El debate de las antenas de telefonía móvil recrudece la movilización ciudadana
'Microwave News' afirma que las operadoras y las tabacaleras norteamericanas comparten científicos que protegen sus intereses al usar parámetros que impiden demostrar los eventuales efectos nocivos para la salud
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, solicitó la semana pasada una revisión de las normas sobre las emisiones radioeléctricas de las estaciones base de antenas de telefonía móvil: 'Podrían no ser completamente eficaces en el caso de espacios sensibles como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos'.
Múgica se acercaba así a las organizaciones cívicas y vecinales y a decenas de ayuntamientos que batallan con las operadoras de telefonía móvil, cuyas antenas operan entre los 900 y 1.850 MHz, y el Gobierno. Aquéllas encabezan una protesta cívica nacional para alejar las antenas de los núcleos de población. Estas estaciones emiten ondas de baja frecuencia o microondas (de 1.000 a 100.000 MHz). Los cuatro casos de leucemia registrados en 15 meses entre los alumnos del colegio García Quintana de Valladolid han desatado la última batalla de esta guerra muy activa en Internet.
La norma a la que Múgica se refiere es el Real Decreto del 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de Sanidad, que fija valores de emisión máximos y distancias de seguridad. Los valores son los de la recomendación del Consejo de Europa de 1999 relativa a la exposición a campos electromagnéticos (EMF).
No obstante, expertos consultados por la UE aseguran que los límites impuestos por el Real Decreto español son correctos, y que la información reunida hasta ahora ' no justifica una revisión de los límites recomendados por la Comisión Europea en 1999'.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en 1996 un proyecto para evaluar sus efectos sanitarios y ambientales, el Proyecto Internacional EMF, si bien elude dar resultados hasta 2005.
El mismísimo director de la OMS, Michael Repacholi, halló en 1997, en un estudio del Hospital de Adelaida, Australia, 'linfomas en ratones transgénicos expuestos a EMF de 900 MHz', recuerda en su web el estudioso Francisco Gabiola. Éste afirma que desde 1954 'se han emitido 20.000 informes que aseguran los perjuicios para la salud de las microondas'.
En España, un grupo muy activo, la Asociación de Estudios Geobiológicos (GEA), registra todas las investigaciones sobre el asunto. Y GEA afirma: 'Investigaciones de laboratorio y estudios epidemiológicos independientes indican una clara relación entre la exposición a radiaciones electromagnéticas y distintos trastornos: estrés, dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, depresión, cansancio, leucemia, linfoma o cáncer'. La GEA ha presentado alegaciones oficiales al Real Decreto español.
La revista neoyorquina Microwave News desvela en un estudio que 'algunas personas contratadas por las tabacaleras han trabajado también para proteger los intereses del sector de la telefonía móvil'. El informe de Elisa Ong y Stanton Glantz fue publicado en el número de noviembre de 2001 de American Journal of Public Health. La industria del tabaco promovió el concepto buenas prácticas epidemiológicas (GEP), 'que fija estándares para las pruebas científicas, los cuales impiden demostrar que el humo del tabaco es dañino'.
Los autores relatan, entre otros, este caso: 'A mediados de la década de 1990, James Tozzi, contratado por Philip Morris (en 1994, cobró de la tabaquera 677.000 euros), animaba al uso de las GEP no sólo para el humo del tabaco, sino para los campos electromagnéticos. En 1993, la Cellular Telecomunications & Internet Association contrató a George Carlo para dirigir una investigación, de 25 millones de dólares, sobre telefonía móvil y salud. Carlo, consultor empleado por la industria tabaquera, llamó a Tozzi y ambos diseñaron la agenda de Investigación de la Tecnología Inalámbrica (WTR). Ong y Glantz avisan: 'El movimiento pro GEP, además de buscar la calidad del discurso científico, monta complejas campañas de relaciones públicas, llevadas por ejecutivos y abogados, que manipulan los estándares científicos para proteger los intereses corporativos de sus clientes'.
Lo cierto es que, en este tema, hay estudios sanitarios contradictorios.
Los padres del García Quitana recogen apoyos en Internet
La Coordinadora de Madres y Padres de Alumnos del colegio A. García Quintana clama también desde Internet la retirada de las 30 antenas para telefonía móvil sitas a un centenar de metros del colegio pucelano. Lo hace 'en aplicación del principio de precaución' recomendado por la Unión Europea y la OMS. La página, llamada Asamblea Antiantenas, reproduce los comunicados de la asociación de padres destinados a la Junta de Castilla y León, a los ministerios de Sanidad y Ciencia y Tecnología y a los tribunales de justicia. Se trata de una web activista; sus enlaces sólo remiten a aquellos documentos que aconsejan apartar de colegios y hospitales las antenas que emiten ondas radioeléctricas de baja frecuencia. Además, incluye un texto para enviar por correo electrónico al Ayuntamiento de Valladolid 'solicitando la inmediata retirada de las antenas'. El parque de antenas en estaciones base supera en España las 20.000 (para 22 millones de teléfonos móviles). Otro caso reciente se da en las inmediaciones de tres institutos de Enseñanza Secundaria de Ronda (Málaga): Martín Rivero, Pérez de Guzmán y Rodríguez Delgado, según el diario electrónico Sur Digital (servicios.diariosur.es). Los profesores del último instituto exigen a Telefónica y al Ayuntamiento el cambio de ubicación de la antena de telefonía móvil que hay situada en las inmediaciones del centro y llevan un año embarcados en movilizaciones.
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