Malos aires para el peso

El quinto presidente argentino en dos semanas, el peronista Eduardo Duhalde, ha decidido romper un tipo de cambio ficticio con el dólar, que se sostiene desde hace casi 11 años, lo que implica una devaluación del peso del 25,9%. Aunque analistas y empresarios reconocen que no existe otra salida, Duhalde recibe presiones de grupos económicos a favor y en contra de la medida.

En 1991, el entonces presidente, Carlos Menem, y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, frenaron las devaluaciones inflacionarias cuando establecieron la paridad fija de la moneda: un peso, un dólar. La llamada convertibilidad atrajo a inversores extranjeros que anhelaban el mercado interno más interesante de América Latina. En la primera mitad de la década de los noventa llegaron por las privatizaciones de servicios públicos. Así irrumpieron Telefónica y Endesa. Más tarde arribaron inversiones en el sector productivo, como automovilísticas, alimentarias y Repsol, y en el financiero, como el BBV y el Santander.

La convertibilidad se combinó también con la apertura económica, que fue aniquilando a grandes, medianas y pequeñas industrias que durante décadas se habían acostumbrado a no competir. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que la reducción de las barreras comerciales y la integración de Mercosur (con Brasil, Uruguay y Paraguay) debió haber sido acompañada por subvenciones para la reconversión de empresas. Pero un Estado ineficente usó el dinero de las privatizaciones para el gasto corriente y, una vez que 'se acabaron las joyas de la abuela', como dicen los argentinos, comenzó a financiarse el aumento de sus dispendios con la duplicación de la deuda pública a 132.000 millones de dólares. El jueves pasado se incumplió por primera vez desde el Plan Brady (1994) con un pago de ese pasivo, pero el Gobierno planea renegociarlo.

La historia explica la reacción de los distintos grupos económicos al fin de la convertibilidad. Duhalde declaró en el discurso inaugural de su presidencia, el martes pasado, que el modelo económico de los años noventa estaba agotado y había terminado con la paridad fija.

La industria nacional sopla a favor de los vientos de cambio. Aspira a que en el mediano y largo plazo comiencen a sustituirse importaciones por productos locales, tal como pregonaba el líder de CEPAL en los sesenta, el economista argentino Raúl Prebisch.

También sueñan con mejorar la competitividad de sus exportaciones, especialmente frente a Brasil, que ha devaluado su moneda un 48% desde 1999. Si bien admiten una fuerte caída del PIB en el primer semestre de 2002, consideran que la devaluación y su consiguiente reducción del coste argentino podrá doblegar al 20% de paro.

Defensa de la industria local

La Unión Industrial Argentina (UIA), con el apoyo de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), logró colocar a su presidente, José Ignacio de Mendiguren, como ministro de la Producción. El nuevo funcionario exige defender la industria local y frenar ciertas compras en el exterior 'innecesarias'. Las grandes superficies, los importadores, el sector más tradicional del agro, las empresas de energía, los bancos extranjeros, las industrias multinacionales y los servicios públicos temen su perfil proteccionista. Son los mismos sectores más escépticos sobre la devaluación.

Empresarios y economistas de todas las corrientes de pensamiento coinciden en sus dudas, inquietudes y preocupación por el efecto inmediato de la depreciación del peso. Al igual que el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, temen nuevas protestas populares ante el incipiente aumento de productos importados (como electrodomésticos o electrónicos) y su posible contagio a otros artículos de consumo masivo y el desabastecimiento de las farmacias. También anida el problema de los créditos y las tarifas de servicios públicos en dólares, que serán renegociados por el Gobierno.

El nuevo Ejecutivo pesificará los préstamos de hasta 100.000 dólares. Esta medida salva al 92% de los deudores, personas y pymes, que deben el 25% de la cartera crediticia en la divisa estadounidense. El Estado compensará la pérdida que los bancos sufran por esa pesificiación mientras el peso se devalúe el 30%. Los grandes grupos nacionales claman por un rescate para ellos. SCH y BBVA corren el riesgo de perder en Argentina unos 1.000 millones de euros, según análisis de un banco de inversiones norteamericano.

Las empresas privatizadas, incluidas las españolas, presionan por todos los medios para evitar pérdidas. Pero reconocen que algo deberán ceder. 'Debemos aceptar que vamos a ganar menos', dice el director de una empresa española en Argentina.

Otros sectores angustiados son los principales exportadores de la tercera economía latinoamericana: el campo y la energía. El titular de la tradicional Sociedad Rural Argentina (SRA), Enrique Crotto, advierte de que en la historia siempre las devaluaciones vinieron acompañadas por impuestos a las exportaciones agrícolas. Al depreciarse la moneda, el Estado suele echar mano del sector que más vende en el extranjero para compensar su escasez de divisas. Sin embargo, esta vez el Gobierno estudia la posibilidad de gravar sólo a las exportaciones de petróleo, gas y electricidad, lo que afectaría a Repsol y Endesa. Además, la petrolera sufriría la imposición de topes máximos a los precios de los combustibles.

El presidente de CRA, Manuel Cabanellas, confía en que el campo quedará eximido de los impuestos a la exportación, pues muchos agricultores y ganaderos padecen las inundaciones de sus fincas, acumulan una deuda de 9.000 millones de dólares y 14 millones de hectáreas están hipotecadas. Espera que la devaluación mejore la competitividad, pero alerta: 'Salir de la convertibilidad implica un país nuevo: con equilibrio fiscal, sin despilfarro ni corrupción. Si no, volveremos a los largos años de emisión alocada de moneda e inflación'.