Cacerolas listas para exigir la renuncia del Supremo

La indignación de los ciudadanos sacude al Palacio de los Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de Buenos Aires, en espera de que caigan de la cima del poder judicial varios de los nueve supremos jueces del máximo tribunal del país.

El Gobierno pretende reducir de nueve a cinco el número de miembros. Los cacerolazos que empujaron al abismo político a dos presidentes de Argentina en las últimas dos semanas también iban contra ellos. Jorge Vanossi, un abogado constitucionalista y militante del Partido Radical de reconocido prestigio, es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno peronista y su primer acto oficial fue visitar la Corte Suprema de Justicia. Al salir, Vanossi declaró: 'Es la habitual reunión que se realiza cuando asume un nuevo Gobierno. De ninguna manera se tocó el tema de la remoción de ninguno de los integrantes. No vine a hacer ninguna tarea sucia, ni a presionar al tribunal'.

Los jueces consultados aseguran que no van a renunciar y que se enfrentarán a los juicios políticos que anuncian ya los diputados. Los empleados judiciales y los colegios de abogados promueven nuevos cacerolazos contra ellos. La Constitución argentina garantiza a los jueces empleo de por vida, a no ser que se jubilen antes, se mueran o renuncien. Sólo pueden ser destituidos de sus cargos por medio de un juicio político.

Un tribunal manipulado

La manipulación de la Corte Suprema ha sido un clásico de la vida política argentina. El Gobierno del dimitido Fernando de la Rúa fue el único que respetó la composición anterior, desde el comienzo de su mandato hasta su dimisión el pasado 21 de diciembre. Su antecesor en el cargo, el peronista Carlos Menem, llevó de tres a seis la cantidad de miembros en cuanto asumió el cargo. Luego, tras firmar con la oposición el llamado Pacto de Olivos, que permitió la reforma constitucional y su reelección, aumentó de seis a nueve el número de jueces.

Las designaciones recayeron entonces en amigos, partidarios y socios, como el actual presidente de la Corte, Julio Nazareno, que compartía el despacho con los Menem en la provincia de La Rioja. Desde ese momento y hasta el fin de la década menemista, el Gobierno dispuso de lo que se llamó 'mayoría automática' favorable en las sentencias que llegaban hasta el máximo tribunal.

El ministro Vanossi, un severo crítico del menemismo, de los escandalosos fallos de la Corte y de los líderes radicales que aprobaron la firma del Pacto de Olivos, considera, sin embargo, ahora que el Ejecutivo no debe exigir renuncias. Sostiene Vanossi: 'Los argentinos debemos acostumbrarnos a respetar la ley y las instituciones'.