El Gobierno de CiU quiere regular la oferta tecnológica en los nuevos edificios

El Gobierno catalán no se resigna a carecer de competencias en materia de telecomunicaciones. La Generalitat quiere ser la que ordene cómo deberán ser las infraestructuras de telecomunicaciones con las que deberán contar los nuevos edificios que se construyan y los que sean rehabilitados. De estas infraestructuras, cuyo diseño se está definiendo en un decreto sobre telefonía fija que prepara el Departamento de Presidencia, dependerá la oferta tecnológica en los nuevos hogares de Cataluña.

La vía que ha encontrado el Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU) para solventar su falta de competencias en la materia, en manos del Gobierno central, se basa en la vertiginosa evolución de las nuevas tecnologías, y, en particular, en el potencial de la red telefónica fija para permitir aplicaciones audiovisuales en un futuro próximo.

Cada vez que la Administración catalana ha metido baza en la normativa sobre telecomunicaciones, la respuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido un recurso contencioso-administrativo. El enfrentamiento con el Gobierno presidido por José María Aznar se ha producido en tres ocasiones y hacen referencia a los tres decretos aprobados por la Generalitat en 1999 sobre el cable, las antenas colectivas y la canalización de la red de fibra óptica en los edificios.

Puesto que el recurso del Ejecutivo central no ha invalidado la aplicación de los decretos del Gobierno autónomo, éste no desiste. 'Creemos que las telecomunicaciones son algo demasiado importante como para tener algo que decir al respecto', señala un alto cargo del Gobierno de Convergència i Unió.

Red telefónica convencional

La herramienta mediante la que el Ejecutivo que preside Jordi Pujol se las quiere ingeniar esta vez para tener algo que decir en materia de telecomunicaciones es el desarrollo espectacular de las nuevas tecnologías. Y, en concreto, la ampliación de la capacidad de la red telefónica convencional por la que Telefónica está apostando en estos momentos.

La compañía presidida por César Alierta da servicios de acceso a Internet a gran velocidad reutilizando su red telefónica convencional, y particularmente los pares de cobre que llegan a todos los hogares. La compañía en cuestión ha ampliado la capacidad de esta red tradicional para la transmisión rápida de información mediante la llamada tecnología ADSL, que cuenta con un tope de velocidad de 2 megabits por segundo.

Pero Telefónica admite que ya está haciendo pruebas para, en un futuro próximo, multiplicar esta capacidad al menos por 10, aunque, por otra parte, expertos en telecomunicaciones consultados limitan esta ampliación a 8 megabits por segundo.

Esta ampliación del ancho de banda permitiría también la transmisión de contenidos audiovisuales que llegaran a los hogares mediante la red telefónica. 'Si la telefonía fija evoluciona de modo que permita un mayor ancho de banda como para ofrecer aplicaciones audiovisuales, la Generalitat ya tiene algo que decir, puesto que cuenta con competencias en materia audiovisual', señalan fuentes del Gobierno catalán.

Pese a que Telefónica no ha precisado cuándo estará en condiciones de comercializar en el mercado estas nuevas líneas con mayor capacidad (en el jeroglífico en el que se ha convertido la jerga del sector, se habla de tecnología VDSL), el Gobierno de Convergència i Unió estima que a lo largo del año 2002 tendrá a punto su nuevo decreto.

Esta normativa que el Gobierno de CiU prepara sobre telecomunicaciones en nuevos edificios persigue, sobre todo, que promotores inmobiliarios, instaladores, comunidades de vecinos y operadores de telecomunicaciones tengan un interlocutor único cuando se trate de abordar cómo equipar los edificios de nueva construcción o las grandes rehabilitaciones con infraestructuras de telecomunicaciones.

Hasta ahora, para plantear problemas relacionados con antenas colectivas y de cable, la referencia era la Generalitat. Pero para hablar de telefonía fija, el interlocutor es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El decreto regulará tanto las características de las infraestructuras capaces de dar servicios audiovisuales como las cuestiones relacionadas con los trámites burocráticos y con las inspecciones posteriores que deban realizarse sobre estos nuevos sistemas de telecomunicaciones. 'Si la Constitución se redactara ahora, las telecomunicaciones no serían competencia del Estado. La convergencia tecnológica juega en contra de esta tendencia', resumen fuentes de la Generalitat.