Trabajo exige al Ayuntamiento de Madrid los fondos europeos que gastó en cursos inexistentes

La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que devuelva casi seis millones de euros (975 millones de pesetas) de subvenciones europeas en cursos directamente gestionados por el instituto municipal para formar parados indebidamente gastadas o justificadas. Esta cifra aumentará cuando concluya otra investigación sobre los cursos que el Imefe adjudicó a empresas privadas (81%), y que en numerosos casos, como los referidos a formación de presos, no se llegaron a celebrar.

En enero de 2001, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, del PP, rechazaba las denuncias del PSOE, a través de la concejal Isabel Vilallonga, sobre irregularidades en la gestión municipal de fondos europeos para formar parados. 'Es un tema viejo al que se acude con demagogia', sentenció entonces el regidor.

Los primeros datos, sin embargo, apuntaban a la existencia de anomalías: redes empresariales con escasa o nula plantilla docente o infraestructura y participadas por gestores supuestamente vinculados al PP, según el PSOE, copaban los primeros puestos en la adjudicación de cursos para formar parados. En total, habían cosechado más de ocho millones de euros, el 25% de todo lo facturado en ese periodo.

Después se comprobó que el 60% de los cursos a presos cobrados por algunas de estas sociedades nunca se dieron, según certificó la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El Ayuntamiento se querelló contra la empresa que falseó los datos, y el Gobierno municipal del PP tuvo que aceptar la creación de una comisión de investigación que destapó nuevos escándalos. La UE pidió cuentas, y el Gobierno municipal se apresuró a garantizar que devolvería a Bruselas las ayudas invertidas en cursos fantasma (al menos, 40 millones de pesetas). El Imefe, además, anuló 54 de los 130 cursos programados para 2001. El Tribunal de Cuentas también anunció su intención de fiscalizar el Imefe.

En octubre pasado, la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en un primer informe, cifró el gasto injustificado del Imefe en 7,2 millones de euros. De hecho, nada menos que 2,7 millones de euros correspondían a gastos declarados que carecían de factura.

La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, dependiente del Ministerio de Trabajo y responsable de responder ante Bruselas del gasto de las ayudas europeas, acaba de pedirle ahora al Ayuntamiento de Madrid que devuelva ayudas de la UE por un monto de casi seis millones de euros tras concluir su propia auditoría. Y esta cifra que debe reintegrarse a las arcas comunitarias, según anuncia dicho departamento, no incluye 'los costes correspondientes a la realización de los cursos contratados por el Imefe con terceros [academias privadas], denominados asistencias técnicas, que serán objeto del correspondiente informe'. Precisamente, lo gastado en cursos de gestión directa ha sido una parte mínima. El Imefe ha dejado en manos de empresas privadas el 81% de sus cursos y de sus costes. Si el importe de los cursos gestionados por el Ayuntamiento ha sido de 8,5 millones de euros entre 1994 y 1999, el coste de los cursos externos ha superado los 36 millones de euros. Los seis millones de euros que Trabajo exige se reparten como sigue:

Costes directos. El equipo auditor rechaza por injustificados un total de 2,4 millones de euros de los denominados costes directos, en buena parte porque carecen de factura o están indebidamente contabilizados.

Amortizaciones. No se aceptan tres millones de euros de costes de amortización porque no cumplían las normas.

Salarios. Se rechazan casi tres millones de euros de salarios de sus servicios centrales por no justificarse su labor.

Costes indirectos. Trabajo rechaza el sistema de calcular los costes por un mero sistema de atribuirles un porcentaje, lo que supone más de cuatro millones de euros. En total, las irregularidades suman unos 12,8 millones de euros, pero sólo se exigen los seis millones aportados por la UE.

La edil socialista Isabel Villalonga señaló ayer: 'Esto es la punta del iceberg, y hace falta que se conozca en su integridad el informe de Trabajo sobre el Imefe'.Inés Sabanés, portavoz de IU, también destacó la gravedad de este escándalo, y exigió llegar hasta su total esclarecimiento.