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Las autopistas dependientes del Gobierno central suben el 13% y el resto, el 3,47%

Los socialistas convocan movilizaciones populares contra la subida de los peajes

Las autopistas son más caras desde ayer, aunque en porcentaje distinto. La A-7, que va desde Francia hasta Murcia, y la A-2, que sale hacia Zaragoza desde El Vendrell, suben el 13% (9% de IVA y 3,81% de IPC de los dos últimos años). Ambas dependen del Gobierno central. En el resto, cuyas concesiones dependen del Gobierno catalán, el aumento es del 3,47%, ya que el 9% correspondiente al IVA lo asume el Ejecutivo con cargo a sus presupuestos.

Cataluña tiene 675 kilómetros de autopistas de peaje. 209 de ellos dependen del Gobierno catalán y aplican desde ayer una subida del 3,47%. Los otros 466 kilómetros son concesión del Gobierno central y han aumentado el 13%. De hecho suben todas, pero el Ejecutivo que preside José María Aznar sostiene que el peaje debe pagarlo sólo el usuario y no todos los contribuyentes, y ha actuado en consecuencia. El Gobierno de Jordi Pujol afirma en público lo mismo, pero ha decidido que el 9% de aumento del IVA, obligatorio por sentencia del Tribunal Europeo, lo paguen todos los ciudadanos, incluidos los que no tienen coche.

El resto de la subida corresponde al 95% del IPC de los dos últimos años, en los que no se aplicó la subida reglamentaria. La diferencia ente el 3,81% del Gobierno central y el 3,47% del Ejecutivo catalán se debe a que el primero aplica el porcentaje desde el 1 de enero de 2000 y el segundo empieza a contar a partir del día 1 de abril.

El Gobierno de Jordi Pujol, a través del entonces consejero de Política Territorial y hoy conseller en cap, Artur Mas, lanzó la propuesta de reducir el IVA de los peajes del 16% al 7% hace seis años. En 1996 pactó con el PP la aplicación de esta rebaja a cambio de votar a Aznar como presidente en un momento en el que el PP carecía de mayoría absoluta. El pasado año, los jueces sentenciaron que la rebaja era improcedente y el PP repuso el 16%, que se aplica desde ayer. El Gobierno catalán, en cambio, no ha querido asumir la impopularidad que supondría el aumento y ha decidido pagar del bolsillo común el 9% del IVA.

Antes, trató en vano de que el Ejecutivo central asumiera la diferencia o pactara con las concesionarias una solución global. La última reunión, el pasado 28 de diciembre, entre el actual consejero de Política Territorial, Felip Puig, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, fue 'muy mal' para las propuestas catalanas, según altos cargos del departamento.

Los aumentos de los peajes van acompañados de algunas medidas complementarias que afectarán a las costumbres del usuario. Así, han desaparecido ya las cestillas que posibilitaban el pago con monedas en las zonas automáticas. Para pagar en efectivo, con monedas o billetes, habrá que pasar ahora por las barreras manuales, mucho más lentas que las automáticas. Éstas quedan reservadas a las tarjetas y a los vehículos dotados de Teletac.

La decisión del Gobierno central ha provocado respuestas airadas de la oposición política.

El diputado socialista Manel Nadal calificó ayer la decisión del Gobierno del PP como 'una bofetada al Gobierno de Jordi Pujol y una provocación a Cataluña'. Nadal anunció la convocatoria de 'movilizaciones populares y políticas' contra la subida y reclamó al Ejecutivo catalán que se ponga al frente de las protestas. Felip Puig expresó anteayer su incomodidad ante la decisión del Gobierno central.

La actitud del Departamento de Política Territorial en materia de peajes ha sido siempre contraria a dar cancha a los movimientos antipeaje. El grupo creado por el Parlament para estudiar el reequilibrio de los peajes no se ha reunido desde el pasado 16 de julio. La iniciativa de convocarlo corresponde al delegado del Gobierno catalán en las concesionarias, Josep Antoni Grau, confirmado en el cargo tras la toma de posesión de Puig como consejero de Política Territorial.

Manel Nadal dio ayer su apoyo a la decisión del Gobierno catalán de asumir el 9% del IVA, pero añadió que, en su opinión, las concesionarias deberían rascarse el bolsillo y destinar parte de sus cuantiosos beneficios a reducir el peaje sin que todo recaiga en los contribuyentes.

La Declaración de Gelida, que agrupa a más de un centenar de municipios y entidades que reclaman la reforma del sistema de peajes, ha convocado una reunión de su ejecutiva para esta misma semana. La sesión tiene que servir para analizar las medidas que se van a tomar para promover protestas contra la subida.

El gerente de la Declaración de Gelida, Jordi Carrillo, explicó ayer que, en su opinión, los dos últimos años han sido muy malos para los peajes. 'Tras un par de años con algunas rebajas, los dos últimos han sido un desastre y se rematan con una subida monumental'.

Enormes beneficios

Carrillo recordó ayer que la gratuidad de algunos tramos, como la B-30 o las circunvalaciones de Tarragona y Girona han supuesto inmensos ingresos para la concesionaria. Cuando estos tramos pasaron a ser gratuitos aumentaron los usuarios, y el Gobierno central paga a la empresa por el número real de vehículos que pasan, sin tener en cuenta el incremento producto de la gratuidad. El resultado es que los ingresos de ACESA en las zonas gratuitas aumentaron en más de 4.000 millones de pesetas por año.

'Es inconcebible que la gratuidad sólo suponga beneficios para ACESA y ni uno para los contribuyentes', dijo Carrillo.

El diputado de ERC Jaume Oliveras calificó la subida de los peajes como 'un nuevo acto de pillaje del Gobierno sobre los ciudadanos de Cataluña'. Oliveras exigió a CiU que 'elabore de manera urgente un plan de rescate de los peajes. Hay que tener en cuenta que las concesionarias han sobrepasado de largo los beneficios previstos por las prolongaciones de las concesiones', añadió. Oliveras reclamó al Gobierno de CiU que 'se ponga del lado de los ciudadanos y no al servicio de las concesionarias'.

El Gobierno catalán había preparado diversos planes que le permitirían rebajar los peajes en lugar de incrementarlos y suprimir algunos como el de Mollet (Vallès Oriental) o Rubí (Vallès Occidental). Pero todas las posibilidades pasaban por un gesto del Gobierno central que no se ha producido. Un destacado dirigente del PP explicó que el Ejecutivo de Aznar se sintió muy molesto cuando suprimió el peaje de la B-30 y el entonces consejero de Política Territorial, Pere Macias, 'que no pintaba nada en la rebaja', acudió a hacerse una foto 'como si fuera cosa suya'. 'Es una situación muy incómoda. Hagamos lo que hagamos, el Gobierno de CiU intenta apuntarse el tanto, así que hemos decidido que si no cambian las cosas más vale ponerse una vez colorados que ciento amarillo', añadió.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de enero de 2002