Las concesionarias de autopistas aceptan destinar parte de los beneficios a rebajas en los peajes

Las empresas concesionarias de autopistas aceptaron ayer comprar la paz. Es decir, asumieron destinar los beneficios que puedan producirse a partir de determinados incrementos de tráfico a rebajas localizadas o generalizadas a los usuarios o a inversiones en mejoras sin compensaciones en los plazos de la concesión o de otro tipo. Asi lo asumieron los representantes de las tres principales concesionarias que operan en Cataluña: ACESA, que explota la A-7 entre Francia y Murcia, y la A-2, que va desde Tarragona a Zaragoza; Aucat, que gestiona los túneles del Garraf, hasta El Vendrell, y Autema, que explota la Terrassa-Manresa.

Todo empezó en Gelida. A la vista de que desde el pasado 16 de julio no se había celebrado ninguna reunión del grupo sobre peajes creado por el Parlament, sus miembros decidieron reunirse al margen del Gobierno catalán. De todas formas, le notificaron la convocatoria de la reunión y le invitaron a asistir. El consejero de Política Territorial, Felip Puig, declinó la invitación.

Las cosas cambiaron radicalmente cuando se supo que a Gelida no sólo irían los representantes de los partidos (salvo CiU), consumidores y sindicatos, sectores al fin sin más poder que sus propios actos, sino que comprometían su presencia las principales concesionarias: ACESA, Aucat y Autema. Ayer por la mañana, el Gobierno catalán negociaba contra el reloj para lograr que, una vez terminada la reunión, una comisión de ésta acudiera al Departamento de Política Territorial para entrevistarse con el consejero. A media tarde, los reunidos aceptaron acudir a reunirse con Puig. En la reunió estaba también el director de ACESA, Salvador Alemany

A las seis de la tarde de ayer, los reunidos en Gelida, con las empresas incluidas, habían alcanzado un principio de acuerdo sobre cuatro puntos y un calendario. Dos horas después, Felip Puig asumía el acuerdo e incluso decía que coincidía perfectamente con lo previsto por el propio Gobierno catalán.

Los puntos aceptados en el acuerdo de ayer vinculan a diferentes administraciones y aunque el Gobierno central no ha estado representado en la negociación, sí ha participado en ella el PP. Los acuerdos son:

Primero: suspender el incremento del 9% del IVA que se aplica desde el 1 de enero en las autopistas dependientes del Gobierno central. Los firmantes entienden que el Ejecutivo de José María Aznar ha elevado el IVA del 7% al 16% por mandato de los tribunales europeos, pero que, en la medida en que ya no contaba con estos ingresos, puede destinarlos a neutralizar la subida con subvenciones a las concesionarias.

Segundo: recomponer el consenso político y social sobre la creación de un fondo que se nutra de los impuestos que generan las propias autopistas (IVA e impuesto de sociedades) y destinar este dinero a reequilibrar las tarifas. El Gobierno catalán se compromete a hacer una aportación a este fondo.

Tercero: crear un nuevo modelo de peajes en Cataluña y en España que sea homogéneo. Esto significa que el Ministerio de Fomento y el Gobierno catalán deben concretar las inversiones en las redes libres y de pago, con vistas a equilibrar el conjunto del territorio.

Cuarto: las concesionarias harán algún tipo de aportación económica para favorecer a los usuarios. No se trata de un impuesto sobre beneficios, porque algo así sólo serviría para penalizar la buena gestión de las compañías, sino de que éstas destinen la parte del dinero logrado por los incrementos de tráfico que producen las rebajas a mejoras para los conductores. Estas mejoras pueden ser rebajas generalizadas (en toda la red), localizadas (suprimir algunos peajes) o de fidelización (descuentos para usuarios frecuentes, a cargo de la empresa).

Además de estos cuatro puntos, el acuerdo alcanzado ayer incluye un calendario. En primer lugar, el grupo sobre peajes del Parlament debe reunirse de modo regular y las próximas reuniones deben celebrarse en menos de dos semanas. Felip Puig anunció posteriormente que la primera reunión se producirá el jueves de la semana que viene. Además, los acuerdos deben plasmarse en medidas concretas antes del próximo verano y, preferentemente antes del 1 de abril, cuando tiene que haber otra subida de peajes, según explicó el portavoz de la Declaración de Gelida, Jordi Carrillo. Todas estas decisiones dependen de su aceptación por el Partido Popular. Dolors Montserrat, diputada del mismo y miembro de la Declaración de Gelida, estuvo ayer en la reunión y suscribió el acuerdo, además de asumir el papel de mediadora con sus correligionarios en el Gobierno.

El acuerdo cuenta con el apoyo de PSC, IC-V, ERC, PP, Comisiones, UGT y CGT, Federación de Municipios, Declaración de Gelida, Consorcio Xarxa Viària, Organización de Consumidores y el Gobierno catalán.