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Tribuna:A DEBATE

Prevención y coordinación

El debate sobre la oportunidad de instalar videocámaras de vigilancia en la vía pública como un sistema más de prevención ante la delincuencia se ha vuelto a reabrir en Barcelona por la petición de una asociación de vecinos. Ante el argumento de que las cámaras intimidan al supuesto delincuente, la Administración argumenta que no se puede llenar la ciudad de objetivos en aras a una supuesta mejoría de la seguridad ciudadana, algo que, además, tampoco está comprobado. De momento, el Ayuntamiento y la Guardia Urbana señalan que las cámaras de videovigilancia sólo deben ser consideradas como un instrumento más. Y se oponen a generalizar su utilización por la ciudad.

La seguridad es un concepto muy amplio que acoge realidades objetivas y percepciones subjetivas. Nadie quiere ser víctima de un delito pero, probablemente, cada uno de nosotros adoptará medidas diferentes para evitarlo. Así, lo que para unos es garantía de confianza, en otros provoca no pocos recelos.

Un ejemplo claro es la utilización de cámaras de vídeo como elementos de apoyo en las labores de vigilancia urbana. Cuando, el verano pasado, el Ayuntamiento de Barcelona inició una experiencia piloto en dos puntos muy concretos de la ciudad se produjo un debate entre quienes se mostraban a favor de su uso y quienes consideraron que, lejos de infundir seguridad, las cámaras de videovigilancia ocasionaban el efecto contrario, ya que podían constituir una violación directa del derecho a la intimidad y a la propia imagen.

Quede claro que dichas cámaras cumplen con todos los preceptos que establece la ley como garantía de invulnerabilidad de los derechos del ciudadano, pero deberemos esperar aún hasta poder evaluar la bondad de la experimentación. Lo que sí parece ya claro es que, de la misma manera que a nadie se le ocurriría pedir un policía en cada esquina, el uso de las cámaras de vídeovigilancia no puede ser generalizado a toda la ciudad. Nadie quiere una sociedad policial. Nadie desea una libertad vigilada.

En materia de seguridad no existen soluciones mágicas y mucho menos unilaterales. Resulta obvio pensar que el mejor camino es el de la prevención y que hacia ella deben encaminarse nuestros esfuerzos; a través de una mayor y mejor coordinación policial, en la que el trabajo de los agentes esté apoyado por los elementos técnicos necesarios en cada momento, pero también por el respaldo judicial que impida que las conductas delictivas reincidentes -por menor que sea el delito- queden impunes.

El trabajo coordinado es extensivo a los diferentes ámbitos y administraciones, cuyos responsables intentamos responder, con políticas concretas de educación, de reinserción laboral y de integración a los problemas de marginalidad que plantea una estructura social cada vez más competitiva y diversa.

Carme San Miguel es Regidora de Seguridad y Movilidad

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de enero de 2002