Las cuentas del Gobierno incluyen 6.095 millones sin cobrar desde 1996

La Cámara de Cuentas ha detectado en la contabilidad del Gobierno regional del año 2000 que éste incluye, en su remanente de tesorería, una partida de 6.095 millones de pesetas (36,6 millones de euros) que corresponden a un impuesto de transmisiones cuyo cobro está en el aire desde hace cinco años. Este impuesto, que grava las concesiones administrativas, está relacionado con los 85.000 millones de pesetas que la compañía Airtel (ahora Vodafone) pagó al Estado al resultar adjudicataria, el 3 de febrero de 1995, de una licencia para actuar como operador de telefonía móvil.

En diciembre de 1996, la Unión Europea estimó que esta suma de 85.000 millones de pesetas (510,8 millones de euros) debía ser devuelta a Airtel, porque Telefónica no había pagado nada por disponer del mismo derecho. A pesar de la reclamación de Airtel y del posterior fallo emitido por la UE a su favor, Antonio Beteta, entonces consejero de Hacienda de la Comunidad, sostuvo que el Gobierno regional tenía derecho a cobrar un impuesto por esta concesión administrativa. Airtel recibió una liquidación por la cual debía pagar a la Comunidad 3.400 millones de pesetas de cuota, 655 millones de intereses de demora y 2.040 millones más de sanción.

El Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón insiste desde entonces en reclamar el pago de este impuesto y defiende sus intereses en los tribunales. Pero primero el Tribunal Económico-administrativo Regional (en mayo de 1999) y luego el Tribunal Económico-administrativo Central (en noviembre de 2000) han resuelto a favor de Airtel. Ahora, el Gobierno de la Comunidad ha llevado el caso hasta la Audiencia Provincial de Madrid.

A pesar de la larga batalla legal, estos 6.095 millones de pesetas siguen figurando como remanente de tesorería en la contabilidad examinada por la Cámara de Cuentas. Adolfo Piñedo, diputado regional del PSOE, sostiene que esta práctica 'es una manera de maquillar las cuentas del Ejecutivo'. Y Franco González (IU) ha pedido la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas, Ramón Muñoz Álvarez, para que aclare el asunto. 'El Gobierno regional hace oídos sordos a las recomendaciones dictadas por la Cámara de Cuentas', afirma González.

Fernando Prats, director general de Tributos de la Comunidad, está convencido de que ese dinero reclamado podrá engrosar las arcas regionales. 'Nuestra obligación es recurrir. Pero lo que no sé es por qué esta cantidad figura [en los Presupuestos regionales] como remanente de tesorería. Yo soy experto en impuestos, no en cuentas', dice. El informe de la Cámara de Cuentas indica que el Gobierno regional ha perdido uno de los recursos por no presentar en fecha la documentación ante el Tribunal Económico-administrativo Central. 'Es un error de la Cámara de Cuentas. Sí se ha presentado en plazo y así se lo hemos notificado a su presidente', asegura Prats.

El director general de Tributos sostiene que Airtel debe pagar este impuesto de transmisiones, sobre los 85.000 millones de pesetas que pagó en su día por la licencia de telefonía, porque esta cantidad no fue devuelta por el Estado a la compañía, pese al dictamen de la UE. Prats opina que el acuerdo al que llegó el Gobierno central para compensar a Airtel no merma el derecho de Ruiz-Gallardón a cobrar este impuesto. El Ejecutivo central no devolvió el dinero a Airtel, sino que le compensó con una ampliación en la vigencia de la licencia y una mejora en la frecuencia; además, le permitió usar infraestructuras de Telefónica.

La herencia de Masaveu

Un portavoz de Airtel (ahora Vodafone) afirmo ayer: 'No debemos pronunciarnos sobre un asunto que todavía está pendiente de ser resuelto en los tribunales, pero para nosotros está claro que la resolución de la UE prima sobre cualquier otra cuestión'.

En los derechos pendientes de cobro que figuran en las cuentas del Gobierno regional siguen estando los 11.060 millones de pesetas que corresponden al devengado sobre la herencia del millonario Pedro Masaveu, cuyos herederos liquidaron el impuesto de sucesiones al Principado de Asturias. La Comunidad de Madrid entiende que este dinero debió ser ingresado en sus arcas porque Masaveu vivía en Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón mantiene un contencioso similar con el Gobierno de Cantabria, que fue el beneficiario del legado del banquero Emilio Botín.

Juan Bravo, consejero de Hacienda, señaló ayer que la Comunidad hará valer sus derechos. 'La liquidación de la herencia de Botín está en torno a los 8.500 millones de pesetas. En el contencioso que mantenemos hemos aportado una prueba determinante, y es que Emilio Botín presentó su última liquidación de patrimonio en Madrid', explicó.

Los derechos sobre las herencias de Masaveu y Botín están pendientes de resolución en el Tribunal Supremo. El fallo se producirá, previsiblemente, este año.