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El Gobierno de CiU sólo asume la subida del IVA de los peajes durante dos años

El peaje entre El Vendrell y Sitges tiene una subida del 10%

El pago del 9% del IVA de los peajes por el Gobierno catalán tiene plazo fijo: dos años. Un decreto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) establece que a partir del 1 de enero del año 2004 las empresas aplicarán el IVA que corresponda en aquel momento. Asimismo, aunque con una prosa rebuscada, el decreto establece que el pago a las concesionarias no se hará hasta ese mismo año y en un plazo que llegará hasta 2008. Las elecciones autonómicas tienen que ser convocadas en 2003.

El Gobierno de CiU se ha dado dos años de tregua. En este plazo no quiere una guerra de peajes o, si se produce, pretende que quienes rechazan estos pagos tengan como enemigo principal al Gobierno del PP y no al Ejecutivo catalán. De ahí que en un decreto publicado en el DOGC del pasado 31 de diciembre se establezca que asume el incremento del 9% del IVA de las autopistas. Pero sólo hasta enero de 2004. Además, la compensación a las concesionarias empezará a hacerse efectiva ese mismo año y hasta 2008.

El motivo, según un portavoz del Departamento de Política Territorial de quien depende la política de peajes, es que el consejero Felip Puig cree que en estos dos años logrará reformar el actual sistema de peajes.

La interpretación que hacen los socialistas es muy diferente: CiU tiene tan claro que no repetirá en el Gobierno que, una vez más, aplaza los pagos al Gobierno que salga de las elecciones de 2003, es decir, a un futuro Gobierno presidido por Pasqual Maragall. El aumento del 9% en el IVA (que pasa del 7% al 16%) es consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo que declara nula la rebaja propuesta en 1996 por CiU y aprobada por el PP.

El decreto dice: 'La Generalitat de Cataluña, dado el sistema temporal de tarifas bonificadas aprobado, de interés general para los usuarios, compensará en los ejercicios presupuestarios 2004 a 2008 a las sociedades y empresas concesionarias afectadas por la diferencias de ingresos por el peaje'. Previamente, el decreto establece que en el año 2004 se suprimirá la bonificación y que el objetivo es que se implanten las 'tarifas generales aplicables en el momento, de acuerdo con los términos de las respectivas concesiones'.

Este aplazamiento de pagos hasta después de las elecciones se añade al de la línea 9 del metro, cuyo abono a los constructores también se hará con posterioridad al año 2004.

El aplazamiento de los pagos no es la única sorpresa incluida en el decreto sobre peajes del pasado fin de año. La otra es el aumento del peaje de la autopista que une Sitges y El Vendrell en el 10%, una cantidad claramente por encima del 3,47% que se aplica al resto de los peajes que dependen del Gobierno catalán.

El motivo por el que esta vía aumenta en un porcentaje casi tres veces superior al resto está en las cláusulas de la concesión, hecha sin concurso y recurrida ante los tribunales ya que la oposición entendió que con ello se vulneraba la legalidad vigente. El Tribunal Superior de Cataluña anuló la concesión, pero el Ejecutivo que preside Jordi Pujol interpuso un recurso de casación cuyo fallo definitivo aún no se conoce.

El Gobierno catalán logró un peaje blando con carácter meramente temporal. A partir de este año, la empresa puede recuperar parte de la teórica rebaja (el 27%) e incrementar cada año el precio por encima del IPC hasta alcanzar ese porcentaje. Este año se aplica un incremento de casi el 6,5% que, unido al 3,47% del IPC de dos años que se aplica a todas las autopistas del Gobierno catalán, arroja una subida ligeramente superior al 10%. Hasta el 31 de diciembre este tramo costaba 1,80 euros (300 pesetas), desde el 1 de enero su precio es del 1,99 euros (331 pesetas).

Un portavoz del Departamento de Política Territorial destacó que esta subida se hallaba prevista en las cláusulas concesionales y aseguró que, pese a todo, el peaje sigue siendo blando en comparación con los costes de la empresa. La misma fuente insistió en la voluntad de Puig de alcanzar una solución global para los peajes antes de dos años.

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