El marjal de Tavernes de la Valldigna desaparece soterrado por escombros

Era previsible. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que absuelve al propietario de una finca de unas 42 hectáreas en el marjal de Tavernes de la Valldigna y al gerente de la empresa Mármoles Compac, con sede en Gandia, de un presunto delito ecológico por verter escombros en el humedal, ha dado pie a nuevos aterramientos en la zona. Las montañas de mármoles son de nuevo visibles estos días desde la carretera nacional Valencia-Alicante y la autopista A-7, a su paso por el término de Tavernes, y las máquinas trabajan con total impunidad.

La zona afectada es la finca Campana, ubicada en la partida de El Terme, también conocida como Ràfol. Una pala vertía el viernes restos blanquecinos de mármol en un canal de agua artificial ubicado en la finca, junto a la vía ferroviaria, y montones de turba (tierra fértil) extraída del fondo de la balsa, esperaba en las inmediaciones para cubrir la zona aterrada que será transformada en terreno para el cultivo agrícola.

Para el abogado de Ecologistes en Acció, José Luis Ramos, la constatación de estos nuevos vertidos 'es una muestra de la desidia de la Administración ante los atentados a los enclaves protegidos'. El abogado recuerda que es competencia del Ayuntamiento, responsable de dar licencias para la realización de vertidos en su término municipal, y de la Consejería de Medio Ambiente, que debería velar por la preservación de los entornos naturales protegidos de la Comunidad, 'controlar' este tipo de agresiones contra el medio ambiente. Los nuevos aterramientos, añade la agrupación ecologista, están 'avalados' de alguna forma por la reciente sentencia de la Audiencia de Valencia, que considera que los primeros vertidos que se denunciaron en esta zona, en agosto de 1998, 'no eran constitutivos de delito'. El tribunal argumenta a favor del propietario del terreno que la finca aterrada era originariamente de 'secano'. El tribunal pasó por alto los informes de técnicos y peritos de la Consejería de Medio Ambiente que demostraban que la zona afectada forma parte del humedal de La Safor. El dueño de la finca, con esta sentencia, 'se siente respaldado para continuar los aterramientos', lamenta el grupo conservacionista.

'Aunque no se haya admitido la comisión de un delito, el incumplimiento de la legalidad y el daño medioambiental es evidente', añade Ramos, para quien 'debe ser la Administración quien garantice la preservación de estos espacios naturales'. Ecologistes en Acció ya ha solicitado al Ayuntamiento de Tavernes que inicie la apertura de un expediente sancionador contra el propietario de la finca por los nuevos vertidos, paralice los aterramientos y le obligue a restituir la zona. De no aceptar su demanda, recurrirán al contencioso-administrativo.

Por su parte, el alcalde de Tavernes de la Valldigna, Eugenio Pérez, del PP, asegura que el Consistorio 'no ha emitido ninguna licencia' que permita vertidos de escombros en la zona. Ahora bien, en su opinión, la actividad que se está desarrollando en la parcela 'no contraviene' el planeamiento urbanístico local, a pesar de que la partida de El Ràfol se encuentra catalogada en las normas subsidiarias locales como 'suelo no urbanizable de especial protección, zona húmeda'. Para el primer edil, esta catalogación implica la 'prohibición' de urbanizar en la zona, 'pero no la actividad agrícola' que según Pérez se busca consolidar en la finca.

El humedal de Tavernes forma parte, junto a los de Xeraco, Xeresa y Gandia, del marjal de La Safor, incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Este documento se encuentra pendiente de publicación. Muchos ayuntamientos se acogen precisamente al carácter de 'provisionalidad' del catálogo para justificar su actitud permisiva en este tipo de aterramientos. Ahora bien, el documento recoge también una serie de medidas cautelares, de obligado cumplimiento, que prohíben cualquier transformación o vertido en los humedales catalogados hasta su aprobación definitiva. La responsabilidad de velar por la protección de estos enclaves es de la Generalitat y, subsidiariamente, de los consistorios.