Interior afirma que ha regularizado a 334.882 inmigrantes, la mitad de los que lo solicitaron

El número de extranjeros residentes en España aumentó el 23,81% (213.340 personas) respecto al año pasado, según el Balance 2001 de la Delegación del Gobierno para la Extranjería, que dirige Enrique Fernández-Miranda. El informe afirma que en los últimos 16 meses han solicitado legalizar su situación 615.337 inmigrantes y han sido regularizados 334.882. Sin embargo, muchos no han recibido aún la respuesta de la Administración, por lo que siguen sin papeles. El PSOE denunció esta 'utilización' de las cifras, con la que Fernández-Miranda 'intenta ocultar sus errores'.

El Balance afirma que 15.207 inmigrantes fueron regularizados en el proceso extraordinario del año 2000; 36.013, durante la revisión de oficio de los expedientes que fueron rechazados en la criba anterior porque sus titulares no pudieron demostrar que se hallaban en España antes del 1 de junio de 1999; 24.352, gracias al acuerdo en que desembocó la idea de Fernández-Miranda de trasladar en avión hasta Quito a los inmigrantes ecuatorianos, con el fin de que pusieran en regla su documentación, y volverlos a traer a España; y 122.310, hasta el momento, merced al proceso por arraigo puesto en marcha por el ministro del Interior, Mariano Rajoy.

El número de extranjeros residentes en España ha crecido desde 499.773 en 1995 hasta 1.109.060 en 2001. El mayor incremento se produjo durante el año pasado: un 23,81%. No obstante, estas cifras se refieren a extranjeros comunitarios y no comunitarios. Los primeros suman 449.881 y los segundos, los inmigrantes propiamente dichos, son 659.179.

Procedencias y destinos

El mayor contingente de regularizados corresponde a Marruecos, con 219.731 personas. A continuación figuran Ecuador (con 82.765), Colombia (con 39.538), China (con 35.046), Perú (con 28.484) y Rumania (con 23.884). La colonia más numerosa de subsaharianos es la de Senegal, con 11.126.

Cataluña es la comunidad autónoma que concentra al mayor número de inmigrantes: 206.442. Le siguen Madrid, con 165.426, Andalucía, con 80.713, Valencia, con 43.540, y Canarias, con 31.722. Cantabria, con 3.381, es la que menos acoge, dejando a un lado las ciudades autónomas de Ceuta (634) y Melilla (1.874).

Por provincias, figura en primer lugar Madrid (165.426). Detrás van Barcelona (153.820), Almería (35.263), Girona (28.087), Las Palmas (22.761) y Murcia (21.369). Ávila, con 530 inmigrantes, es la que menos acoge.

El número de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social ascendía, a primeros del pasado noviembre, a 613.235. A finales del mismo mes, el paro registrado entre los trabajadores foráneos afectaba a 87.363.

El informe repasa las actuaciones de la Delegación del Gobierno para la Extranjería. En este sentido, menciona la reforma de la Ley de Extranjería, que permanece recurrida ante el Tribunal Constitucional por siete comunidades autónomas y por el PSOE. También se refiere al Reglamento que desarrrolla dicha norma, que ha sido fuertemente contestado por la mayoría de las ONG y de los grupos parlamentarios de la oposición.

En cuanto a la creación o reestructuración de órganos consultivos o de colaboración, alude al Consejo Superior de Política de Inmigración, a las subcomisiones de coordinación de Canarias y Cataluña, al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, cuya composición varió Fernández-Miranda para hacerlo más dócil a los criterios del Gobierno, y al Observatorio Permanente de la Inmigración, que ha desaparecido de escena desde que fue trasladado del Ministerio de Trabajo a la Delegación de Extranjería.

Repasa los convenios firmados con otros países: el de Ecuador, cuyo comité mixto para seleccionar a los trabajadores acaba de ser constituido, ocho meses después de la firma del texto; el de Colombia y el de República Dominicana. Distinto carácter tiene el rubricado con Marruecos, que es simplemente un acuerdo de empleo, y el de Nigeria, que afecta sólo a la repatriación. En los dos últimos casos no se han constituido comités mixtos.

En el ámbito de la lucha contra la inmigración irregular menciona, entre otros proyectos, el Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), que lleva un fuerte retraso respecto a los plazos que se anunciaron cuando se presentó. Y en el terreno de la explotación laboral afirma que entre enero y septiembre de 2001 la Inspección de Trabajo realizó 13.799 actuaciones en materia de extranjería, fueron detectadas 5.009 infracciones y se impusieron sanciones por 4.339 millones. No especifica la cantidad cobrada.

La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, denunció que el delegado de Extranjería, Fernández-Miranda, 'intenta ahora que las cifras oculten sus desaciertos, y quizá hasta salvar su maltrecha carrera política, en lugar de asumir la catarata de errores, disparates y ocurrencias que han caracterizado su gestión'.

Rumí señala que los procesos de regularización 'se han establecido sin las garantías suficientes y tienen colapsada la Administración', que los acuerdos con otros países 'han sufrido un retraso inexplicable' y que el Plan Greco 'es un mero artificio'. 'Los últimos 12 meses han sido tiempo perdido'.