Los jueces sacan tarjeta a los morosos

Las empresas cuentan desde hace un año con una nueva arma legal para luchar contra la morosidad y lo están usando. En ese tiempo, el proceso monitorio, que permite cobrar deudas de hasta cinco millones de pesetas de forma ágil, se ha extendido hasta llegar al 28% de las reclamaciones, que en más de la mitad de los casos acaban dando la razón al acreedor. Persisten, sin embargo, algunos pequeños problemas.

Las empresas utilizan cada vez más los procesos monitorios para cobrar las deudas inferiores a cinco millones de pesetas

El proceso monitorio entró en vigor en enero del año pasado con el objetivo de atajar la pequeña morosidad. La del vecino que se niega a contribuir al presupuesto de su comunidad, pero también la de los clientes de las empresas que se resisten a hacer frente a sus compromisos. Eso sí, siempre que la cantidad reclamada no supere los cinco millones de pesetas.

El Gobierno recurrió entonces a un proceso sencillo y más ágil, incluido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ya está muy extendido en otros países, como Alemania y Francia. Basta con rellenar un simple formulario de un folio en los juzgados de primera instancia y aportar cualquier comprobante de la deuda -factura, pero también un fax o incluso un correo electrónico- para poner en marcha el proceso, que, además, no exige la presencia de abogado ni procurador.

El procedimiento está además concebido de tal forma que da la razón en principio al que reclama, ya que es el que debe el dinero quien tiene que probar que la deuda no existe. Incluso si el moroso no da señal de vida, algo habitual según los abogados consultados, el juez decidirá la ejecución del pago. Es algo así como una tarjeta amarilla, un aviso que pretender disuadir al moroso.

Se trata de un pleito mucho más sencillo que el previsto por la ley anterior y que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está siendo muy utilizado. Del total de causas civiles tramitadas hasta el 31 de mayo, últimos datos oficiales, el 28% han seguido esta vía, prácticamente el porcentaje previsto por el Ministerio de Justicia, si bien sólo se ha resuelto una cuarta parte de ellos. En más de la mitad de los casos, el reclamente ganó la apuesta, bien porque cobró su deuda, bien porque llegó a algún tipo de acuerdo con su deudor al margen del juez. En Madrid, hasta diciembre, entraron en los juzgados 10.178 de estos pleitos.

'Antes era casi más difícil cobrar esas pequeñas deudas que las grandes', asegura José Luis González Montes, socio del despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo y ex secretario de Estado de Justicia con el Partido Popular (1996-2000). Había que ir a un juicio ordinario, que podía prolongarse varios meses, para recuperar cantidades pequeñas.

Una vía para empresas

González Montes asegura que son muchas más las empresas que recurren al monitorio para perseguir a los morosos que los particulares. Las Cámaras de Comercio han confirmado la extensión de este proceso entre pequeñas y medianas, sobre todo, pero también grandes compañías de servicios, que han visto una forma 'más fácil y rápida' de cobrar estas deudas.

'Muchas empresas recurren al monitorio para reclamar deudas que antes renunciaban a cobrar', subraya Eduardo Trigo, del despacho de Uría y Menéndez, que ha tramitado 62 de estos casos para sus clientes y sólo en 10 de ellos se han encontrado con la resistencia de los deudores.

Telefónica, por ejemplo, ya tramita la mayoría de los pequeños impagos de sus clientes a través del monitorio, una cantidad que fuentes de su departamento jurídico no revelan. Éstas precisan, sin embargo, que hoy por hoy este hecho no se ha reflejado en sus cuentas. No han recuperado más dinero. Tal vez porque, y en eso coinciden la mayoría de los consultados, aún es pronto para evaluar el impacto de la reforma, que en general consideran positiva.

Persisten algunos pequeños problemas prácticos. La resolución de los procesos monitorios no suele prolongarse mucho más allá de mes y medio. Pero otra cosa es que en ese plazo se consiga recuperar la deuda reclamada. Según el análisis del CGPJ, que no cuantifica la cantidad de dinero que los acreedores han recuperado a través del monitorio, el 22% de los acusados paga tras la primera reclamación, que es, junto al acuerdo extrajudicial, la única forma de zanjar de forma definitiva el asunto.

En otro 34% el juez da la razón al reclamante y ordena el pago, que puede frustrarse si, por ejemplo, no se localiza al deudor ni hay forma de embargarle sus bienes, y en un 15% más el reclamado se opone al pago, lo que transforma el proceso en un juicio ordinario y, por lo tanto, mucho más largo.

'Basta con decir que no para volver al procedimiento normal, de ahí que en ocasiones se mantenga esta actitud sólo para ganar tiempo', explica Alejo López-Mellado, del bufete Cuatrecasas. Si la reclamación supera las 500.000 pesetas, ni siquiera podrá resolverse el asunto en un juicio verbal, sino que habrá que ir al procedimiento ordinario. En la experiencia de algunos despachos, la oposición, que funciona como un mecanismo de garantía, se ha producido en más de la mitad de los casos y afecta con más frecuencia en los que implican deudas superiores al millón de pesetas.

Lo que está claro para todos los consultados es que el monitorio ha supuesto un avance con respecto a la situación anterior. Falta por ver, y es cuestión de tiempo, dicen, si cumple con el objetivo para el cual fue creado: reducir la pequeña morosidad y, de paso, el atasco de los juzgados.