La presencia en la UE enfrenta a siete autonomías con el Gobierno

La decisión del Gobierno de enterrar cualquier forma de representación de las autonomías en los Consejos de Ministros de la Unión Europea ha indignado a siete comunidades gobernadas por partidos de distinto signo: PP gallego, PNV, CiU, PSOE y Coalición Canaria. Se trata de Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Canarias. El malestar es tal que algunas se plantean su continuidad en los trabajos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE).

El Gobierno echó el pasado 13 de diciembre la primera paletada de tierra sobre la participación de las comunidades autónomas en la UE. Y en los dos días siguientes, en la cumbre de Laeken, el Ejecutivo español quiso acabar el entierro. Fue el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, quien introdujo rebajas antifederalistas en la declaración final de la cumbre celebrada en Bélgica. Así, un documento que resultaba esperanzador para la presencia de las regiones en las instituciones europeas se vio matizado por un 'allí donde sus constituciones lo prevean'.

Todo ello ponía el broche final a una semana políticamente tormentosa, en la que las comunidades autónomas se habían puesto de acuerdo en un documento de mínimos en el seno de la CARCE el pasado día 13. Sin embargo, las regiones gobernadas por el PP -excepto Galicia- se desmarcaron de un texto consensuado previamente. ¿Por qué? Porque el Gobierno se negó a dar su apoyo a una tímida declaración que, entre otras cosas, pedía que en el debate sobre el futuro de Europa que abría la cumbre de Laeken 'participen las comunidades autónomas. Asimismo, solicitan [los firmantes] un diálogo entre el Gobierno español y las comunidades autónomas para conformar la posición del Estado español en el marco de las negociaciones del nuevo tratado'.

El texto también hacía votos por 'el impulso que deberá concluir en una participación y representación directa y activa de las comunidades en el sistema institucional de la Unión Europea'. Ninguna mención a cualquier organismo concreto. La declaración, a pesar de su deliberada tibieza, no prosperó.

Desde entonces, la indignación se ha apoderado de las distintas autonomías, que ven cómo el Gobierno hace planear la sombra de la deslealtad sobre sus cabezas. Galicia ha acogido con resignación el revés después de que el propio presidente, Manuel Fraga, reclamara en su discurso de investidura, hace unas semanas, mayor presencia regional en la Unión Europea. Un alto cargo de la Xunta expresa en privado su malestar por la actitud del Gobierno central, 'que parece querer dejar sin papel a las autonomías en Europa'. En la reunión de la CARCE, la delegación gallega guardó un disciplinado silencio, aunque tuvo el corazón al lado de las comunidades socialistas, además de Cataluña, País Vasco y Canarias. Estas autonomías con diferente intensidad defienden la necesidad de que las regiones cuenten con presencia en Europa.

.Todas ellas comparten la idea de que el proceso de regionalización en la Unión Europea es imparable. Pero están convencidas, como afirma Carles Gasòliba, eurodiputado de CiU, que las cosas dificilmente cambiarán hasta que el PP pierda la mayoría absoluta. Es el propio Gasòliba quien recuerda que en 1998, con un PP en pleno viaje hacia el centro que precisaba los votos de CiU y coqueteaba con el PNV, se acordó la creación de dos comisiones bilaterales entre el Gobierno central y los Ejecutivos catalán y vasco sobre la cuestión europea. Luego todo cambió. 'Las elecciones de 2000 acabaron con el giro autonomista,', agrega Gasòliba, y ahora tanto socialistas como nacionalistas catalanes hablan abiertamente de involución autonómica. En una reciente entrevista, el presidente catalán, Jordi Pujol, coincidó con su homólogo extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en ese diágnostico.

Algunas comunidades, como Cataluña, están tan defraudadas con la política del Gobierno central que se plantean si tiene o no sentido su presencia en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. 'Es que el Ejecutivo central confunde el Estado con el aparato del Estado central', afirma Joaquim Llimona, representante del Gobierno catalán en la CARCE y director general de Relaciones Internacionales

Con todo, el veto del Gobierno ha soprendido puesto que ha estado precedido por las palabras de Aznar con motivo del 23º aniversario de la Constitución: 'Cuando se va al exterior es el Gobierno español el que va, y eso lo dice la Constitución', subrayó.