Ocho premios Jaime I piden más concreción en la política de Investigación y Desarrollo del Consell

Las observaciones al Informe Anual 2001 de I+D+I remitidas al Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana a título personal por ocho premios Rey Jaime I y una decena de entidades sociales, empresariales ponen en entredicho la falta de definición en la política científica del Consell y alertan sobre la ausencia de investigadores valencianos en los listados de élite nacionales y europeos. Por su parte, los ocho científicos también de prestigio de la Comisión de Investigación -'preocupada por el estancamiento'- piden concreción en la financiación y en la ejecución de los programas.

La comisión hace constar 'su preocupación por el estancamiento e incluso retroceso de la actividad científica que se desprende del Informe 2001' y sugiere que 'en la planificación de políticas I+D+I en la Comunidad se distinga con claridad las que se dedican a investigación científica no orientada (básica), para evitar incluir como tal otros conceptos, lo que perjudica a la creación científica'. Las contundentes conclusiones fueron adoptadas 'por unanimidad' el pasado 4 de octubre en el dictamen de la Comisión de Investigación que integran: el catedrático de Neurociencias Carlos Belmonte, como presidente, y los investigadores Miguel Ángel Alario, Alberto Muñoz, Luis Antonio Oro, Julio R. Villanueva, Eduardo Soriano, Mateo Valero y Avelino Corma, como vocales.

Esta comisión -a la vista de los datos recogidos por el Informe 2001 que confirman que el gasto público en I+D+I está estancado desde 1999 en un modesto 5% del presupuesto global del Consell- 'considera fundamental vincular el Plan Valenciano de I+D+I y las acciones de política científica a un presupuesto específico', en el que se 'detallen' las partidas de investigación básica, aplicada e innovación, a fin de evitar 'duplicidades' y falsas expectativas de generación de gasto en I+D, cuando, en realidad, forman parte de otras partidas como 'la nómina de personal de las universidades' o 'las subvenciones a empresas del Impiva', que 'difícilmente' pueden considerarse 'como acciones innovadoras todas ellas'.

Por último, a 'la necesidad de que la Comunidad Valenciana defina sus prioridades' en esta materia, este grupo de prestigiosos científicos añade la solicitud de 'información respecto a los proyectos de creación de nuevos centros de investigación en Biotecnología y en Telecomunicaciones, así como en cualquier otra rama', a fin de realizar entre todos 'un diseño del perfil más adecuado para cada proyecto'. Esta posición representa en la práctica una llamada de atención para el presidente del ACC, Santiago Grisolía, y el propio consejero de Sanidad, Serafín Castellano, que habían anunciado en solitario la creación de un macrocentro de investigación en Biomedicina del que se conoce su estructura, funcionamiento, organigrama y grupos de investigación.

Políticas a largo plazo

A este diagnóstico se añade la sorpresiva supresión de la reunión anual del Alto Consejo Consultivo de Presidencia el pasado 19 de octubre de la agenda de medio centenar de invitados que anualmente participan en Valencia, motivada por la ausencia del presidente Eduardo Zaplana, la cual no ha sido óbice, sin embargo, para que otros ocho científicos y premios Rey Jaime I remitieran por escrito 'sus observaciones' al presidente del ACC.

Recomendaciones, todas ellas de gran calado, en las que los científicos Enrique Cerdá Olmedo, Ciril Rozman Borstnar, Margarita Salas, José Mª Segovia de Arana, Ginés Morata, Mateo Valero y Alberto Terol coinciden, en términos generales, en la urgencia de 'establecer una política científica de largo plazo', en expresión de Cerdá, y en la necesidad de 'un aumento de los científicos al más alto nivel' y de la 'creación de más centros de excelencia'. En opinión de Cerdá, 'la proporción de valencianos en ejercicio en los listados de élite de la ciencia es muy escasa'. Y menciona dos ejemplos: la ausencia de valencianos en la Orgación Europea de Biología Molecular (EMBO), donde se han admitido 20 científicos, en su mayoría de Madrid y Barcelona, y dos de Sevilla, con la notable ausencia de Valencia. Lo mismo ocurre con la Academia de Ingeniería de España, donde entre más de 40 miembros, sólo uno es de la Comunidad. Cerdá también pone en tela de juicio el desconocimiento sobre la creación de un Centro de Biomedicina, 'cuando ni siquiera se ha informado al Alto Consejo '. Salas hace hincapié en la caída de tesis doctorales desde 1997 y de patentes en la Comunidad. Mientras que Valero subraya el 'deficitario' estado del desarrollo de las tecnologías de la información y pide mayor aumento presupuestario y apoyo a la investigación de grupos universitarios e institutos.