usos privados y lucrativos frente a los públicos y al servicio del conjunto de la ciudadanía. Con todo, en tales casos, aún podría argumentarse que la ciudad en conjunto gana, porque se libera del dogal que le atenazaba, porque se facilita las relaciones entre la ciudad histórica y las áreas de crecimiento reciente y porque se recuperan algunos sectores adyacentes que habían caído en la marginalidad; pero no deja de ser una ocasión perdida para mejorar la dotación de mayores zonas verdes y equipamientos públicos en ese sector urbano.

A partir de tales ejemplos y prácticas, se viene generalizando la operación inmobiliaria como principal objetivo en la reubicación de obsoletos equipamientos e infraestructuras. De forma que, trozo a trozo urbano, se van perdiendo oportunidades excepcionales, bien para reequipar, bien para esponjar sectores urbanos que, como resultado de su desarrollo pre-urbanístico o pre-democrático, se encuentran mal dotados, mal equipados o carecen de las necesarias zonas verdes y espacios de convivencia ciudadana.

Y éste es un fenómeno muy reciente. Podríamos acudir al siglo XIX cuando la desamortización de los bienes eclesiásticos constituyó la oportunidad de dotar a nuestros cascos históricos de plazas y nuevos espacios públicos (es el caso de la plaza Mina en Cádiz), y aun en la segunda mitad del XX. (¿Qué hubiera sido de la ciudad de Sevilla y de su Universidad si en la Fábrica de Tabacos se levantara hoy un conjunto residencial, por ejemplo? Y cada lector puede pensar en un caso similar en su ciudad).

Sin duda, la ciudad es un organismo vivo, que exige de su renovación permanente; pero ni las decisiones sobre su renovación deben tomarse trozo a trozo, ni puede primar en las mismas la rentabilidad económica e inmobiliaria de la operación. Se hace necesario pensar globalmente la ciudad, sus demandas y funciones; se hace necesario superar la óptica que tiende a ver la ciudad como si se tratara exclusivamente de un producto inmobiliario; se hace necesario, en suma, fortalecer el interés público en las decisiones urbanísticas. Y ello exige que en este compromiso se impliquen no sólo las administraciones directamente responsables del diseño de la ciudad, sino también las restantes administraciones con patrimonio público de suelo, de forma que se considere como un objetivo político el uso público de los patrimonios públicos.

Josefina Cruz Villalón es directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.