Revolución en la secundaria

Si la política educativa del Gobierno ha sido uno de los temas más polémicos de la actualidad española en 2001, este aspecto no va a ser menos controvertido en el año que acaba de empezar. La reforma de la educación no universitaria, con la denominada Ley de Calidad, encabeza la recién estrenada agenda de 2002 de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, y los cambios anunciados hasta el momento en la etapa de la educación secundaria (de 12 a 18 años) previsiblemente levantarán por el camino ampollas entre organizaciones de profesores, estudiantes, sindicatos, padres y políticos de la oposición. Centrará presumiblemente las quejas la situación de dejadez (en cuanto medios materiales, apoyo a los docentes y financiación) en la que encuentra sumida la educación pública, como han venido denunciando los colectivos en defensa de la educación pública en los últimos años.

Este año, en el que España estrena presidencia europea, tampoco estará exento de movilizaciones de estudiantes de educación secundaria. De hecho, una organización estudiantil, el Sindicato de Estudiantes, ya organizó en los últimos meses de 2001 dos movilizaciones en todo el Estado contra esta reforma, entre otras cuestiones. Diversos colectivos de estudiantes y de profesores ya están preparando las primeras iniciativas para finales de febrero o principios de marzo, justo después de los primero exámenes del año, para protestar por algunas medidas que se introducirán con la Ley de Calidad, como la probable recuperación de la prueba de reválida al final del bachillerato y la separación de alumnos a partir de los 14 años según su rendimiento.

Pilar del Castillo se ha comprometido a presentar el primer borrador de la Ley de Calidad en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, que probablemente se celebrará dentro de unas semanas. Este órgano de coordinación, sin capacidad de decisión, está formado por el Gobierno y los consejeros de Educación de las comunidades autónomas.

Éstas son las cuestiones que más darán que hablar en los próximos meses:

- Recuperación de la reválida. El ministerio no lo ha confirmado, pero todo hace pensar que es ya inevitable, al quitar la única prueba de homologación de conocimientos que había en la educación española, la selectividad.

- Separación de los alumnos por rendimiento. El objetivo del Gobierno es separar en distintas clases dentro de un mismo centro a los estudiantes con los alumnos destinados al bachillerato, a la FP y a los que dejaran de estudiar al acabar la ESO (a los 16 años).

-Graduado de educación secundaria. Pilar del Castillo ha asegurado, a pesar de la separación por rendimiento, todos los estudiantes que acaben la ESO recibirán el mismo título. Sin embargo, esto parece difícil y habrá que ver cómo lo resuelve el Gobierno.

-Aumento de las repeticiones de curso permitidas y fin de la promoción automática (el pasar de curso aunque no se hayan superado la mayoría de las materias). Ahora se puede repetir curso una vez en primaria y otras dos en cada ciclo de dos cursos de la ESO.

- Elección de los directores de los centros. Es posible que el Gobierno establezca que los responsables de las administraciones sean los que los elijan y no los consejos escolares de los institutos y colegios, una medida que muchos consideran que va en detrimento del sistema democrático introducido en los centros con las funciones del consejo escolar.

-Incorporación de las minorías a la red concertada. Muchos profesores consideran que si se debería distribuir al alumnado que necesita un mayor apoyo entre todos los centros financiados con fondos públicos. Los colegios concertados apenas escolarizan inmigrantes, alumnos con necesidades especiales y estudiantes conflictivos.